Chile debe enfrentar el pasado criminal de Colonia Dignidad

Han transcurrido 7 años desde el mediático estreno de la película Colonia (2016), del director alemán Florian Gallenberger. La película, que contó con la actriz Emma Watson para uno de los roles protagónicos, mostraba los abusos cometidos al interior de la secta y la colaboración de la embajada de la Alemania Federal en Chile con los jerarcas de Colonia Dignidad encabezados por Paul Schäffer.

Si bien lo representado en el film recoge la información que durante años se ha hecho pública gracias al trabajo de la prensa opositora a la dictadura, y de los testimonios de las y los ex prisioneros políticos que pasaron por Colonia Dignidad, su estreno generó una serie de inusitadas reacciones y declaraciones de representantes del Estado alemán, inéditas hasta ese momento, a pesar de que la película La Colonia, de Orlando Lübbert, más cruda en mostrar las redes de colaboración que existían en la propia Alemania Federal, se había estrenado por televisión en ese país en 1985.

En abril de 2016 el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, admitió que la diplomacia alemana no había hecho lo suficiente para ayudar a las víctimas, comprometiendo la desclasificación anticipada de archivos sobre Colonia Dignidad.

Luego, en julio de 2016, durante su visita a Chile, el Presidente de Alemania, Joachim Gauck, expresó que hubo inacción de parte del Estado alemán, pero no corresponsabilidad. En noviembre del mismo año, una comitiva de parlamentarios/as alemanes visitó Chile, viajó a la Colonia Dignidad y se reunió con ex colonos, agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos de la región y con la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad.

Finalmente, en junio de 2017 un grupo de diputados alemanes presentaron una Moción parlamentaria que solicitaba al Estado alemán un trabajo colaborativo con el Estado chileno para el esclarecimiento exhaustivo de los hechos acaecidos en la ex Colonia Dignidad y de los crímenes cometidos por su cúpula de mando. En dicha moción demandaron una serie de medidas entre las que destacan: promover las investigaciones penales en Alemania y en Chile; el esclarecimiento de los crímenes y la reconstrucción de la memoria histórica en relación a la Colonia; la creación de una comisión conjunta de expertos que recabe el estado de situación y elabore propuestas para la implementación de medidas concretas; que el proceso de esclarecimiento de los crímenes y la construcción de la memoria histórica involucre a agrupaciones de víctimas chilenas y a (ex) habitantes del lugar; la instalación conjunta de un sitio de educativo y de memoria.

Adicionalmente, la moción señaló que hasta el 30 de junio de 2018 se presentara para la deliberación del Parlamento alemán un concepto de prestaciones de ayuda y criterios sobre beneficiarios, dirigido a brindar asistencia psicosocial a todos los ex habitantes de la Colonia que fueron víctimas de la secta y que cumplan con los criterios, a la vez que proporcionar apoyo para aclarar su situación legal, social y económica.

Tras estas iniciativas, el 12 de julio de 2017 se suscribió un “Memorandum de Entendimiento entre el gobierno de Chile y el gobierno de Alemania sobre la creación de una Comisión Mixta Chileno-Alemana para abordar la memoria histórica de ‘Colonia Dignidad’ y la integración de las víctimas en la sociedad”. En sintonía con la moción parlamentaria, se determinó que la Comisión se dedicaría al establecimiento de un centro de documentación sobre la historia de la Colonia Dignidad; la creación de un lugar de memoria para las víctimas de violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura en colaboración con la Colonia; la cooperación para comprobar, preservar y evaluar rastros y documentos sobre los crímenes; y apoyo a los procesos de preservación de memoria histórica y diagnóstico de los activos, sociedades y empresas surgidas de Villa Baviera/Colonia Dignidad.

Aunque el Estado chileno generó una mesa de trabajo entre representantes del Estado, universidades y representantes de organizaciones de la sociedad civil, el cambio de gobierno en 2018 puso fin a esas reuniones paulatinamente.

Debido a que la parte alemana de la Comisión Mixta solicitó que las actas de sus sesiones permanecieran en secreto a la opinión pública, incluidas las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, es muy poco lo que se sabe de los avances de dicha instancia en cada uno de los temas de trabajo acordados.

Recién en noviembre de 2022 las partes emitieron una declaración conjunta a propósito de la X sesión de la Comisión, en la cual señalan que “las partes reflexionaron sobre la labor que ha desarrollado la Comisión Mixta hasta la fecha y coincidieron en que resulta fundamental generar canales transparentes e inclusivos de participación de las víctimas y de la sociedad civil en las distintas materias que aborda este mecanismo. (…) Para concretar el principio de transparencia y participación que caracterizará el trabajo hacia el futuro, la Comisión Mixta ha acordado publicar próximamente un informe que da cuenta del trabajo realizado hasta la sesión anterior y publicar el acta de la presente sesión, así como también de las siguientes reuniones”.

En efecto, el citado informe fue publicado, señalando en no más de 4 páginas, gestiones en los temas tratados, que sólo incluyen: cooperación en la investigación judicial; instalación de un memorial y centro de documentación, respecto de lo cual se dice se ha tomado en consideración las opiniones de las víctimas, familiares y actuales residentes en la Colonia, aunque se desconoce el concepto de dicho espacio; asistencia a víctimas, que para la Comisión resultan ser las personas de nacionalidad alemana ya sea que residan al interior o fuera de la Colonia; y el desarrollo de un archivo testimonial por parte de la Universidad Libre de Berlín.

Nada se menciona sobre el diagnóstico de los activos, sociedades y empresas, así como de la preservación y evaluación de rastros y documentos sobre los crímenes cometidos en el lugar.

Para quienes hemos luchado durante años por verdad, justicia, reparación y memoria para las violaciones a los derechos humanos cometidas por Colonia Dignidad en colaboración con la dictadura civil militar chilena, este secretismo con el cual se ha actuado en el marco de la Comisión Mixta es preocupante, pero lamentablemente no es nuevo.

Tampoco sorprende la conducción que ha asumido el Estado alemán, que resulta inaudita e improcedente en el contexto de la experiencia y los procesos de justicia transicional y memorialización del Cono Sur latinoamericano. Basta recordar que jerarcas condenados por la justicia chilena, gozan de la protección de Alemania, como ocurre desde 2011 con Harmut Hopp o que tras la fuga de Paul Schäffer en 1997 ambos Estados colaboraron para abordar el caso, con dudosos o nulos resultados en cuanto a intervenir decididamente la estructura y situación del enclave alemán.

En esa ocasión Alemania, tal como pretende hacerlo ahora a través de la Comisión Mixta, envió “asistencia técnica” a la Colonia por medio de su agencia de cooperación procurando que sus habitantes permanecieran en el lugar, y manteniendo la jerarquía de control interno.

Hoy nuevamente nos vemos enfrentados a una alianza con el Estado alemán que ha demostrado estar muy lejos de garantizar verdad, justicia, reparación y memoria para los crímenes cometidos en Colonia Dignidad. Por ello, con independencia del curso que adquiera la Comisión Mixta, la cual debido a su manejo y condiciones de desarrollo difícilmente tendrá legitimidad frente a las organizaciones de víctimas en Chile, es el Estado chileno el que principalmente está llamado a responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el enclave alemán.

El rumbo del trabajo en torno al caso de la Colonia Dignidad en Chile no puede estar supeditado a los intereses del Estado alemán, sino por las obligaciones que el Estado chileno ha asumido en virtud de las normas internacionales de derechos humanos que voluntaria y libremente ha suscrito y ratificado, y por la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil.

La imposición de una gestión de la memoria conducida desde Alemania junto con la celeridad para dar por cerrado un capítulo de su historia, donde una de las tramas más complejas posiblemente esté en suelo alemán, es inaceptable.

La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado es el momento para que el Estado de Chile salde sus deudas y avance de forma autónoma en la consecución de verdad, justicia, memoria y reparación por los crímenes de la dictadura en Colonia Dignidad.