¿Polarización o sinceramiento de las posiciones políticas?

La elección mayoritaria de integrantes del Partido Republicano (PR) para el Consejo Constitucional generó una nueva paradoja en el proceso constituyente.

Quienes se manifestaban contrarios a reemplazar la actual Constitución deberán redactar ahora una Constitución nueva. Los Republicanos no han realizado propuestas concretas para un nuevo texto constitucional. Su discurso es de impugnación al gobierno y al resto de los actores políticos. Les parece muy malo el gobierno de Gabriel Boric, pero tampoco les gustó el gobierno de Sebastián Piñera. Reivindican por completo el orden que dejó la dictadura. En temas institucionales la Constitución del 80 les parece una muy buena alternativa. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Redactar una Constitución igual a la del 80? ¿Intentar volver a la versión original de ese mismo texto? ¿Oponerse a cualquier propuesta que realicen los demás consejeros para evitar que se generen cambios en la institucionalidad?

Hay quienes hablan de polarización política en Chile. El desfondamiento del centro político, la eventual desaparición de la Democracia Cristiana, el PPD y el Partido Radical como fuerzas políticas con significación electoral, además de la enorme reducción en la votación del Partido de la Gente -el partido populista anti-política que aspiraba a ocupar un lugar equidistante de derecha e izquierda- habría dejado sólo dos proyectos políticos con fuerza electoral: la extrema derecha, representada por los Republicanos, y la extrema izquierda, representada por Apruebo Dignidad (AD) -esto es, por el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC)- en alianza con el Partido Socialista.

Creo que la interpretación es correcta en lo que respecta a la división en dos grandes bloques. Pero ni el PR está mucho más a la derecha que el resto de sus compañeros de ruta, ni AD es una expresión política “extrema” que se aleje de la tradición democrática del socialismo chileno.

Respecto a lo primero: el discurso del PR no hace más que mantener lo que todos los partidos de derecha sostuvieron en el plebiscito de entrada al proceso constituyente. Es decir, que no son partidarios de sustituir la Constitución del 80, que el Estado subsidiario les parece un buen diseño institucional y que no quieren modificar aspectos significativos de nuestras instituciones. Tampoco el resto de los partidos de derecha se manifestó a favor del proceso constituyente en el plebiscito de entrada. Tal cual apoyaron la continuación del gobierno de Pinochet en el plebiscito de 1988.

En materia constitucional, el PR no es más radical que sus colegas de Chile Vamos, pero sí bastante más sincero. Recordemos que todos los representantes de derecha en la Convención Constitucional se dedicaron a proponer el articulado de la Constitución del 80 como alternativa al texto que se estaba escribiendo. No fueron creativos ni innovadores en ese aspecto. La interpretación que hacen en Chile Vamos del Estado social y democrático de derecho -del que hoy dicen ser partidarios- es muy similar al Estado subsidiario, pero con otro nombre.

En relación a lo segundo: las ideas de AD se fraguaron en la crítica al sistema político instalado por la Constitución del 80 y al carácter neoliberal de las políticas públicas implementadas en las últimas décadas (los “30 años”).

Tanto el FA como el PC estuvieron siempre por institucionalizar la implementación de su proyecto, buscando generar transformaciones dentro del sistema de representación política. Fue el FA quien ofreció una salida a las protestas del 2019 proponiendo la incorporación de todos los actores políticos -intra y extra sistémicos- en una Asamblea Constituyente que permitiera construir una nueva Constitución a partir de una hoja en blanco. Y lo logró. Los movimientos sociopolíticos que no tenían representación parlamentaria se integraron a la Convención Constitucional. Y esa mayoría se expresó luego en el triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial.

Claudio Fuentes, analista político, ha entregado cifras sobre el comportamiento electoral del país en las últimas elecciones. El porcentaje de votos que aprobó ese cambio (78,28%) corresponde sólo al 39,7% del universo de electores habilitados para sufragar.

Por otra parte, el 57% del electorado que votó por la derecha en la elección del Consejo Constitucional, corresponde sólo al 37% del electorado total. Los datos muestran que nunca ha existido una mayoría ciudadana que se haya manifestado partidaria ni de sustituir ni de mantener la Constitución vigente. Como bien señala Fuentes, el país sigue dividido entre izquierda y derecha y las identidades de los votantes de ambos sectores se mantienen en alrededor de un tercio. Pero desde el plebiscito de salida existe un cambio sustantivo en la masa electoral a raíz del voto obligatorio. Y hay un tercio de electores que parece decidir su voto por razones ajenas a los proyectos políticos que se le ofrecen.

Sin embargo, con las últimas elecciones se produjo un cambio en el liderazgo de las fuerzas políticas de derecha e izquierda. El auge del PR en la derecha y de AD -en especial del FA- y el Partido Socialista en la izquierda, sinceran las posiciones políticas de ambos sectores. La pugna entre derecha e izquierda comienza a dibujarse con claridad en diferentes niveles: en el diseño constitucional, en la formulación de las políticas públicas, en la comprensión de las relaciones entre el Estado y el mercado y en la interpretación de la cultura (en especial del vínculo entre sociedad y comunidad).

La derecha no tiene un proyecto político para el país distinto al que ya se ha implementado. Políticamente los Republicanos no son otra cosa que la última trinchera en la defensa del modelo político y económico diseñado por la dictadura para la democracia que la sucedió. Es por eso que después de ganar las elecciones al Consejo, probablemente intentarán constitucionalizar las políticas neoliberales que la izquierda brega por cambiar: en salud (isapres), previsión (AFP), trabajo, educación, etc.

Tampoco la izquierda ha planteado con claridad un proyecto de reemplazo para el diseño neoliberal de nuestras políticas públicas.

La construcción de un nuevo modelo de desarrollo es fundamental en esta tarea. Y si bien el gobierno de Gabriel Boric ha mostrado un camino a través del diseño de una nueva política para el litio, centrada en la cooperación entre el Estado y los capitales privados, con control estatal y participación de la sociedad civil en la investigación de alternativas de agregación de valor, no es suficiente.

Queda pendiente la invitación del Estado a los trabajadores del país para que participen en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. Está claro que ellos no quieren que sus ahorros previsionales, que han movilizado la economía en las últimas décadas, sigan siendo administrados por los grandes capitales privados en su propio beneficio (“No+AFP”). Pero tampoco quieren que sean estatizados y transformados en un insumo del que el poder político pueda disponer a su antojo (“Con mi plata no”).

¿Podría ser la alianza entre el Estado y los trabajadores organizados cooperativamente la alternativa que rompa el empate y termine con el péndulo electoral al que últimamente nos hemos acostumbrado?