Jaime Campos, el ministro que desobedeció a la Presidenta

El cierre de Punta Peuco no es una cuestión antojadiza.

Los militares y civiles que están cumpliendo condena en una cárcel privilegiada cometieron delitos deleznables, configurados como de Lesa Humanidad. No fue el pueblo ni sus víctimas los que los condenaron, fueron los tribunales.

Los condenados de Punta Peuco tuvieron legítima defensa, la posibilidad de presentar pruebas y sostener su inocencia. Todo un beneficio negado a los miles de prisioneros políticos que antes de ser presentados en las fiscalías militares pasaban semanas en centros clandestinos de tortura, y ya condenados de antemano.

Los crímenes cometidos durante la dictadura cívico/militar no sólo provocaron enormes dolores en sus familiares. Golpearon al mundo solidario con el pueblo de Chile. Los pueblos agredidos guardan su memoria, con sus nombres y todas las esquinas.

Pasaron muchos años, y lentamente el incesante trabajo para encontrarlos se fue convirtiendo una búsqueda que necesariamente deberá continuar. Es un país entero que necesita conocer la verdad, toda la verdad.

En Punta Peuco están los que se apropiaron del terror y lo fueron repartiendo por años en todo el país. Campesinos, estudiantes, maestros y dirigentes sindicales fueron llevados a centros de tortura para luego asesinarlos y hacerlos desaparecer. Ellos tenían el terror en las manos, su uso era conocido por todos los militares y ordenado por la más alta oficialidad.

Punta Peuco constituye la expresión de la desigualdad con que la clase política ampara la criminalidad. Fue una cárcel especial construida con fondos públicos, aquello sencillamente es inaceptable. Allí en ese lugar habita la impunidad y eso debe ser asumido por los que gobiernan, sencillamente porque el voto así lo decantó.

El gobierno de Gabriel ha creado una comisión de búsqueda para los más de mil chilenos detenidos desaparecidos. Un imperativo necesario, una respuesta a los que los sobrevivieron. No es justo que en el living de la casa haya una foto del abuelo ya color sepia, sin saber el lugar donde la criminalidad lo fue a enterrar.

Han pasado muchos años para gritar que, si vivos lo llevaron, vivos los queremos.

Es un asunto de Estado responder por aquellos que fueron arrastrados en días de bruma y odio. Existieron actitudes y acciones perversas, era sencillamente matar por matar, torturarlos hasta que el torturador se canse y vuelva a su casa para cenar con su mujer y contar algún cuento a sus hijos.

Tapia Barraza tuvo su hora. Criminalidad pura y dura cobrada.

Las fuerzas armadas han manifestado que no tienen ninguna información que entregar. No han aportado antecedentes a las causas que se investiga en tribunales. Ha sido el esfuerzo de algunos jueces lo que ha posibilitado detener y llevar a los criminales a Punta Peuco para que cumplan sus condenas.

Siempre se ha pedido el cierre de Punta Peuco, porque constituye una agresión. Es la desigualdad una vez más frente a la ley. Lo mismo que comprar la libertad para ser recluido en su casa. Chile es un país con privilegios y beneficiados de aquello.

Cuando un presidente/a da una orden debe cumplirse.

Michelle Bachelet firmó la orden de cerrar Punta Peuco un día antes que entregara el cargo, eso lo hacen todos los presidentes, pero en este caso hay un ministro que se niega a cumplir lo solicitado. Aquello es grave y constituye una alteración al Estado de derecho por el cual el país debe transitar.

No queda absolutamente ninguna duda que el ministro Jaime Campos cometió una falta grave, no solamente por no obedecer a Michelle Bachelet sino que por dejar abierto el camino para que, en algún momento, un ministro o alguna otra autoridad se niegue a cumplir lo que solicita la más alta autoridad.

Los ministros no son elegidos, los votos los carga el presidente y la ciudadanía toda espera que se cumplan lo solicitado en las calles y el parlamento.

Si hubiera sucedido en un barco, Jaime Campos sería un amotinado. Y eso se paga.

Durante los últimos tiempos no se había conocido un caso de insubordinación en algún gobierno. Todos los ministros han cumplido las ordenes que emanan de la presidencia. Cuesta imaginar al ministro de relaciones exteriores de Chile, por iniciativa propia, diseñando una embajada en Corea del Norte.

Con el ex ministro Jaime Campos se inaugura entonces el abandono de funciones gubernamentale, y se abren todas las ventanas para el incumplimiento. Lo delicado es que se trata de asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Sigue siendo urgente y necesario cerrar Punta Peuco.