La sangre llega al río

No hay una memoria única. La memoria, tal como ha sido conceptualizada, en buena medida por trabajadoras y estudiosas en este ámbito, es un territorio en permanente disputa por la construcción de sentidos en torno al pasado, para poder mirar a través de esos prismas el presente y proyectar el futuro.

Si aceptamos esta definición, es importante conocer todas esas memorias divergentes y en conflicto. Sería propicio que esas memorias tuvieran un espacio en condiciones no tan desiguales de poder, como las de hoy. Porque lo que no queremos ver permanece allí, aunque volteemos la vista o nos tapemos los ojos.

Memoria no, memorias en plural. Es imposible y no es deseable aspirar a una memoria oficial. Pero sí, a 50 años, es debido establecer verdades indiscutibles, que enmarquen un discurso unitario que se alce contra las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.

Verdad innegable son los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, los exiliados, exonerados y miles, si no cientos de miles, de torturados durante la dictadura civil-militar en nuestro país. Verdad es la intervención norteamericana en Chile fraguada desde antes que asumiera el gobierno de Salvador Allende hasta prácticamente el fin de la dictadura. Verdad es el boicot de sectores de la derecha, el empresariado y militares al gobierno de la Unidad Popular. Los documentos hablan, gracias a la tarea de personas de la sociedad civil que los han hecho hablar.

Verdad indiscutible son los pactos de silencio en Chile por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden, verdad que las y los defensores de derechos humanos han conseguido demostrar a través de una vasta experiencia en décadas de lucha por reconstruir la realidad de los hechos sin la colaboración de los ex agentes que perpetraron el Terrorismo de Estado.

Verdad son los 1132 recintos utilizados para detener, torturar y asesinar a lo largo del país. Verdad es la utilización de la violencia político sexual como una práctica generalizada y sistemática contra las mujeres que fueron detenidas. Verdad esas 89 cajas de osamentas que expresan la desidia y la negligencia del Estado, osamentas no requeridas ni periciadas para su identificación, que estuvieron años apiladas en cajas de mercadería en deplorables condiciones de resguardo y conservación.

Verdad los cuerpos de nuestros familiares a quienes nunca pudimos dar digna sepultura y que probablemente no encontraremos, pese a la voluntad de implementar el Plan de Búsqueda. Se sigue, con poca esperanza, pero con alguna expectativa de que se destinen recursos sustantivos y se desplieguen políticas de Estado que permitan dar continuidad a esta tarea. Aunque cinco décadas no pasan en vano, es preciso seguir insistiendo en toda la verdad y toda la justicia.

A cincuenta años del golpe de Estado, la sangre llega al río. La verdad es indesmentible, y hasta los medios tradicionales han tenido que mostrarla. Aunque muchos den vuelta la mirada, allí están los hechos, los documentos, los testimonios de esa verdad irrefutable que marca la trayectoria actual de nuestro país; sumido en una crisis de la democracia, aún regido por una Constitución ilegítima, forjada a sangre y fuego en dictadura para imponer un nuevo orden neoliberal con un Estado subsidiario.

Son escasas las posibilidades en la actualidad de salir de este modelo mediante un proceso constituyente soberano, sentado desde las bases, en el sentido en que se define la soberanía desde la perspectiva de derechos humanos, entendida como el derecho de libre determinación de los pueblos, por el cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y cultural. No procesos capturados por unos pocos representantes del poder político, carentes de legitimidad social.

A cincuenta años del golpe de Estado, la sangre vuelve a teñir nuestros ríos. Porta la verdad, una verdad dolorosa pero necesaria, que sólo se ha revelado gracias a la incansable labor realizada por las y los sobrevivientes, familiares, trabajadoras y trabajadores de la memoria y defensoras y defensores de los derechos humanos, desde diferentes frentes. Falta ese reconocimiento nacional a todas estas personas que han hecho posible los avances en materia de verdad, justicia, memoria y reparación integral.

No será posible conmemorar estos cincuenta años garantizando la no repetición de los hechos. La historia reciente de los cientos de víctimas de traumas oculares y miles de denuncias contra agentes del Estado durante el estallido social nos señala lo contrario. Es necesario también que el Estado afronte esta realidad y establezca políticas de justicia transicional tan contundentes como la gravedad de los hechos, sin igualar la violencia de Estado con la violencia civil, discurso recurrente en amplios sectores de la derecha.

La memoria no puede ni debe ser una memoria homogénea y dócil. Pero estas verdades que las mismas Comisiones de Verdad y Reconciliación y Prisión Política y Tortura, los tribunales y los informes que emanan de organismos internacionales de derechos humanos han confirmado son incuestionables, debieran sentar las bases de un diálogo respetuoso de la democracia, la dignidad y la vida.

Dedicado a la memoria de mi madre, que murió sin conocer el destino final de su compañero detenido desaparecido