La intervención norteamericana en Chile (Segunda parte)

Intervención clandestina 1971 – 1973

Apenas dos días después de asumir Allende, el presidente Nixon convocó al Consejo de Seguridad Nacional para discutir las formas de derrocarlo. El memorándum 93, secreto, con la transcripción de lo analizado en esta reunión, fue ocultado a la Comisión Church con el argumento de “privilegio ejecutivo”, y se mantuvo en secreto durante 30 años. El documento da cuenta del propósito de desestabilizar al gobierno allendista y de las razones que lo sustentaban.

Así lo sostiene el Presidente Nixon según la transcripción, “Nuestra principal preocupación en Chile es la perspectiva de que él (Allende), pueda consolidarse y proyectar al mundo su éxito (…) No se debe crear la impresión de que algo así puede suceder impunemente en América Latina y que es un camino sin riesgos”. El Secretario de Estado William Rogers, “Queremos hacerlo bien, y queremos derrocarlo”. El Secretario de Defensa, Melvin Laird, “Tenemos que hacer cualquier cosa para dañarlo y derrocarlo”. Estas son las expresiones de los personeros de gobierno durante la reunión.

Allende ya es presidente. El objetivo de derrocamiento se mantiene, pero cambia la estrategia. En lugar de la CIA, un grupo de agentes y el embajador instigando directamente un golpe militar, ahora el gobierno norteamericano se embarca en un plan complejo y de largo aliento para desestabilizar al gobierno chileno en tres aspectos: económico, político y militar, con el propósito de crear el ambiente necesario para un golpe de estado.

La experiencia de Track II ha sido un desastre, y Estados Unidos ha concluido que es otra la forma de lograr un golpe militar en Chile. Faltó el escenario apropiado, entonces hay que crearlo. Ahora no se perseguirá a los oficiales para que actúen. Ahora se trata de crear las condiciones de crisis en grado sumo, violencia descontrolada y caos económico, de modo que los militares tengan todos las condiciones necesarias para un golpe, y actúen por sí mismos.

El memorándum 93 identifica las medidas económicas de presión, en la línea trazada por el presidente Nixon de hacer aullar la economía chilena: Reducir y terminar el financiamiento actual y futuro de las exportaciones estadounidenses, así como las garantías a la inversión corporativa en Chile. Hacer lobby con los inversionistas privados para que redujeran sus actividades económicas. Influir sobre los bancos multilaterales para que no otorgaran préstamos a Chile, y cortar los programas bilaterales de asistencia económica. Se ordenaba a la Oficina de Manejo de Emergencias, la realización de un estudio sobre acciones para liquidación de los inventarios de cobre de EEUU.

Resumimos en el siguiente cuadro los resultados concretos del boicot económico auspiciado por EEUU, a partir de cifras del informe del Senado norteamericano, conocido como Informe Church:

El cuadro muestra en forma categórica la drástica disminución en ayuda económica, créditos y préstamos a Chile, de parte de organismos gubernamentales de EEUU y bancos intergubernamentales. A su vez, muestra el aumento significativo de la ayuda militar en el periodo 1971–1973, con el objeto de mantener intactas las relaciones con los militares.

A mediados de noviembre de 1970, la CIA emitió un documento, también reservado, con el título de “Programa de acción encubierta para Chile”, dirigido a Kissinger, y solicitaba un presupuesto operacional de US$7.000.000 como parte integrante del Memorándum 93, ya mencionado. En un resumen ultrareservado preparado por Kissinger para el presidente Nixon, señala brevemente los cinco principales aspectos del programa: Acción política para dividir y debilitar la coalición allendista. Mantener y aumentar los contactos con militares chilenos. Proporcionar ayuda a los partidos y grupos políticos de la oposición no marxista. Apoyar ciertos periódicos y usar otros medios de difusión en Chile a través de los cuales atacar al gobierno de Allende. Usar medios escogidos (en América Latina, Europa y otros países), para exagerar la subversión del proceso democrático por parte de Allende, y la intervención de Cuba y la Unión Soviética en Chile (Kornbluh, 2003).

Según anotaciones de la CIA, se financió con más de US$3.500.000 a partidos políticos opositores y organizaciones ligadas, no solo para influir en elecciones parlamentarias y municipales, sino también para promover una mayor oposición e incitar campañas contra el gobierno. Un programa por casi US$2.000.000 financió al diario El Mercurio, incluyendo agentes de la CIA al interior del diario. Una cifra similar se entregó a organizaciones empresariales, sindicales, estudiantiles, cívicas y paramilitares, para promover protestas, manifestaciones y acciones violentas. Un programa especial estaba destinado a la penetración en las fuerzas armadas, para aumentar su influencia sobre éstas, y detectar a oficiales potencialmente golpistas

Por indicación del embajador Korry, Kissinger quiso intervenir en la Convención DC de diciembre de 1970 con el propósito de impedir que el sector de centro izquierda de ese partido lograra hacerse de la directiva, y solicitó fondos a la Comisión 40, lo que fue desechado por otros objetivos. En cable dirigido a la CIA el 4 de diciembre de 1970, el embajador transmite las conversaciones con “hombres claves de la DC” y tiene muchas partes tachadas, por ejemplo la cifra solicitada y los nombres, “el embajador recomendaba que la CIA ayudara de forma encubierta a la DC a comprar un periódico que sirviera al partido como portavoz contra el gobierno de Allende” (Cable del embajador Korry al jefe de la División Hemisferio Occidental de la CIA, el 4 de diciembre de 1970, citado en Kornbluh, 2003). Podemos presumir con fundamento, que este diario sería La Prensa, diario oficial de la DC durante el gobierno de Allende (diario fundado el 28 de octubre de 1970 y que se publicó hasta el 21 de febrero de 1974).

A fines de enero de 1971, la Agencia presentó a la Comisión 40 una propuesta amplia, de catorce páginas, sobre apoyo financiero a la oposición en la campaña electoral de abril de ese año. La CIA solicitaba un monto de US$ 1.240.000 para financiar de manera clandestina a los candidatos de la DC, del PN y del Partido Democracia Radical (ala derecha del antiguo Partido Radical).

La Comisión 40, autorizó las operaciones el 28 de enero, y días más tarde la CIA proporcionó los fondos a estos tres partidos, incluyendo dinero para que la DC y el PN compraran estaciones de radio y periódicos. Estaciones de radio, ambos partidos compraron decenas; de los periódicos, podemos presumir con fundamento que el diario del Partido Nacional fue Tribuna, que circuló entre 1971 y 1973.

En 1972, el 26 de octubre, la CIA solicitó y obtuvo US$1.427.666 para campañas opositoras, las que no se identifican en los documentos desclasificados. Recordemos que en ese mes se desarrollaba el renombrado Paro de Octubre, iniciado por los camioneros, al que se sumaron el comercio, los estudiantes y muchos gremios, que tenían paralizado al país, en un intento por derribar al Gobierno por medio de una huelga insurreccional.

En 1973, la Comisión 40 autorizó un monto clandestino de US$1.602.666 para financiar candidatos de los mismos partidos en la crucial elección parlamentaria de marzo de ese año, en donde la oposición unida pretendía obtener una mayoría parlamentaria que le permitiera destituir al presidente. Muchas organizaciones ligadas a la oposición al gobierno recibían apoyo de la CIA, incluyendo importantes asociaciones empresariales. Estas organizaciones a su vez, financiaban directamente, como aliados cercanos que eran, a sectores cruciales que promovían el caos económico y social, en particular a los dueños de camiones y diversos gremios que paralizaron el país en octubre de 1972 y luego en julio y agosto de 1973, en huelgas insurreccionales (Kornbluh, 2003).

En esta gigantesca campaña de intervención clandestina de Estados Unidos, con el objeto último de derribar el gobierno constitucional, había un elemento adicional relevante: una política militar. Tener una política militar significa tener estrategia, directrices y acciones, enfocadas hacia las fuerzas armadas. “La CIA en Santiago solicitó y recibió la aprobación del cuartel general para un programa secreto que estableciera infiltrados de inteligencia en los servicios del ejército chileno, con el fin de controlar la conspiración del golpe militar. El programa duró cuatro años; incluía agentes colocados en los tres cuerpos militares chilenos, así como oficiales de alto mando, oficiales en activo, generales retirados del estado mayor y reclutas”. (Informe Church, 1975).

Con la muerte del general Schneider en 1970, los contactos nuevos que logran establecer se terminan, y la CIA se queda con sus dos agentes originales. La CIA en Santiago reclutó nuevos agentes entre los militares, con el objetivo de penetrar los mandos y de esa forma establecer contactos con los líderes golpistas reales y potenciales (Kornbluh, 2003), “En septiembre de 1971, una nueva red de agentes estaba preparada y la Central recibía casi diariamente informes de una nueva conspiración para un golpe militar. La Central y la Jefatura comenzaron a explorar vías para utilizar esta red” (Informe Church, 1975).

Operaciones encubiertas, llamadas “de decepción”, ya se podían implementar en septiembre de 1971. La CIA en Santiago propone un plan de información falsa, para convencer a los oficiales de más alto rango que Carabineros, con la aprobación del presidente Allende, estaban actuando concertadamente con la inteligencia cubana para reunir información privada y confidencial de los altos mandos del ejército.

La CIA manejaba información del grupo que podía conducir un golpe desde temprano durante el gobierno de Allende, en 1971. Gastó esfuerzos por infiltrarlo, lo que consigue ya en 1972. Al respecto sostiene el informe del Senado, “La red de inteligencia continuó informando durante 1972 y 1973 de las actividades de la conspiración golpista. Durante 1972 la Central continuó controlando el grupo que podría lograr con éxito el golpe, y gastó una importante cantidad de tiempo y esfuerzos infiltrando este grupo, como no lo había hecho anteriormente con ningún otro grupo. Este grupo, llamó inicialmente la atención de la Central en octubre de 1971. En enero de 1972 se había infiltrado en él con éxito, y contactaba con su líder a través de un intermediario”. (Informe Church, 1975).

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y sus resultados marcaron un hito en los planes norteamericanos. La Unidad Popular había logrado, pese a tener todo en su contra, el 44,4% de la votación, aumentando su representación en dos senadores y seis diputados, y con un porcentaje de la votación, muy superior a la elección presidencial de 1970. Al contrario, la derecha y la DC juntas perdieron seis diputados y dos senadores. La apuesta de la oposición era lograr una mayoría de dos tercios en el parlamento, que permitiera plantear la inhabilitación política del presidente de acuerdo a la Constitución. La oposición obtuvo el 54,7% de los votos. El camino legal estaba cerrado para terminar con el proyecto allendista.

“Dados los resultados de las elecciones, esta oficina estima que es necesario crear una vez más un ambiente político de conflicto y crisis controlada, con el fin de estimular las condiciones para que los uniformados consideren seriamente la intervención como una opción”. (Cable de la CIA en Santiago a la Central, Kornbluh, 2003).

En la Central en Virginia, un grupo de oficiales de la CIA comparten la postura de la Estación en Santiago, y envían un memorándum al nuevo director del hemisferio occidental, Shackley, el 17 de abril, pidiendo nuevos fondos para actividades durante los próximos meses: “Durante el cual se tendría que hacer lo posible para atizar el caos económico, intensificando las tensiones políticas e inducir un clima de desesperación que provoque que el PDC y el pueblo chileno en general, lleguen a desear la intervención militar. El resultado ideal sería inducir a los uniformados a asumir el poder por completo”. (Memorándum CIA, Los Objetivos de la Política en Chile, abril 17 de 1973, Kornbluh, 2003).

Es impactante el desparpajo del párrafo anterior, y el desprecio por los resultados de una elección democrática, en que además han intervenido con descaro. Desnuda sin pudor el mecanismo de “intensificar las tensiones políticas e inducir un clima de desesperación”, es decir, extremar la situación política hasta su rompimiento. Es el propósito declarado de la CIA. Impacta también el descarnado propósito, y la convicción de la CIA, de utilizar a un partido político, el más importante, como simple marioneta.

Los fondos solicitados para infiltrar los objetivos militares fueron aprobados el 10 de abril por el nuevo director de la CIA, James Schlesinger. El propósito de estas acciones clandestinas lo señala un memorándum de fecha 7 de mayo de 1973 del jefe de la división del hemisferio occidental, T. Shackley al director Schlesinger, diciendo que están, “Destinadas a supervisar de mejor manera cualquier conspiración golpista y a ejercer nuestra influencia sobre jefes militares clave, para que desempeñen un papel decisivo a favor de las fuerzas golpistas, una vez que los militares chilenos decidan por sí mismos actuar contra Allende” (Memorándum CIA, Kornbluh, 2003).

La Comisión 40 autorizó en forma telefónica, el 20 de agosto, un monto de US$1.000.000 para financiar a los partidos políticos opositores y organizaciones del sector privado. Solo tres días después, el 23 de agosto, la oficina en Santiago solicitaba fondos para sostener huelgas y manifestaciones callejeras de camioneros, comerciantes, diversos gremios, trabajadores del cobre y también para una operación, al parecer al interior del gabinete de ministros del Gobierno, por parte de los ministros militares de ese momento, destinada a presionar y dominar al presidente Allende y convertirlo en una suerte de títere. La información sobre esta maniobra no ha sido desclasificada.

Durante julio y agosto de 1973, diversos cables de las CIA se refieren al problema de cómo eliminar al general Prats de la Comandancia en Jefe del Ejército. El problema es el mismo de 1970, el general se mantiene fiel a la democracia y el gobierno constitucional. Los informes despachados desde Santiago dan cuenta de estos hechos, como también de otros que van configurando el escenario del golpe de Estado. La CIA informó en julio como hecho esencial, que los militares conspiradores están intentando coordinar el derrocamiento con el gremio de los camioneros, quienes se encuentran a punto de iniciar una huelga gigantesca y violenta, la que efectivamente luego se realizó, y se convirtió en un elemento clave para crear el anhelado clima golpista que la CIA esperaba desde hace tanto tiempo (Kornbluh, 2003).

Otro elemento clave, según estos informes, fue la decisión de la directiva DC de abandonar las conversaciones con el presidente Allende. La CIA no se equivoca en su lectura del momento político, y no confunde el significado de los pasos que van dando los actores políticos y sociales del momento. Un informe de coyuntura de la Agencia, de principios de julio, basado en sus informantes sostiene que, “Los dirigentes del PDC están cada vez más convencidos de que un golpe de estado militar es probablemente esencial para prevenir una ocupación marxista de Chile. Aun cuando los dirigentes DC no reconocen abiertamente que sus decisiones y tácticas políticas están destinadas a crear las circunstancias que provoquen una intervención militar, los informantes de la oficina en Santiago informan que en privado este es un hecho político generalmente aceptado”. (Informe de la CIA desde Santiago, Kornbluh, 2003).

Las condiciones que anhelaba la CIA, y que manipuló durante tres años para un golpe exitoso, se iban acomodando favorablemente en el tablero de la moribunda democracia chilena. Ahora sí, había un escenario de golpe. La exitosa estrategia norteamericana, de desestabilización económica, apoyo clandestino a partidos políticos y fuerzas sociales para mantener una agitación permanente, campaña propagandística sin tregua, y una política militar antidemocrática para incitar a los militares, estaba consumada.