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La conservación no es Filantropía

Por: Nicolás Nazal | Publicado: 22.11.2023
La conservación no es Filantropía Centro de Estudios Públicos – EP | Agencia Uno
Los esfuerzos de conservación no pueden ser filantropía como lo presenta el documento y deben significar decisiones y compromisos que sacrifiquen parte de los beneficios, crecimiento y utilidades futuras de las empresas e individuos. El crecimiento no resolverá el problema económico, la tecnología no siempre encontrará un sustituto a los recursos naturales agotados, el mercado no asignará eficientemente todo tipo de bienes y los mercados libres no siempre conducen a un equilibrio de oferta y demanda. El rol de un Estado eficiente y efectivo es crucial para la conservación y restauración de los ecosistemas, pero son los privados los que pueden aportar en forma inmediata, permanente y definitiva comprometiéndose a hacer las cosas bien y manera diferente.

Recientemente se realizó lanzamiento del libro “Conservación efectiva de la biodiversidad: 30 medidas urgentes para 2030” editado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y presentado en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. La comisión que trabajó en este documento la componen un diverso grupo de personas que han trabajado por la conservación desde el mundo científico y ONG, junto a prominentes empresarios como Eleodoro Matte y Wolf von Appen, entre otros.

En este documento se presentan un conjunto de propuestas de políticas públicas urgentes que permiten fortalecer la institucionalidad, reducir las brechas de financiamiento para la conservación, ampliar la prevención de incendios y fortalecer la institucionalidad del recién creado SBAP, entre varias otras. Todas estas medidas buscan lograr metas y cumplir objetivos que son bastante transversales en la lucha contra la pérdida de la biodiversidad y el avance del cambio climático, y es difícil no estar de acuerdo con ellas, pero ¿quién podrían negar que prevenir incendios y fortalecer la institucionalidad no son medidas correctas y necesarias?

En general las 30 medidas propuestas son muy valorables, salvo que su alcance se queda bastante corto en cuanto a la magnitud de la crisis que el mismo documento describe y, especialmente en cuanto a los compromisos que todas las partes deben asumir con los costos que ello implica, teniendo en cuenta desde donde provienen estas recomendaciones.

El CEP es un reputado Think Thank de corte liberal el cual ha tenido entre sus mentores y visitas a prominentes personalidades, tales como Margareth Tatcher, y varios premios Nobel, entre ellos Friedrich Hayek, quien fue presidente honorario de esta institución hasta su muerte y es mundialmente conocido por su defensa al liberalismo y sus críticas a la economía planificada. Junto a Milton Friedman, Hayek es uno de los principales referentes de la economía neo liberal o de libre mercado tan fuertemente arraigada en Chile.

Hayek una vez declaró en una entrevista a El Mercurio sobre la dictadura de Pinochet que «personalmente prefiero una dictadura liberal a un gobierno democrático carente de liberalismo». Este neoliberalismo, tan defendido por los gremios empresariales, gran parte de los economistas y una porción importante del espectro político, es un férreo defensor de la libre competencia y baja injerencia del Estado en la economía y el desarrollo de las actividades productivas. Sin embargo, quienes abogan por esta escuela son intrépidos a la hora de solicitar que el mismo Estado -el cual buscan minimizar-, se haga cargo de problemas como el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La actual situación ambiental es consecuencia directa del crecimiento del sistema económico y la actividad productiva en un sistema natural que tiene una capacidad limitada de absorber perturbaciones, especialmente si son de origen antrópico. Sabemos, que en muchos casos, la falta de regulación de las actividades de las empresas e individuos, es lo que ha producido los mayores desastres. Si bien esta relación de tamaño e intromisión del Estado en la actividad privada es difícil de determinar, el esfuerzo debiera estar por alcanzar el necesario grado de macro–control con el mínimo sacrificio de micro–libertad.

El libro del CEP presenta valiosas medidas que sin duda son un aporte a la ruta que se ha comprometido Chile en los acuerdos internacionales y que se condicen con el sentir de gran parte de la población nacional. Sin embargo, llama la atención que las medidas propuestas se centran fuertemente en mejorar la efectividad de los servicios públicos y profundizar el rol del Estado en sus acciones para cumplir con las metas de conservación y mitigación del cambio climático, cuando el neoliberalismo que promueve este centro de estudios sugiere una reducción del mismo y una menor injerencia de este en las actividades de los privados.

De hecho, en la introducción del informe se define a la naturaleza y biodiversidad como un “activo”, el cual normalmente se entiende como una posesión de un privado y está sujeto a la depreciación o apreciación de acuerdo con la valoración de mercado. El informe prosigue desarrollando la idea que “las economías y sociedades deben avanzar en reconocer y valorar su capital natural, para que los sistemas de precios lo reflejen correctamente, se corrijan las fallas de marcado y las personas e instituciones puedan tomar mejores decisiones”.

Llama la atención que se incluya esta frase de libro de la escuela de Chicago de los años 70, olvidando que para muchos la naturaleza no tiene precio, que esta no se debe transar en el mercado y que las decisiones en materia ambiental de los últimos 50 años nos han llevado a la actual situación. Como indica el texto, en los últimos 50 años en Chile, momento en que se implementó a fuerza el modelo neo liberal, el descenso en las poblaciones de especies silvestres y los impactos en los ecosistemas se han intensificado, encontrándose amenazados el 62,4% de las especies clasificadas y el 49,6% de los ecosistemas terrestres.

En la publicación del CEP se echa de menos, entre las medidas propuestas, un compromiso más fuerte desde el sector privado. Se esperaría que desde una orientación política y económica en la cual se aboga por una menor intervención del Estado en las actividades de los privados, sean estos los que propongan medidas que vayan por el camino correcto aunque afecten sus propios intereses y no se exhorte solo al Estado resolver un problema que ellos mismos han creado.

Solicitar al Estado una mayor inversión y efectividad en el manejo de las áreas protegidas cuando desde lo privado no se está dispuesto en pagar mayores impuestos que lo financien, o limitar la expansión de industrias perturbadoras como la minería, forestal o salmonera, las cuales tienen impactos profundos y quizás irreversibles en ecosistemas que se desarrollan, parece al menos incongruente.

Entre las medidas del documento se sugieren mejoras en el sistema de donaciones para reducir las brechas de financiamiento para la conservación, las cuales conllevan beneficios tributarios, sin embargo, se extrañan propuestas de compromisos que afecten los beneficios directos e inmediatos de empresas, tales como impuestos verdes o profundización al impuesto que grava las emisiones de carbono. Contrariamente, el documento solicita “mayor libertad en materia de disposición patrimonial, incluyendo reducciones al impuesto a la herencia y al impuesto territorial”, lo cual sería un retroceso en la normalización de carga tributaria de Chile, la cual ya se encuentra entre las más bajas de la OCDE (20,7%, comparada con el 33,8% de la OCDE).

Propuestas que van por el camino de proponer y apoyar una reforma tributaria profunda que permita financiar en forma permanente los las política ambientales (como el aumento de áreas protegidas), abordar los conflictos socio–ambientales (por ejemplo las zonas de sacrificio), limitar el crecimiento la industrias profundamente perturbadoras (salmoneras en áreas protegidas o en fiordos saturados, plantaciones forestales en sitios prioritarios para la conservación o en zonas que han transformado el paisaje con impactos negativos como falta de agua, disminución de la biodiversidad y propagación de incendios, entre otros) son necesarias para generar el cambio de rumbo que llevamos hacia el cambio climático irreversible y la pérdida de biodiversidad.

Los esfuerzos de conservación no pueden ser filantropía como lo presenta el documento y deben significar decisiones y compromisos que sacrifiquen parte de los beneficios, crecimiento y utilidades futuras de las empresas e individuos. El crecimiento no resolverá el problema económico, la tecnología no siempre encontrará un sustituto a los recursos naturales agotados, el mercado no asignará eficientemente todo tipo de bienes y los mercados libres no siempre conducen a un equilibrio de oferta y demanda.

El rol de un Estado eficiente y efectivo es crucial para la conservación y restauración de los ecosistemas, pero son los privados los que pueden aportar en forma inmediata, permanente y definitiva comprometiéndose a hacer las cosas bien y manera diferente.

Nicolás Nazal
Consultor ambiental y economista ecológico.