Propuesta Constitucional 2023: Crónica de una muerte anunciada

Iniciando el año 2024 y con los resultados del plebiscito de diciembre pasado en la mano, nos viene a la mente el libro de Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada.

El Consejo Constitucional nació de la élite política, mediante un acuerdo entre cuatro paredes alcanzado por dirigentes de partidos políticos de gobierno y oposición, sin participación ciudadana y, paralelamente, denostando al anterior proceso constituyente -que tuvo una amplia participación de independientes- y su atrevimiento de representar los nuevos temas emergentes, tales como la ecología, los derechos de las mujeres, la descentralización, la territorialidad, la inclusión, la anti-corrupción, entre otros.

Luego del rechazo de la primera propuesta constitucional del 4 de septiembre de 2022, los partidos políticos plantearon un relato de este tipo: “Nosotros, los partidos, sí sabemos redactar una buena Constitución”. Para ello, crearon un panel de expertos designado por el Congreso junto con 12 «bordes» que reducían la deliberación democrática. Además, impusieron la misma estructura del Senado, con 50 consejeros que, por su escaso número y pertenencia a partidos existentes, dependían directamente del sistema político, dejando a un amplio sector independiente excluido de la representación.

A pesar de la gran cantidad de voces que sostenían que este proceso era cupular y antidemocrático, incluso denunciado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (ver aquí), los partidos insistieron y se auto-felicitaron por los acuerdos a los que habían llegado, dando fruto a un borrador Constitucional. Esa tozudez nos llevó a tener que enfrentar en un plebiscito dos constituciones que no resolvían los problemas manifestados por la ciudadanía, incluso con la amenaza de retroceder en derechos ya adquiridos.

La propuesta constitucional del Consejo perpetuaba la desigualdad y los abusos en nuestra sociedad. Además, era claramente anti-ecológica: no sólo mantenía el agua como una mercancía, protegiendo a sus propietarios, sino también constituía una amenaza para la Naturaleza y los derechos humanos ambientales. Pareciera que el sistema político chileno no está enterado que el colapso ecológico del planeta Tierra ya se inició, y está alcanzando efectos desastrosos para los seres humanos y la biodiversidad.

En poco tiempo más el mantra del «crecimiento ilimitado» no podrá ser sostenido, por razones obvias pero inentendibles para los economistas neoliberales. Vivimos en un planeta finito y las leyes de la naturaleza se seguirán manifestando independientemente de la economía y la tecnología. Por ello, hablar de desarrollo sustentable es un oxímoron, ya que el desarrollo, tal como se entiende en la actualidad, implica más producción, más consumo y sobre-explotación de bienes comunes naturales, imposibilitando la capacidad de recarga y regeneración de los ecosistemas.

En el primer proceso constitucional sí se incluyeron normas que le daban derechos a la naturaleza; se reconocían los bienes comunes naturales inapropiables (como el agua); se protegían diversos ecosistemas; se reconocían principios ambientales, la planificación territorial con enfoque ecológico, la soberanía alimentaria, los derechos de los animales y el fomento a las economías locales; y se valorizaba la descentralización, los territorios y su autogestión. Una gran mayoría de chilenos quería una Constitución ecológica, sin embargo, la campaña relevó otros temas. Perdimos la oportunidad de contar con normas que nos preparaban para enfrentar una crisis ecológica que cada vez será más intensa.

A pesar de todo, desde el ecologismo tenemos enormes desafíos por delante, luego de que en el primer proceso constitucional se pusieran en discusión temas que hasta ahora estaban completamente ausentes del debate nacional. Es momento de repensar nuevas alternativas ecológicas y socioambientales que son necesarias y urgentes en la actualidad, a partir de la reflexión y la vinculación con las personas, comunidades y territorios. Esa es la invitación.

El fracaso constitucional es el fracaso de la clase política actual, desde los partidos tradicionales a los expertos. Por lo demás, el voto “En Contra” tampoco significó un apoyo al gobierno ni a la actual Constitución. Las urgentes necesidades sociales y ecológicas siguen pendientes. Creer que los estallidos sociales se detienen por decreto y relatos insustanciales, sin resolver sus causas primigenias es, a lo menos, ingenuo. Las posibilidades de los «no lo vimos venir», por su propia definición, son infinitas.

*Esta columna fue escrita por los ex Eco-Constituyentes Fernando Salinas, Camila Zárate y Francisco Caamaño