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¿Cosena? No, gracias

Por: Esteban Celis Vilchez | Publicado: 06.02.2024
¿Cosena? No, gracias Imagen referencial – Cosena | AGENCIAUNO
Los símbolos y las señales son importantes. Y en este caso el mensaje es que las víctimas de los derechos humanos y su sufrimiento nos importa menos que consideraciones políticas de otra clase. Parece un acto de insensibilidad extrema hacia las víctimas de la dictadura validar a un Consejo de Seguridad Nacional, por modificado y maquillado que haya quedado después del 2005.

Es un error. Un grave error. Me cuesta entenderlo y, como ya va siendo costumbre, estoy en total minoría. A todos les parece estupendo que el presidente haya convocado a ese organismo de nombre siniestro. ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) y para qué sirve? ¿Lo necesitamos para enfrentar la denominada “ola de delincuencia”? Porque nunca nació para eso ni como mecanismo de respuesta ante el crimen organizado o el narcotráfico.

Nació esta institución en la dictadura militar y se plasmó en la Constitución de 1980, como concreción de la doctrina de la Seguridad Nacional y manifestación de la tutela de los militares sobre el mundo civil. Digamos que esto ya hace abrigar una desconfianza enorme. Por supuesto, como buena institución dictatorial, los cuatro integrantes de las Fuerzas Armadas tenían poderes absurdos: podían autoconvocarse sin necesidad de pasar por el presidente de la República y opinar sobre hechos, actos o materias que, a su juicio, atentasen gravemente contra las bases de la institucionalidad o comprometiesen la seguridad nacional.

Esto se modificó en 2005, convirtiéndose en un organismo meramente asesor. En lugar de que deshacernos del monstruo, lo maquillamos para que no se viera tan feo. Lagos, Piñera y ahora Boric lo han convocado (¿o invocado?). Solo Michelle Bachelet se abstuvo de hacerlo en sus dos gobiernos y planteó derechamente su supresión, cuestión que obviamente encontró la firme oposición de la derecha, tan amante de las tutelas militares… No vaya a ser cosa que la democracia algún día no pueda ser controlada solo con el dinero y el monopolio mediático y comience a afectar sus intereses y a distribuir la riqueza. Para esos eventos, hay que tener a los militares siempre acuartelados.

Hoy, el artículo 106 de la Constitución establece que este Consejo es un órgano exclusivamente asesor del presidente de la República. Pues bien los asesores, por definición, evalúan situaciones, sugieren estrategias, critican otras, aplauden o cuestionan las políticas públicas definidas por el gobierno y, en síntesis, opinan y deliberan.

Así que ya tenemos un Consejo en donde los militares gozan del reconocimiento y el aliento público para deliberar y opinar, gracias al llamado por parte de civiles un tanto candorosos, por decir lo menos.

Militares opinando acerca de cómo deben hacerse o no hacerse las cosas… ¿Qué podría salir mal? ¿Acaso la historia reciente tiene algún ejemplo doloroso? La no deliberación y el sometimiento irrestricto al poder civil y a la Constitución era el resumen de la llamada doctrina Schneider, asesinado por un comando de extrema derecha. El abandono de ella significó 16 años y medio de horrores que, me temo, muchos -haciendo gala de una falta de empatía un tanto repugnante- quieren olvidar completamente, listos para repetir la historia.

Pero ¿qué es la “seguridad nacional” sobre la que el COSENA, y en particular los militares, debe asesorar al presidente? Porque esa doctrina importa una concepción en la que los militares tutelan a la sociedad civil para que no se desvíe de ciertos cauces, como el respeto a la “chilenidad” (un concepto misterioso, como la transfiguración de Cristo o la transustanciación de las hostias), o no se acerque a otros (como un socialismo democrático pero que de verdad supere el capitalismo y avance hacia la justicia distributiva), adueñándose de partes claves del sistema estatal.

No es ni de cerca algo creado para resolver un problema de delincuencia privada o enfrentar los desafíos del crimen organizado o del narcotráfico. Es una filosofía militar profundamente antidemocrática, en cuya base yacen los derechos humanos y en cuya memoria yacen también ejecutados y desaparecidos.

¿Y quiénes componen el COSENA hoy? ¿Expertos? ¿Realmente pueden asesorar técnicamente al presidente? No veo ahí una selección de expertos verdaderos. Nadie especialmente valioso desde lo teórico. Seguro hay mejores opciones en el mundo académico.

Pero, peor aún, algunos de sus integrantes parecen contraindicados. Por de pronto, ya hemos insistido en que ningún militar debe ser formal e institucionalmente invitado a la deliberación, porque deben limitarse a obedecer al poder civil que los constituye y legitima. Así que todos ellos son asesores de los que se debería prescindir.

Pero el asunto se agrava tratándose de Ricardo Yáñez Reveco, general director de Carabineros, quien se encuentra próximo a ser formalizado por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas a propósito del estallido social, en la denominada arista “responsabilidad de mando”. Es notable que una persona que será formalizada por delitos gravísimos sea el asesor del presidente en materia de delincuencia, ¿no?

La presencia del señor Yáñez como asesor “antidelincuencia” esconde un contrasentido profundo. Si queremos combatir la delincuencia, hay que combatirla a toda ella, incluida la estatal. No resisto replicar las estupendas palabras del profesor argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni:

“(…) lo que nadie puede dejar de observar es que las agencias y corporaciones del sistema penal han cometido los peores crímenes de la humanidad y en mucho mayor número a los cometidos por los individuos que delinquieron sin el paraguas protector de los estados. La inquisición europea y española, la Gestapo (policía secreta del estado nazi), la KGB soviética, las policías de todas las dictaduras del mundo – incluyendo por supuesto las de seguridad nacional latinoamericanas de los setenta –, los ejércitos degradados a policías políticas y sociales, las policías corruptas por los políticos y las asociaciones criminales, las mafias asociadas a políticos y policías, y los escuadrones de la muerte, mataron a muchas más personas que todos los homicidas individuales del mundo, y lo han hecho con mucha mayor crueldad: violaron y secuestraron en escala masiva, tomaron como botín incontables propiedades, extorsionaron, torturaron, apuntalaron políticas económicas que devaluaron sin piedad los ahorros de pueblos enteros, han amenazado y matado testigos, fusilan a múltiples ladronzuelos sin proceso alguno, han aterrorizado a muchas poblaciones. Y casi todo se hizo por obra de las agencias del sistema penal y en buena medida al amparo del discurso del pobre derecho penal” (Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal. Parte General, Ediciones Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2014, pp. 3-4.)

Y a causa de este tipo de delincuencia estatal el Ministerio Público ha decidido formalizar al señor Yáñez. ¿Asesor? ¿No es un gran insulto para todas sus víctimas?

Por último, y relacionado con lo que acabo de señalar, queda un tema no menor: ¿Qué ocurre con nuestra empatía? Los símbolos son importantes. Si Yáñez es asesor del presidente en temas de delincuencia y emite opiniones valoradas institucionalmente, ¿qué sentirán las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido? Y si convocamos a un Consejo de Seguridad Nacional, con toda su siniestra carga histórica, reivindicando el derecho de los militares a deliberar, ¿qué sentirán las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura o sus familiares que aún no encuentran sus restos?

Los símbolos y las señales son importantes. Y en este caso el mensaje es que las víctimas de los derechos humanos y su sufrimiento nos importa menos que consideraciones políticas de otra clase. Parece un acto de insensibilidad extrema hacia las víctimas de la dictadura validar a un Consejo de Seguridad Nacional, por modificado y maquillado que haya quedado después del 2005.

Si lo que se quiere es combatir la delincuencia, el narcotráfico o el crimen organizado, se puede acudir a una infinita gama de opciones y herramientas. No es obligatorio usar instituciones funestas, de mal recuerdo y de dudoso aporte.

En resumen: militares deliberando, validación civil de la deliberación militar, un general próximo a ser formalizado por delitos gravísimos opinando sobre cómo enfrentar la delincuencia y una especie de ratificación de que las instituciones nacidas en dictadura pueden sobrevivir en nuestra democracia con un poco de colorete y rímel.

Para mí, todo mal. Aunque vocifere contra esto a solas.

Esteban Celis Vilchez
Abogado.