La seguridad: Donde las instituciones definitivamente no funcionan

*Ver primera parte de la columna aquí: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2024/02/16/la-seguridad-donde-las-instituciones-definitivamente-no-funcionan.html

A sectores de izquierda y del PC, les preocupa que Carabineros trate mal a delincuentes que, mimetizados con la movilización justa y democrática, llevan a cabo toda clase de tropelías, en vez de que la institución alcance su completa profesionalización y apego irrestricto a procedimientos precisos de uso de la fuerza.

Se enredan en si negarles la entrada a los narcotraficantes y delincuentes extranjeros o expulsar ipso facto a los que cometen delitos en Chile, sin reparar que las mafias extranjeras ya poseen avanzadas en el territorio nacional, riéndose en nuestras caras por una discusión estéril e inoperante que termina rechazando todo tipo de modernización de las instituciones encargadas de su represión o haciendo nada para que ello ocurra. Abundan las dudas respecto a cuál es definitivamente su posición. Deben pensar que esto es también “sociología burguesa”.

La derecha por su parte, da cancha tiro y lado a todo lo que asome como protagonismo desenfrenado de las FF.AA. y de Orden. Sigue confiando en el “instinto de clase” de los institutos armados. Ella también sigue operando con el fantasma del comunismo como “enemigo interno” y las fuerzas armadas como la “reserva moral de la Patria”, cueca avivada por un “centro” político sin caretas y, definitivamente, sin excusas para su completa derechización.

La derecha intenta explicar “ideológicamente” su postura frente a esto: lo que se percibe es que boicotea toda propuesta del gobierno, rechaza el presupuesto de hacienda que busca dotar a Carabineros de mayores recursos, pero siendo gobierno se negó sistemáticamente a adquirir medios tecnológicos de última generación, como escáneres en aduanas, por ejemplo (entran 1.000 contenedores diarios y se cuenta con un solo aparato), software de reconocimiento facial, armamento adecuado al combate delictual urbano, carros de última generación, cámaras de alto estándar en carreteras, sistemas de bloqueo de señales de celulares al interior de las cárceles, etc.

Claro: si los 3 o 4 municipios más ricos poseen varios de estos recursos, no importa que en los 342 restantes no exista nada. Un sólo dato habla de su “gran preocupación”: más de la mitad de los carros policiales estaban paralizados al inicio del gobierno actual. Pero, esa derecha si bien clama a gritos por sacar a la calle a las FF.AA, se niega a seguir la llamada “ruta del dinero” para poner al descubierto las mafias de todo tipo; ¿Por qué?

Porque eso significa, además, desenmascarar el contrabando de ropa con marcas falsificadas, no del comercio callejero sino las que se venden en La Polar; desbaratar el comercio de remedios vendidos en las calles, ¿falsificados?, ¿vencidos?, da lo mismo, pero no son talleres artesanales, son laboratorios hechos y derechos y trabajan con grandes capitales. Se niega a liberar el secreto bancario: ¿a quién le incomoda eso? ¿Al capital narco, al capital que busca blanquearse o al que proviene de la evasión y la elusión sistemática? ¿A los extorsionadores y prestamistas gigantes y no sólo los camuflados de comercio callejero? ¿A las llamadas mafias de cuello y corbata, de las cuales gente como Hermosilla es su abogado, o a las de los “toldos azules”?

Para registrar las innumerables bodegas que rodean la calle Meigg o la Estación Central, Recoleta o Franklin, origen del delito callejero y la droga barrial santiaguina, se requiere un papeleo enorme y no se entiende que aún no existan procedimientos y leyes que permitan indagar y cruzar información simultánea, paralela y coordinada entre Aduanas, SII, entes especializados en el control de los Bancos y grandes empresas, superintendencias, fiscalías, tribunales y policías especializadas. La ley se discute y se aprueba en el poder legislativo, pero la derecha prefiere reclamar contra los fiscales, defensores y jueces. En el “Gran Hermano” habrían surgido mejores acuerdos que en el Parlamento.

Sin embargo, la discusión sigue teñida de “ideología” ordinaria y la ciudadanía sigue siendo esquilmada, los narcos siguen liquidando la droga al sonido de los petardos y los fuegos artificiales y los descuartizados, baleados y asesinados por delincuentes, migrantes o no migrantes, continúan a pasos de la casa del presidente.

La situación que afecta al general Yáñez, causa instruida por un fiscal de la República, vuelve a confundirse en una “disputa ideológica”, de una falta absoluta de rigor y seriedad de quienes deben ejercer funciones de Estado: diputados, senadores, el propio ejecutivo y, nuevamente los partidos políticos.

Unos, la derecha por supuesto, exigen el respaldo del gobierno. Me pregunto ¿por qué habría el Gobierno de “respaldar” a ninguna autoridad cuando un poder paralelo le exige rendir cuentas de sus actos en el ejercicio de las funciones que el mismo Estado le ha confiado? Nuevamente: es un fiscal de la República, no es el gobierno, no es el ministro, no es Jadue. No obstante, sectores del PC, para retrucar, piden la renuncia a Yáñez a través de las organizaciones que controla: “sacar las castañas con la mano del gato” se llama el juego.

Este incordio no es más que otra expresión del pesado sello que porta Carabineros, el que no ha sido inteligentemente superado y por lo mismo volverá una y otra vez a presentarse, dada la débil sujeción a normas de procedimiento legal y racional de uso de la fuerza policial exhibida para el estallido social, lo que es efectivo.

Esto es lo que el fiscal pretende dilucidar: disparos a la cara, violaciones de mujeres, ensañamiento generalizado con detenidos, falsificación de pruebas inculpatorias, lanzamiento al río Mapocho de protestantes en la revuelta, etc. Recordemos que no hubo ninguna organización de DD.HH. nacional e internacional que no lo denunciara. El asunto es simple y claro, Carabineros debe proceder sujeto a derecho y a normas de procedimientos razonables, no de acuerdo a lo que estima la derecha que debe hacerse. Entonces, Yáñez debe responder y si es culpable, que de seguro lo es pero se debe probar en los tribunales: debe pagar.

Por lo demás, con la renuncia no se resuelve absolutamente nada. Se chutea el problema, porque el problema está anclado en la historia, no sólo la del estallido, sino la de toda la dictadura civil y militar, que dejó en evidencia que FF.AA. y Carabineros, particularmente el mando, no aprobó los cursos de DD.HH., y miró siempre, y aún mira, a la ciudadanía como enemiga, casi con mayor celo con que miran al narcotraficante. Para qué decir cómo miran a los chilenos democráticos, ni qué decir de izquierda, o a aquellos que no comulgamos con ruedas de carreta ni pelotas de futbol y no nos informamos en los “noticieros” de la farándula.

La urgente solución de hoy es responsabilidad de todas las autoridades del Estado, los partidos políticos y los propios mandos de los institutos armados, Carabineros, PDI y Gendarmería, pero también de la ciudadanía. Y debe partir de inmediato con la modernización completa y total de las instituciones destinadas a la protección y seguridad de la ciudadanía. Sólo mediante una solución tal, es posible alcanzar la superación de la calidad de la democracia que tenemos y evitar así la “ecuatorización” en la que se hunde Chile en la actualidad.