| AGENCIA UNO
Según datos obtenidos a través de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se concluyó que desde el año 2010 hasta 2019 se llevaron a cabo 579 femicidios, de los cuales solo un 26,77% terminó en sentencia y el 73,23% restante de mujeres víctimas no obtuvo justicia legal tras sus asesinatos.
Durante todo el año 2020, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó un total de 58 femicidios a lo largo del país, algo así como uno a dos crímenes de esta índole por semana. Las cifras son alarmantes porque si bien el femicidio no corresponde a la principal causa de muerte de mujeres en Chile, sí ha evidenciado la violencia sistemática hacia estas. Casos recientes como el de Ámbar Cornejo, Fernanda Maciel y Antonia Barra, sumado a la baja cantidad de femicidios que terminan con una sentencia, dejan al descubierto la falla en medidas cautelares y de protección hacia víctimas de violencia de género en su grado de abuso y/o en el caso más extremo: femicidio.
En 2010 se promulgó la Ley de Femicidio (Ley 20.480) buscando modificar la antigua Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066). Tras aquella modificación se incrementaron las penas sobre el delito de femicidio, implementando reformas que castigan el femicidio cuando ocurre a manos de quien es o ha sido su cónyuge o conviviente, excluyendo cualquier otro tipo de violencia de género. En junio de 2018, Fabián Cáceres (17) fue durante la noche a la casa de Gabriela Alcaíno, su ex polola. Aguardó en la entrada principal, y cuando tuvo la oportunidad, apuñaló a su ex suegra. Lo mismo realizó, segundos después, con su ex pareja. El joven se negaba a aceptar que la relación había llegado a su fin. A pesar de las características del caso, no fue denominado como femicidio. La ley de ese entonces no lo reconocía como tal. Con el paso del tiempo, familiares de Gabriela y organizaciones feministas ejercieron presión para que se tramitara una ley que amplíe la tipificación del femicidio. Fue así como durante el año pasado año se promulgó la Ley Gabriela, que busca condenar todo delito cometido contra la mujer donde el género sea un factor determinante, así como las muertes efectuadas por hombres contra mujeres, sin importar el tipo de nexo entre la víctima y el victimario.
Para Isadora Castillo, miembro de de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, con la Ley Gabriela “se logra una tipificación más feminista de lo que entendemos por femicidio, que vendría siendo esta idea de entenderlo como el asesinato de un hombre a una mujer por motivos de género, “por el hecho de ser mujer”, señala.
De acuerdo a los datos extraídos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se concluye que durante la última década, en el 83.80% de los femicidios perpetrados el agresor poseía un vínculo íntimo o íntimo-familiar con su víctima, siendo principalmente parejas, ex parejas, padres, padrastros, amigos y hombres del entorno familiar. Por otro lado, los casos catalogados como “femicidio no íntimo” corresponden a hechos perpetrados por personas desconocidas en contextos fortuitos o de comercio sexual. Cabe destacar que desde 2017 en adelante, la Red Chilena ha modificado su forma de tipificación en crímenes de esta índole, incluyendo el castigo femicida, suicidio femicida y más recientemente, en 2019, el transfemicidio; categorías agrupadas como “otros” en el siguiente gráfico.
Durante 2020 hubo un total de 58 casos de femicidios, de los cuales 55 casos fueron de tipo “íntimo-íntimo familiar”, 2 casos “no íntimo” y 1 caso de tipo “desconocido”. A parte de los 58 casos de femicidios durante el reciente año, se suman 3 crímenes de “parricidio por conexión”, 2 de “crimen transfóbico”, 1 “castigo femicida” y 3 casos de un tipo de delito que ha comenzado ha identificarse durante los últimos años: el suicidio femicida.
Desde finales de 2019, y tras el suicidio de la joven Antonia Barra (21) tras ser presuntamente violada por Martín Pradenas, único imputado en el caso, su padre Alejandro Barra ha tomado un importante rol mediático al convertirse en impulsor del proyecto de ley “Justicia para Antonia”, que entre sus principales características busca incluir la tipificación de suicidio femicida en la ley vigente, entendiéndose este como aquel suicidio que se lleva a cabo tras sufrir algún tipo de violencia de género (abuso, violación, violencia intrafamiliar, entre otros). “Es importante hablar del suicidio femicida, porque es un suicidio que se produce como resultado de una violencia constante. Para nosotras siempre es importante ir pensando en las distintas manifestaciones que puede tener la violencia femicida”, añade Isadora Castillo.
En Chile, la principal forma de resguardo que poseen las víctimas de violencia intrafamiliar (VIF) se da mediante la determinación de medidas cautelares establecidas por los Juzgados de Familia. “El proceso tiende a tener variaciones según dónde se haga la denuncia. Sin perjuicio de que el conducto regular, indica que ante una denuncia de VIF, se debe evaluar el riesgo que corre la víctima, para ello se realizan una serie de preguntas que quedan plasmadas en un formulario que se conoce como “pauta VIF”, esta pauta arroja un riesgo final y según ese resultado se toma una serie de medidas, las que son más intensas en caso de que esta pauta arroje un resultado de riesgo alto/vital”, explica Ornella de Pablo, abogada miembro de Abofem (Agrupación de Abogadas Feministas).
Esto puede derivar en abandono del hogar por parte del agresor, o en prohibición de acercamiento a la víctima y sus espacios concurridos, siendo estas las determinaciones más comunes que los jueces toman para detener el avance de la violencia intrafamiliar. Sin embargo, el objetivo no siempre se cumple. Una de las problemáticas con los procesos que surgen tras denuncias por VIF, es la revictimización a la cual son expuestas las denunciantes, obligándolas en cierto modo a tener que dar testimonio una y otra vez del maltrato sufrido, reviviendo internamente situaciones de violencia, explica Ornella.
Frente a la recopilación de datos de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se puede evidenciar que en cerca de un 30% de los femicidios ocurridos durante la última década en nuestro país, el victimario contaba con denuncias por violencia intrafamiliar previamente interpuestas por la misma víctima.
Del total de femicidios con antecedentes por VIF, 37,7% de los casos contaba con medidas cautelares, principalmente abandono del hogar y prohibición de acercamiento a la víctima. Carolina Jiménez, abogada y Presidenta del Observatorio contra el Acoso (OCAC) señala que en ambientes donde existen antecedentes previos de violencia intrafamiliar que culminan en femicidios se evidencia la falta de monitoreo en agresores con medidas cautelares y ausencia de leyes que protejan a las víctimas. “No tenemos un sistema judicial que resguarde a las víctimas de VIF y muchas veces esto se sigue tomando como doméstico y no de relevancia pública, porque “pasa entre cuatro paredes y no me meto”. Más que violencia intrafamiliar se debería hablar derechamente de violencia contra la mujer, ahí ya toma un tenor público porque deja lo doméstico”, cuenta la abogada.
Para las víctimas de VIF, la convivencia con su agresor se acentúa mediante un patrón repetitivo de los comportamientos de este, explica Karina Cabrera, Socióloga de la Universidad de Chile diplomada en Género, Familia y Políticas Públicas. “Las parejas de ellas las empiezan a aislar, a ponerlas en contra de cualquier persona que pueda actuar como un protector de ellas y, por tanto, cuentan con menos opciones de salir de ahí. Es muy necesario que para que una mujer denuncie violencia de género tenga, a su vez, una alternativa. Yo salgo de la casa de mi esposo y, ¿a dónde me voy? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hago con mi vida? ¿En qué trabajo?”, añade Cabrera.
Para la socióloga, la nueva ola feminista que emergió en 2018 con las tomas de universidades en territorio nacional dejó al descubierto una tendencia: la violencia de género constituye un grave problema a nivel de sociedad, reflejado en la falta de políticas públicas que buscan prevenirlo. “Las denuncias de violencia intrafamiliar salen más a la luz cuando hay mayor organización feminista, porque finalmente se crea un ambiente que propicia las denuncias. ¿Qué puede estar ocurriendo? No hay más violencia, solo que se denuncia más”, explica.
Por otro lado, Isadora Castillo responsabiliza al Estado en su rol fiscalizador, criticando la falta de sanciones efectivas que apunten a la prevención de delitos de violencia intrafamiliar que culminan en femicidios. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres no se relaciona directamente con los canales institucionales, puesto que su rol está orientado a abogar por cambios en aspectos culturales ligados a la erradicación de esta forma de violencia. Sin embargo, han habido ocasiones en las que han debido intervenir como red y ejercer presión al Sernameg cuando víctimas de violencia de género deciden acudir a la institucionalidad, quedándose sin respuesta, conviviendo con sus agresores y, por ende, sin ayuda efectiva. El Estado les cierra las puertas dejándolas a la deriva, expuestas o en su defecto, muertas y sin nadie a quien responsabilizar.
En Chile, actualmente, cada 10 mujeres asesinadas solo 3 casos reciben sentencias judiciales.
