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«Institucionales y foráneos»: Dos caras del proceso de consulta indígena en la Convención

Por: Joaquín Castro Mauro | Publicado: 29.12.2021
«Institucionales y foráneos»: Dos caras del proceso de consulta indígena en la Convención Escaños reservados, imagen referencial | Agencia Uno
La votación respecto al proceso de consulta indígena dejó en evidencia discrepancias respecto a la metodología a implementar, pero también diferencias que venían desde la elección de Loncon, demostrando inclinaciones políticas divergentes y aprehensiones respecto a que tan “dentro o fuera” de la institucionalidad han operado cada uno de los miembros de los escaños reservados.

El término de la sesión del 27 de diciembre de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad de la Convención Constitucional, marcó un hito en la relación entre los representantes de los pueblos originarios, que devela diferencias que se arrastran desde el inicio del proceso. El convencional mapuche Victorino Antilef presentó su renuncia a la coordinación de la instancia debido a serias discrepancias al interior de la comisión respecto al proceso de consulta indígena. “Significa un peligroso precedente para los futuros proceso de consulta y un retroceso en la lucha de los pueblos en búsqueda de su dignidad”, aseguró en la ocasión.

La decisión de Antilef dejó en evidencia la tensión al interior de la comisión, integrada por 17 constituyentes de escaños reservados y que tiene por objetivo recabar las propuestas de los pueblos originarios para el contenido de la nueva Carta Magna, luego de la presentación del documento base para la realización de la Consulta de Participación Indígena presentado a mediados de noviembre.

El documento en cuestión no sólo consagra las reglas con las que se va a poner en marcha la consulta, sino que busca recoger las sugerencias que tienen las comunidades indígenas para la nueva Constitución. Fueron estos aspectos los que generaron discrepancias en el grupo de convencionales provenientes de los pueblos originarios.

Los dos documentos

El 12 de noviembre se votó el primer documento base para la consulta, el cual fue aprobado por 11 votos a favor: Isabel Godoy (pueblo Colla), Margarita Vargas (Káweskar), Eric Chinga (Diaguita), Wilfredo Bacián (Quechua), la Machi Francisca Linconao, Natividad Llanquileo, Victorino Antilef, Alexis Caiguan (todos del pueblo Mapuche), Alejandra Flores (MSC), Ivanna Olivares (Pueblo Constituyente) y Marcos Barraza (PC). En cambio, se abstuvieron Tiare Aguilera (Rapanui), Luis Jimenez e Isabella Mamani, ambos del pueblo Aymara, y los convencionales del pueblo Mapuche Rosa Catrileo, Elisa Loncon y Adolfo Millabur. El principal argumento que esgrimieron para justificar su decisión fue que “no estamos de acuerdo en que el documento presente artículos ya definidos, porque aquello no incentivaría la deliberación de las bases y que, además, el formato es poco amigable”, según expresó Tiare Aguilera.

El documento, en rigor, estaba escrito en clave jurídica, siguiendo el ejemplo de las anteriores consultas y convenios a los que se ha adscrito Chile a lo largo de su historia. Por consecuencia, si la consulta se llegaba a realizar de esta manera, era necesario contar con la mediación de un abogado que le explicara a las comunidades lo que quería decir la norma, explica a El Desconcierto Rosa Catrileo.

“Además, el documento venía con propuestas de norma constitucional, las que no habían sido deliberadas, porque ninguna comisión ha aprobado alguna norma todavía, entonces era forzar a las personas a entender un lenguaje complicado, el cual no era seguro de que se cumpliera lo estipulado”, añade.

Al ser consultada por El Desconcierto sobre esta situación, la convencional mapuche Natividad Llanquileo, partidaria del documento redactado en primera instancia, señala que “nunca fue con norma cerrada, porque se iban a someter a debate en las comunidades consultadas, por ende, le podían agregar, eliminar o sustituir el artículo completo si lo encontraban necesario”.

Poco después de la presentación del manuscrito, durante la semana que la Convención sesionó en la región del Bío Bío, se presentó una indicación sustitutiva global al documento auspiciada por Tiare Aguilera (Rapanui), Luis Jimenez e Isabella Mamani, y los convencionales Rosa Catrileo, Elisa Loncon y Adolfo Millabur.

Esta indicación eliminaba las propuestas de norma constitucional presentadas en el documento de base aprobado previamente y las reemplazaba con fichas explicativas, que son cuestionarios que incluyen todo el catálogo de derechos y aspectos que son considerados en los tratados internacionales para los pueblos originarios.

Rosa Catrileo aseguró a El Desconcierto que el mecanismo elegido fue “para hacerlo más amigable para las comunidades y que éstas puedan hacerle observaciones, comentarios y nuevas propuestas”. También agregó que de esta forma sería más fácil ordenar los resultados de la consulta para que la comisión pueda crear los artículos normativos y presentarlos posteriormente.

Sin embargo, en la sesión del martes 23 de noviembre, la comisión no llegó a un acuerdo sobre qué pasaría con el documento, y los coordinadores Margarita Vargas y Victorino Antilef enviaron un oficio a la mesa directiva de la convención para que esta determinara el futuro de la votación del documento.

Fue en esta instancia que la discusión subió de tono y Natividad Llanquileo habría exigido que Loncon, Aguilera y Godoy se inhabilitaran de la votación, según consignó un reportaje publicado en Interferencia, debido a que los tres miembros tenían un conflicto de interés, dado a que podían interceder en favor de su postura con los demás integrantes de la mesa, puesto que las tres son integrantes de la mesa directiva de la Convención.

“Estamos acá para superar el colonialismo, incluso ese colonialismo interno de algunos convencionales que buscan que el reconocimiento de los partidos pase máquina a los pueblos”, habría comentado Llanquileo en la ocasión.

Loncon, a su vez, respondió a los dichos de Llanquileo en la misma sesión. “Hay una equivocación muy fuerte y dañina de la opinión que hace la convencional Natividad, de que yo no podría tomar decisiones […] Sobre todo cuando se hacen estas opiniones que buscan descalificar, que digan de que aquí hay cuestiones políticas detrás”.

Finalmente, el 6 de diciembre, la comisión determinó que se debía votar el documento como una indicación sustitutiva -recogiendo la propuesta de las fichas presentada entre otros por Loncon- la que finalmente fue aprobada por 13 votos a favor (Aguilera, Catrileo, Galleguillos, González, Jiménez, Loncon, Mamani, Millabur, Tirado, Flores, Martínez, Reyes y Amaya Alvez del Frente Amplio).

En contra de la moción votaron Antilef, Bacián, Caiguan, Chinga, Llanquileo, Vargas, Olivares y Barraza. Se abstuvieron de la votación Loncon, Aguilera y Godoy, como se había requerido anteriormente. Isabel Godoy, contraria a  la propuesta que finalmente ganó, asegura que “los motivos del apoyo que recibió esta iniciativa radican en quien podía negociar de mejor manera con los partidos políticos que integran la comisión”.

“Institucionales” y “foráneos”

Dentro de los 17 escaños reservados existen dos tendencias claras respecto a la consagración de un estado plurinacional que reconozca los derechos de los pueblos originarios en la nueva Constitución. Al respecto Eric Chinga (diaguita) asegura que “por un lado están ellos, liderados por Elisa Loncon y Rosa Catrileo, y por otro nosotros, encabezados por Natividad Llanquileo, Isabel Godoy y Eric Chinga” expresó.

El bando “institucional”, asegura Chinga, estaría conformado por constituyentes que habrían tenido participación política previa, como el exalcalde de Tirúa Adolfo Millabur, Rosa Catrileo, Elisa Loncon (todos representantes mapuche), Lidia González (yagán), Luis Jiménez (aimara) y Tiare Aguilera (Rapanui), abiertos a tender puentes y relacionarse con otros colectivos políticos, todos cercanos a la izquierda, pero principalmente al Frente Amplio y al Colectivo Socialista.

Los “foráneos”, como se autodefinen los que vendrían de comunidades y operarían al margen del sistema institucional, tendrían como objetivo marcar puntos políticos y ser más duros en sus posturas respecto a temas como la restitución de tierras para los pueblos originarios y el reconocimiento como primeras naciones. Con mayor cercanía al Partido Comunista, como Isabel Godoy, quien apareció incluso en la franja electoral de Daniel Jadue, y también con Pueblo Constituyente, conformado por algunos descolgados de la Lista del Pueblo, este grupo, además de Godoy, estaría conformado por Natividad Llanquileo, Francisca Linconao, Eric Chinga, Margarita Vargas y Wilfredo Bacián.

«La primera vez que tuvimos diferencias como pueblos fue cuando se propuso a la lamngen Elisa como presidenta», asegura Wilfredo Bacián respecto a que las discrepancias se manifestaron desde un comienzo, ya que no todos los representantes de pueblos originarios apoyaron la nominación de Elisa Loncon para la presidencia del órgano constituyente.

En las votaciones para determinar la presidencia de la Convención en julio pasado, Loncon disputó el puesto con Godoy. Por la primera votó Catrileo, Mamami, Millabur, entre otros, y por la segunda, Vargas, Chinga y Bacián, mientras Llanquileo reveló en una entrevista que había votado en blanco.

El futuro de la consulta

A pesar de las acusaciones cruzadas, las diferencias en el modo de llevar a cabo la consulta y la renuncia del coordinador de la comisión, la iniciativa se debería poner en marcha durante los próximos días.

Si bien existe un retraso de casi un mes, otro escollo que deberá sortear la consulta es que hasta ahora no existiría un presupuesto suficiente para realizarla. “Está en riesgo la participación y consulta indígena, porque no tenemos los recursos para realizarlo ni la colaboración del poder constituido”, dijo Loncon a principios de diciembre.

Respecto a este tema, Antilef cuestionó la presunta falta de recursos y el impulso de ciertos equipos de constituyentes en la entrega absoluta de este proceso de consulta a entes privados, como fundaciones, cuestionando dejar “el procedimiento, resultados e información propia de las comunidades y territorios en manos de agentes que no necesariamente cuentan con la pertinencia cultural requerida, ni la confianza de las comunidades y de todos los territorios”.

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