El golpe de los independientes: La última batalla para definir sistema político en la CC

Minutos antes de la medianoche del lunes 25 de abril, varios integrantes de la Comisión de Sistema Político llegaron a un acuerdo. A pesar del consenso, y en contraste con el acuerdo anterior, las diferencias y reproches marcaron el rumbo de las negociaciones.

Lo anterior provocó que cuatro colectivos se restaran de firmar el acuerdo, dejando en duda nuevamente la viabilidad de lo pactado y, de paso, exponiendo a la Comisión a un nuevo bochorno, como el sucedido el 18 de marzo tras el rechazo del primer informe.

Las negociaciones en la Comisión de Sistema Político no han estado exentas de problemas. La primera, bautizada como «acuerdo transversal», optó por eliminar el Senado con el apoyo de los colectivos de izquierda y centro izquierda. La segunda, llamada «gran acuerdo», gestada a mediados de marzo, estableció la creación de un segundo órgano legislativo -Cámara de las Regiones-, con atribuciones limitadas enfocadas en el trabajo territorial.

A pesar de los reiterados intentos de la Comisión de llegar a un acuerdo,  sus integrantes no han podido dejar satisfechos a todas las partes involucradas. A raíz de esto, la instancia nuevamente no logrado avanzar en una propuesta que permita un consenso amplio. Esta situación los ha puesto contra la espada y la pared, pues es la última oportunidad para definir las materias que pasaran al borrador de la nueva Constitución.

El tercer acuerdo y el desmarque de los independientes

Los colectivos que firmaron el último acuerdo fueron Frente Amplio (FA), Partido Comunista (PC), Independientes No Neutrales (INN), Colectivo Socialista (CS), Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y Pueblos Originarios (PPOO).

Entre las materias aprobadas por la comisión destaca que la Cámara de las Regiones pueda revisar materias sobre gastos cuya ejecución corresponda a las entidades territoriales”, siendo éstas quienes implementen el derecho a la salud, educación y vivienda, presupuestos y regulen la elección y designación de los órganos y autoridades de las entidades territoriales.

También, se acordó lo que sucederá con las comisiones mixtas. Se establece que si la Cámara de las Regiones aprueba el informe de una comisión mixta y el Congreso de Diputadas y Diputados lo rechaza, este último podrá “despachar el proyecto sin las disposiciones a las que se refiere». Esta iniciativa debe ser aprobado por cuatro séptimos de los miembros en ejercicio.

De esta forma, la gran disputa que había en la comisión respecto a las atribuciones que tendría el organismo que reemplazaba al Senado, terminó zanjada entre los colectivos de izquierda y centro izquierda. Cuando todo parecía finalmente enrielarse, los independientes -a excepción de MSC- golpearon la mesa e hicieron sus reparos sobre los alcances de la iniciativa

En concreto, los miembros de la Coordinadora Plurinacional (CP) y Pueblo Constituyente (PUCO) decidieron restarse del acuerdo, alegando que éste solo se enfocó en el aumento de poder a la Cámara de las Regiones, dejando de lado la diversidad política y, particularmente, el rol de los independientes.

Marco Arellano, integrante de la CP, aseguró que el trasfondo del acuerdo giró en torno a un cálculo electoral de los partidos tradicionales. «La negociación se centró en la relación de poder entre una cámara y otra, y básicamente toda la discusión que hubo por parte de los partidos tuvo que ver con hacer sus cálculos electorales», comentó en una entrevista.

Finalmente, el paquete de indicaciones fue ingresado pocos minutos antes que el plazo venciera, aunque éste solo contó con el apoyo de cinco colectivos. La salida de los independientes del acuerdo coincidió con lo planteado por la derecha previamente, quienes alegaron falta transparencia de cara a la ciudadanía y que los colectivos buscaban mantener a flote un diseño político fallido.

El calculo de votos y la batalla por las indicaciones

Los hechos relatados anteriormente provocaron que la Comisión se separara en tres posturas.

La primera, plantea mantener el último acuerdo y es respaldada por los colectivos firmantes. Sin embargo, fuentes al interior de los colectivos aseguran que pueden ceder en algunos puntos para asegurar los votos y lograr aprobar el informe. De igual forma, algunos concuerdan en que este sería el acuerdo más débil que se ha elaborado y que podría caerse si alguno de los integrantes de los colectivos no acata la decisión, como  sucedió en el acuerdo anterior. El  consenso contaría preliminarmente con 82 votos, no obstante esta cifra podría aumentar o disminuir dependiendo de los movimientos que hagan los colectivos.

La segunda postura es la que impulsa la derecha, junto a los convencionales Chahín y Garín, quienes abogan por un sistema similar al ya existente, presentando un total de 27 indicaciones al documento. Entre ellos destacan las facultades de la Cámara de las Regiones, las leyes de concurrencia presidencial, la tramitación legislativa y facultades presidenciales, entre otros.

Respecto a las tratativas y al futuro de la propuesta de la derecha, el convencional Arturo Zuñiga aseguró a este medio que «la izquierda ante el riesgo de tener una propuesta sin sistema político, va a aprobar lo que sea y nosotros queremos un diseño coherente y que funcione».

La tercera alternativa, proveniente de los colectivos independientes, propone 20 indicaciones que buscan asegurar la participación popular dentro del próximo diseño político.  Entre las materias más destacadas figuran la incorporación de listas de independientes, la presentación de iniciativas populares de ley y la creación de partidos políticos regionales.

Hasta ahora ninguna de las partes involucradas tendría los dos tercios necesarios para aprobar sus indicaciones. Las cuentas hasta el momento apuntan a que Pueblo Constituyente  y la Coordinadora Plurinacional  sumarían un total de 28 convencionales, más los 37 constituyentes de derecha y los siete del Colectivo del Apruebo, alcanzando un total de 72 los votos. Estos sufragios serían suficientes para rechazar un artículo y que no volviera a la instancia para otra revisión, dejándolo fuera del borrador final de la Constitución.

La disparidad de votos y la incapacidad de alcanzar mayoría, preocupa a los convencionales respecto a la votación final que se desarrollará este viernes 6 de mayo. El único consuelo, según Guillermo Namor (INN), es que aún queda tiempo para conversar y llegar a un acuerdo más amplio.