Sabas Chahuán, exFiscal Nacional: “El proceso de modificación constitucional es irreversible”

El ex Fiscal Nacional Sabas Chahuán dice que votó a favor de una nueva Constitución en el plebiscito de entrada y que lo hizo porque no tiene dudas de que se debe modificar la Constitución vigente. “Tiene que reformarse por el proyecto de la Convención Constitucional o por otra vía. Eso está fuera de discusión”, asegura.

Su postura favorable en un comienzo no quiere decir, advierte, que existan aspectos del nuevo proyecto constitucional que no está de acuerdo y otros que no duda en calificar como poco acertados. Eso hasta ahora, dice, a la espera de leer el borrador final del proyecto.

-Desde afuera se percibe a la justicia como un organismo conservador, menos proclive a los cambios. ¿Cómo han percibido sus colegas las propuestas de la Convención?

Hay una división entre los abogados. Existen algunos que valoran a todo evento que se modifiquen ciertos aspectos y otros que tienen aprensiones, más o menos fundadas respecto a cosas puntuales. He escuchado abogados que señalan que el establecer una justicia para los pueblos originarios, puede tener problemas, dependiendo como quede la ley, porque hay pueblos originarios que en la realidad no tienen un sistema de justicia desarrollado. Hay algunos que hace algunos años se decía que estaban extinguidos. Estoy pensando en el pueblo Selknam, Ona, el pueblo Chango, inclusive en el Diaguita que si bien hay descendientes, como la senadora (Yasna) Provoste, no se conoce qué sistema de justicia podrían tener. Algo distinto a lo que ocurre con el pueblo mapuche, donde se sabe que la justicia la ejerce el lonco.

-Lo que busca en el fondo la nueva Constitución es ratificar los derechos de los pueblos originarios ya consagrados en el convenio 169 de la OIT y la firma de la declaración de la ONU sobre los derechos de pueblos indígenas.

 El convenio 169 de la OIT obliga a Chile como Estado unitario a reconocer los derechos de los pueblos originarios. Pero el problema que diviso es cómo se depura el catastro de la gente que forma parte de algún pueblo originario. No hay un componente que demuestre una depuración del padrón que diga que tal persona es de la nación Quechua o de la nación Chango o de la nación Ona. Y eso es lo que me preocupa, porque no veo cómo se establece la continuidad entre esos onas que fueron cruelmente exterminados y los que actualmente están en la Convención Constitucional. A lo mejor estoy equivocado y existe una continuidad, pero hay que ver cómo se identifica y entenderlo muy finamente por ley. Porque si bien pueden tener sistemas de justicia paralelos, los sistemas de justicia tienen que estar regulados. Un integrante de un pueblo originario tiene que saber qué sistema se le va a aplicar.

-Hay convencionales que, a propósito de esta misma inquietud, plantean que se trataría de sistemas de justicia complementarios y no paralelos. Y que los detalles, en rigor, se definirían después a través de leyes.

 Ojalá, me parece que ese es un enfoque que podría ser acertado, porque si son paralelos van a generar muchos más problemas que si son complementarios. Y eso es por ahora una especulación, hasta saber primero si se aprueba la Constitución y cómo se va  a promulgar, discutir y publicar una ley que la baje a la realidad jurídica… son aspectos que deben determinarse en forma pulcra, pulida, detallada para no dar lugar  a distintas  interpretaciones y eso es tarea de la ley, en el evento de que el proyecto de Convención se apruebe el 4 de septiembre.

-Una de las cosas que se han planteado en este proceso es el reconocimiento de lo diverso y lo plural. ¿Usted cree que hay una justicia única o varias dependiendo del caso?

La justicia como valor es una. O hay justicia o no hay justicia. O hay equidad o no hay equidad. Hay distintos sistemas en el derecho comparado y, por ende, pueden haber distintos sistemas de acuerdo a los procedimientos que se determinen. El hecho que se mantenga una eventual intervención de la Corte Suprema da cierta garantía de que no se puede resolver en un sistema que algo es negro y en otro que es blanco. La Corte Suprema va a mantener un rol muy importante en ese aspecto. Ahora el tema es que se habla derechamente de plurinacionalidad. Lo que va un paso mas allá de pluriculturalidad.

Sabas Chahuán en el Congreso en 2015 | Agencia Uno (archivo)

-¿En qué sentido?

Que no es lo mismo la pluriculturalidad, porque pueden haber distintas culturas en una misma nación; y en la plurinacionalidad son naciones distintas con una comunidad de valores, creencias, costumbres. ¿Entonces por qué se mantiene la definición de un Estado unitario? Creo que se va a tener que armonizar el tema de esta plurinacionalidad, porque no es lo mismo que las comunidades autónomas españolas. O sea se habla de la nación Vasca, de nación Catalana, pero en definitiva están sometidas a una autoridad central.

-Esto en la práctica plantearía una mayor atomización en los procesos jurídicos, pero también es una oportunidad para generar una mirada profunda respecto a distintas culturas.

Es que una cosa es el respeto irrestricto que adopta cada cultura o nación, para darse gobierno o justicia; y otra es cuando esa nación o ese sistema de justicia forma parte de un solo Estado como es el caso de Chile. Entonces creo que en la medida que exista una buena ley y un rol de la Corte Suprema se puede evitar esta atomización. Sin perjuicio que, además, hay que ver cómo dialoga el proyecto de Constitución con los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, forman parte de la Constitución actual. Esos tratados internacionales están suscritos y ratificados por Chile… tienen rango supra legal. Y eso es una discusión abierta.

-¿Cree que los cambios propuestos tienen que ver con los altos índices de desconfianza en la ciudadanía respecto al sistema de justicia?

Sí, puede haberlo. Y creo que en la raíz misma de la votación que aprobó una inmensa mayoría, primero con el apruebo en el plebiscito de entrada, y después con la votación de la Convención Constitucional, demuestra que hay una desconfianza con el sistema de justicia en general. No solamente con el Poder Judicial, sino con todas las instituciones que de una u otra manera participan en él, desde la Fiscalía, las policías, hasta la Corporación de Asistencia Judicial que proporciona asistencia gratuita en materias civiles. Ahora el tema es que hay normas y una creación importante de organismos en la Constitución que van a implicar gastos y nuevos funcionarios…Yo creo que va a haber una expansión del gasto fiscal bastante importante y habría que ver si la utilidad social de esos organismos la justifican. No es que esté en contra a priori, pero creo que van a tener que implementarse una gradualidad. Por eso digo que es un desafío monumental.

-Algunos abogados sugieren que estos cambios propuestos atentan contra  la tradición del constitucionalismo chileno. ¿Qué piensa al respecto?

 Parcialmente sí, o sea, en algunos aspectos hay cosas que no son parte de la tradición chilena. Por ejemplo, esto de la eliminación del Senado, sería primera vez que no existiría una segunda Cámara, porque en la Constitución de 1833 había un Consejo de Estado y en la del ’25 había Cámara de Diputados y Senado. En la del ’80, con toda su ilegitimidad de origen, el Senado se fue haciendo más democrático después de sucesivas modificaciones. Recordemos que había senadores designados, sistema binominal, un quórum altísimo, la imposibilidad de remover al comandante en jefe del Ejército y al general director de Carabineros.

-Las famosas leyes de amarre…

Claro, eso se fue desmontando y la Constitución que nos rige sin duda hay que modificarla. Aunque no es la misma Constitución de Pinochet, en el fondo hay una ilegitimidad de origen que la ensucia y nunca le va a quitar ese estigma. Por eso creo que el proceso de modificación constitucional es irreversible y eso explica el 80% de apruebo en el plebiscito de entrada.

Lenguaje inclusivo y enfoque de género

-El borrador de la nueva Constitución plantea un asunto bien particular, que parece de perogrullo, y que sostiene que las sentencias deberán ser redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. ¿Cree que hay una deuda en materia comunicacional respecto al entendimiento de los fallos?

Sí, por supuesto. Eso es en doctrina procesal se llama la socialización de la resolución judicial. O sea, la sentencia si bien tiene que aplicar necesariamente aspectos técnicos, debe redactarse en un lenguaje claro. Ha habido preocupación por el tema, incluso una comisión integrada por distintos estamentos del Poder Judicial para socializar de manera clara las decisiones jurídicas. Pero otra cosa es el lenguaje inclusivo, que es harina de otro costal.

-¿Por qué?

Porque el lenguaje inclusivo entra en colisión con ciertas normas de ley. Por ejemplo,  las normas de una ley de acuerdo al Código Civil, que se aplica a toda la interpretación legal, deben interpretarse en su sentido natural y obvio. Si dice negro, es negro. Que sea un lenguaje claro no quiere decir que se inventen palabras. Y el lenguaje inclusivo, si bien lo valoro porque pone en un plano de igualdad a sensibilidades que han sido ignoradas, puede llegar a ridiculeces como “las y los establecimientos”, que fue dicho por una autoridad hace poco. O esto de decir todes y todas y todos. Decir que vamos a hablar de todas y todos los integrantes del sexo humano, sin distinguir  su orientación sexual, por ejemplo, ahí podríamos incluir a todes. El problema es si alguien dice “no, todes también implica a los no binarios”, entonces habría que explicar que también incluye a los no binarios. No te digo que eso se deseche, pero genera una dificultad adicional.

-Independiente de lo complicado, ¿lo considera necesario?

Todo lo que implique visibilizar situaciones de discriminación o de abuso de ciertos integrantes de la sociedad, me parece un avance. Yo creo que hay que erradicar el machismo, la desigualdad salarial entre hombre y mujer, la misoginia, la homofobia. A partir de ahí va a haber una evolución natural. Y claro, puede ser útil para visibilizar realidades, pero un machista, un tipo que golpea a la señora, un femicida, un homofóbico, personas como las que mataron a Zamudio, van a seguir siendo unos imbéciles con o sin lenguaje inclusivo. Entonces hay que fortalecer la institución y sobre todo la educación.

-Y respecto al enfoque de género, el borrador plantea que los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con esta perspectiva…

Me parece bien. O sea, van a tener que determinar la aplicación de la ley y una vez que esté determinada, así lo entiendo yo, tendrán que mirarlo con perspectiva de género, en el sentido de que si hubo discriminación, si hubo abuso, si hubo vulneración de derechos por el género. No en el sentido que tenga que tener la razón determinado género. Si hay situaciones de abuso, de vulneración de derechos, utilizar la perspectiva de género sirve para nivelar y eliminar esas situaciones de desigualdad. Y eso me parece bien, pero una vez establecido que la ley es igual para todos.

Sabas Chahuán en su última cuenta pública como Fiscal Nacional | Agencia Uno (archivo)

-Usted manifestó que reemplazar al Fiscal Nacional por un consejo superior era un disparate jurídico. Pese a que la idea no prosperó tal cual, ¿por qué le pareció tan delirante?

Bueno, después la Convención reculó según tengo entendido y repuso la figura del Fiscal Nacional. Hasta donde sé, va a ser nombrado por este consejo colegiado dentro de sus integrantes. Ahí no estoy de acuerdo. En todo el mundo occidental, el responsable de la oficina de persecución penal es una persona que tiene que rendir cuenta y ser responsable de los errores, corrupciones, omisiones o negligencias. Si hay un consejo directivo que va a condicionar a la cabeza del organismo y lo puede cambiar a los dos años por un integrante nuevo, va a ser un poco como Fuenteovejuna: no hay responsables de la embarrada que se puede producir. Además, tampoco estoy de acuerdo con la integración del consejo.

-¿Por qué?

La forma de integrar el consejo que va a dirigir el Ministerio Público me parece que puede conducir a una politización. En total son siete integrantes, tres se eligen por el Parlamento. O sea, tres personas integrantes de este consejo escogidas por mayoría política. Otro se elige por votación de los funcionarios del Ministerio Público, lo que implica que va a haber campañas y eso introduce un componente de politización al interior del organismo superior. Eso es claro y no estoy de acuerdo. Sostengo lo dicho, me parece una suerte de disparate jurídico.

-Y respecto a que los jueces no reciban tratamiento honorífico alguno, como excelentísimo o ilustrísimo, ¿cree que es un principio democratizador o una falta al espíritu republicano?

Mira, como decía Unamuno: nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Yo creo que si alguien tiene un cargo que lo constituye en dignidad, tiene que tratarse de acuerdo al cargo. En el caso de los jueces eso viene de la tradición del sistema español y de ahí se pasó al código orgánico de tribunales. Si quieren modificar la ley que la modifiquen, pero tampoco se puede entender que eliminar el “señoría”, el “señoría ilustrísima” o el “señoría excelentísima”, implique que yo voy a poder tutear o ser grosero con un juez o jueza. Ahora yo creo que es una modificación menor que va en contra de lo que es la tradición occidental. En Estados Unidos le dicen honorable juez y en Inglaterra algo similar. Porque si fuera por democratizar el ejercicio de la  justicia, deberían todos ocupar togas, así no se diferencia entre un abogado multimillonario que llega con un traje hecho a la medida a otro que lo hace con unos blue jeans. Eso es lo que pasa en Alemania y sería efectivamente democratizador.