Estos son los dueños de helicópteros que volaron en cuestionada pista de exministros de Piñera

Los exministros Alfredo Moreno y Félix de Vicente, ambos durante los gobiernos de Sebastián Piñera, así como el exconvencional Alfredo Moreno Echeverría, son parte de los dueños del Helipuerto Santiago, una pista en Huechuraba a la que se oponen las comunidades cercanas y donde existen fuertes dudas sobre su legalidad.

Está emplazado a solo 400 metros de la población El Barrero. Los vecinos del sector han reclamado por años para que cesen los vuelos. Los helicópteros, acusan, les han provocado una serie de problemas, como el ruido excesivo de los motores y las hélices, el que inquieta a bebés y a las mascotas.

A lo anterior se suma la preocupación por el depósito de miles de litros de combustible jet que se mantiene en el lugar y que la Municipalidad de Huechuraba acusó que no estaba incorporado en los primeros planos del permiso de edificación.

El helipuerto no contaría con la recepción de obra definitiva y actualmente se encuentra en medio de una batalla legal con los vecinos. La Corte de Apelaciones y Contraloría se encuentran revisando en paralelo su operación. La municipalidad ya multó en dos ocasiones a la empresa por no contar con permisos al día, pero no ha impedido que el lugar siga funcionando.

Entre los dueños de las aeronaves que utilizaron los servicios del Helipuerto Santiago se encuentran compañías ligadas a nombres importantes en el mundo empresarial y político del país.

Para los vecinos, el caso se trata de un helipuerto para millonarios a costa de la tranquilidad de quienes viven en El Barrero.

Los dueños de los helicópteros

El Desconcierto tuvo acceso a los registros de vuelos del helipuerto hasta enero de 2022. Los datos fueron solicitados vía Ley de Transparencia por el medio local El Pincoyazo.

Algunos de los vuelos son llamativos por lo corto del trayecto. De acuerdo a los registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), todos los años hay decenas de viajes de 10 ó 15 minutos entre Huechuraba y Vitacura, o desde el mismo origen hasta el aeródromo Tobalaba en La Reina. Otros de los destinos que figuran son Cachagua, Chicureo o la torre Titanium en pleno Sanhattan.

Una de las compañías que figura como dueña de los helicópteros que realizaron gran parte de los vuelos es Rotortec, vinculada a los exministros Alfredo Moreno Charme y Félix de Vicente Mingo; y al empresario inmobiliario Alejandro Simonetti Vivanco. También participa de la propiedad el hijo del exministro Moreno y ahora exconstituyente, Alfredo Moreno Echeverría.

Es precisamente la empresa Rotortec la que, junto a “Inversiones y Eventos Juan Riesco y Margarita Alegría Limitada”, es dueña del Helipuerto Santiago. Esta última sociedad es propiedad del conocido empresario Juan Riesco Alegría, vinculado familiarmente a los controladores de Espacio Riesco, un grupo con alta influencia en la comuna.

Rotortec se dedica a vuelos de transporte de pasajeros o carga, además de viajes recreacionales y sólo en 2021 aparece con más de 140 operaciones en el helipuerto.

Otro de los grandes operadores de helicópteros que tiene aeronaves registradas a su nombre, y que operaron en el helipuerto, es la empresa Alpha 3, compañía ligada, entre otros, a Álvaro Jalaff, CEO del Grupo Patio.

Uno de los helicópteros que aparece actualmente a su nombre registra la matrícula CC-DCM, el mismo que protagonizó un polémico viaje a Cachagua en abril de 2020, en plena cuarentena.

El caso se hizo público y el Ministerio Público procesó a Katherine Bielefeldt Aranzubia por el vuelo. Cabe destacar que en la época, la aeronave era propiedad de Rotortec, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía. La venta a Alpha 3 se habría dado tiempo después, por un monto cercano a los US $2 millones. La pasajera tuvo que donar $500 mil al Hospital Calvo Mackenna y se le suspendió la posibilidad de volar por tres meses.

En la lista también aparece una aeronave que de acuerdo a los registros es actualmente propiedad de Carlos Cardoen Cornejo, el empresario armamentístico y desarrollador de la bomba de racimo. Estados Unidos emitió una alerta de captura internacional y pidió su extradición a Chile tras acusarlo de contrabando de circonio para fabricar armas al régimen de Saddam Hussein. Sin embargo, en agosto de 2020 la Corte Suprema rechazó la petición.

El helicóptero de Cardoen figura con 17 vuelos en 2020. La máquina está a su nombre como persona natural. La mayoría de los viajes tienen como origen y destino el mismo Helipuerto Santiago, mientras que otros se dirigen a Vitacura.

Otra de las empresas que han operado vuelos desde el Helipuerto Santiago se encuentra Ecocopter S.A. La compañía ofrece arriendos de helicópteros y servicios aéreos. Además de Chile, operan en Perú y en Ecuador. Su propiedad está ligada a Eduardo Ergas Weisner, parte de la familia Ergas, la que junto a la familia Senerman controlan la propiedad del exclusivo centro de ski Valle Nevado.

La red societaria de Ecocopter está vinculada en su origen a Investimento Produttivo S.A., una sociedad constituida en Panamá, mientras que ahora, luego de una serie de modificaciones, está ligada a Ecocopter Corporation, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

En total, según los registros de la DGAC y contando despegues, aterrizajes y sobrevuelos, son más de 2 mil operaciones en las que las aeronaves han pasado cerca de El Barrero.

Vuelos en pandemia

Los registros de la DGAC dan cuenta de vuelos que traspasaron las fronteras de la Región Metropolitana (RM), tanto para entrar como para abandonar la zona, mientras las limitaciones de movilidad producto de la pandemia de COVID-19 estaban en su punto máximo.

En total, fueron al menos 30 vuelos interregionales los que se realizaron entre marzo y septiembre de 2020, esto solo en el Helipuerto Santiago. Este fue el periodo en que se vivió la primera ola de la pandemia y se instauraron estrictas restricciones de desplazamiento entre las regiones, como los cordones sanitarios.

Entre los orígenes o destinos de los vuelos aparecen lugares como Villarrica, Pichilemu, Valdivia, Viña del Mar, Concepción o Curicó.

Desde noviembre del mismo año, el gobierno permitió viajes interregionales dependiendo de la fase en que se encontraban las comunas de origen y destino en el Plan Paso a Paso. Ya después con el proceso de vacunación y la implementación del Pase de Movilidad, se facilitó el traslado. Antes que eso, solo había permisos específicos para realizar los viajes.

Entre las empresas que gestionaron vuelos durante los primeros meses de pandemia aparece nuevamente Rotortec, con 11 vuelos, principalmente hacia Concepción, Viña del Mar y Temuco.

También figuran en el listado helicópteros que actualmente están registrados a nombre de Alpha 3, con destinos a San Fernando.

De igual forma, aparece en el listado un helicóptero que ahora figura a nombre de Aerostoscana Limache, pero hasta al menos enero de 2021 estaba registrado por Administradora Mudau Limitada, compañías ligadas a Fernando Reitz Aguirre. El empresario fue uno de quienes hicieron millonarias donaciones para la campaña presidencial de Sebastián Piñera en 2017.

De acuerdo a datos del Servicio Electoral, en la primera vuelta Reitz donó $13 millones a la campaña de Piñera. Mientras que en segunda vuelta aportó otros $4,6 millones.

Sobre los vuelos durante las restricciones, la Seremi de Salud de la RM indicó a este medio que la DGAC era la encargada de verificar la documentación de los vuelos, incluyendo los salvoconductos que emitía Carabineros a través de Comisaría Virtual. Si ese organismo detectaba una infracción, informaban a las autoridades pertinentes y la Seremi comenzaba un sumario sanitario.

El Desconcierto hizo llegar a la DGAC el listado de vuelos que realizaron viajes interregionales en las fechas descritas, mientras estaban vigentes los cordones sanitarios. Ante las consultas, el organismo explicó que “se formó un Centro de Control Aeronáutico que funcionaba las 24 horas del día y la tarea era fiscalizar a través de inspectores de operaciones de vuelo, el cumplimiento de las exigencias sanitarias”.

“Se designó inspectores desplegados en: Aeródromo Tobalaba y Vitacura y Helipuertos de Chicureo y Santiago. Los inspectores concurrían cada vez que se presentaba un plan de vuelo, el cual controlaba que tuviesen (tanto la tripulación y pasajeros) el pasaporte sanitario y el permiso temporal entregado por Carabineros de Chile”, precisaron. Dichos inspectores estuvieron desplegados entre el 24 de mayo y el 26 de agosto de ese año. El resto del periodo, los interesados debían hacer llegar la documentación al centro.

Sobre la lista de vuelos interregionales entregada, el organismo fue enfático en señalar que “se hizo fiscalización, sino no podrían activar el plan de vuelo”. De igual forma, aseguraron que no solo se limitaban a revisar que los trámites de Comisaría Virtual estuviesen realizados, sino que “se verificaba la veracidad de los documentos”.

Sin embargo, al insistir y ser consultados directamente si es que “dentro de la lista, ¿hubo casos donde las personas no tenían su documentación sanitaria en regla?”, no entregaron respuesta.

La batalla legal

Son dos los caminos legales que siguieron los vecinos de El Barrero para evitar que el helipuerto siga funcionando. Por un lado, acompañados de autoridades como la concejala Elizabeth Roco, el consejero regional Leonardo Jofré y los diputados Andrés Giordano y Maite Orsini presentaron en abril un escrito en Contraloría para que esta se pronuncie sobre la legalidad del funcionamiento del Helipuerto Santiago. Por otro lado, ingresaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En el centro de la discusión está un permiso provisorio de edificación que la Municipalidad de Huechuraba le entregó a Helipuerto Santiago en 2018, a través del artículo 124° de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC), para la construcción de hangares. La autorización tenía un plazo de tres años, periodo que ya está superado. Además, las obras todavía no contarían con recepción final, sin embargo, a fines de 2019 comenzaron los vuelos y continúan hasta la actualidad.

Todo esto en medio de los reclamos de los vecinos por las molestias que generan los viajes de los helicópteros y una crítica directa a la Municipalidad que encabeza Carlos Cuadrado, a quien apuntan de no actuar respecto al helipuerto.

En el órgano contralor todavía no existe una definición, mientras que en la Corte de Apelaciones ya son varios los involucrados que han dado sus argumentos y el proceso también está pendiente.

La defensa de Helipuerto Santiago, que hizo llegar a la Corte, asegura que los “recurrentes incurren en un error manifiesto”. Para la empresa, la operación del helipuerto depende únicamente de las disposiciones de la DGAC, mientras que las construcciones se refieren a “servicios anexos al helipuerto” y solo estos dependerían de la LGUC.

Además, detalla que las multas que la Municipalidad les impuso por no contar con su recepción final fueron recurridas ante el Juzgado de Policía Local y que todavía están pendientes de fallo. “(…) no se especifica en la multa cursada, cuáles son las instalaciones del predio utilizadas, ya que existen en el predio instalaciones con recepción final, y otras edificaciones que se encuentran con permiso de edificación vigente, actualmente en tramitación su recepción”, afirman.

Helipuerto Santiago fue más allá y citó una circular de la División de Desarrollo Urbano (DDU), del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que suspendió los plazos de caducidad de varios tipos de permisos de construcción con motivo de la pandemia de COVID-19. Dicha circular no indica expresamente el artículo que dio pie al permiso provisorio de edificación, pero la empresa argumentó que sí estaba incluido.

La Municipalidad de Huechuraba presentó un informe en el proceso donde acompañó un oficio de la Seremi de Vivienda de la RM en el que se refiere a este caso específico.

La Seremi respaldó la tesis del helipuerto y consideró que la circular N°174 de 3 de abril de 2020 (DDU 429) que suspende los plazos de autorizaciones expresas, a pesar de no nombrar directamente a la norma, incluiría al artículo 124° de la LGUC (el permiso de edificación provisorio), por lo que “el citado Permiso de Edificación (…) se encontraría vigente hasta el 19.09.2022”. Así, el helipuerto no tendría su permiso de edificación vencido, lo que para los vecinos es una interpretación discutible.

Sin embargo, la misma autoridad hizo una precisión respecto al funcionamiento del helipuerto. “(…) las obras de edificación autorizadas bajo el Permiso de Edificación N°5/2018 (entregado a Helipuerto Santiago), deben ser recepcionadas con anterioridad a su uso”. Dicha recepción de obras no había ocurrido al menos hasta junio de este año, por lo que estaría todavía en tramitación. Los vuelos se han realizado por años.

Para Maximiliano Bazán, vocero del Movimiento Solidario Vida Digna -vinculado al medio El Pincoyazo y parte de la organización vecinal que se opone al helipuerto-, “lo que hace la Seremi de Vivienda es dar un perdonazo al helipuerto a través de una interpretación a una circular que suspendió los plazos”.

“Nos parece una vergüenza en tanto uno de los beneficiados es Alfredo Moreno, exministro de Piñera en ejercicio mientras el helipuerto operó ilegalmente al no tener recepción final”, afirma Bazán. De acuerdo a su relato, han pasado meses desde que exigieron respuestas a la Seremi, lo que se dio recién hace pocos días.

Bazán argumenta que, por otro lado, “la propia seremi asume que el helipuerto nunca debió operar sin recepción final, lo que demuestra una omisión permanente del Municipio, quien hasta ahora asumía que operaba ilegalmente según muestran las multas cursadas y luego anuladas, permitiendo que esta práctica se mantenga impune”.

“El helipuerto sigue generando ruidos molestos para toda la comunidad, sobre todo los fines de semana, afectando nuestra salud mental y seguridad”, denuncia.

El resultado de este proceso legal depende ahora del contralor Jorge Bermúdez y de los jueces del tribunal de alzada. Mientras tanto, los vuelos siguen en las cercanías de El Barrero.