Arturo Zúñiga es criticado por frase considerada racista | Agencia Uno
Una serie de diligencias solicitó la Comisión Chilena de Derechos Humanos, a partir de informes de Contraloría sobre auditorías a residencias sanitarias, uno de ellos sobre los hoteles boutique Tremo. Entre las medidas figuran solicitudes a la PDI, la Fiscalía Nacional Económica, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el levantamiento del secreto bancario del ex subsecretario de Redes Asistenciales.
A poco más de dos años de la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) en contra del expresidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich y el ex subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga por delitos de fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, el abogado y presidente del organismo, Carlos Margotta, solicitó una serie de diligencias a partir de informes de Contraloría donde se establecen irregularidades en al menos dos residencias sanitarias: Los hoteles boutique Tremo y Espacio Riesco.
La solicitud de diligencias presentada el 17 de agosto está fundamentada en una serie de informes de Contraloría: el informe final Nº452-20, sobre auditoría a contratos de arriendo y habilitación en Espacio Riesco, y el informe final 435-20 sobre auditoría de habilitación y funcionamiento de residencia sanitaria de los Hoteles Tremo, además de su respectivo oficio de seguimiento.
Ambas auditorías ponen en la lupa al Servicio de Salud Metropolitano Norte, organismo encargado de administrar los convenios con distintas residencias sanitarias, cuya supervisión recae en la subsecretaría de Redes Asistenciales, comandada en la época por Arturo Zúñiga. La mayor novedad de estos requerimientos, planteados por la Comisión Chilena de DD.HH., es la solicitud de levantamiento de secreto bancario en contra del exconvencional UDI y su familia.
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El informe de Contraloría sobre una auditoría a contratos de arriendo y habilitación en Espacio Riesco es uno de los documentos adjuntos en la solicitud sobre nuevas diligencias. El requerimiento presentado por la CCHDH, basado en el informe fechado en julio de 2022, profundiza en una serie de anomalías. Entre ellas destacan la ausencia de una evaluación concreta sobre las distintas opciones de inmuebles, la falta de un análisis integral del proceso y de sus costos totales, la ausencia de antecedentes de pagos por alrededor de 80 millones de pesos y falta de control sobre las operaciones de la empresa en el recinto.
Lo que llama la atención, sin embargo, son los resultados de un segundo informe sobre la auditoría de habilitación y funcionamiento de los Hoteles Tremo, hasta ahora una desconocida residencia sanitaria compuesta por instalaciones boutique ubicados en Bellas Artes, Santa María y Patio Bellavista, cuyas habitaciones oscilan entre los 55.000 y los 160.000 pesos.
El oficio de Contraloría sobre el “estado de cumplimiento”, respecto al seguimiento al informe Nº435 sobre los Hoteles Tremo, contiene una serie de irregularidades hasta ahora desconocidas y que se suman a las detectadas en diversos hoteles que actuaron como residencias sanitarias durante la pandemia, como el Radisson y Capital, entre otros.
El documento de seguimiento detalla que el Servicio de Salud Metropolitano Norte (SSMN) autorizó el pago de una factura por $377.877.650 (IVA incluido), de la “Sociedad Inversiones, Inmobiliaria y Asesorías Ltda”, por servicios de hotelería prestado entre el 15 de abril y el 30 de junio de 2020, “detectándose la ausencia de antecedentes que sustenten la recepción de los servicios pagados, es decir, información íntegra y exacta respecto de los ingresos, salidas y traslados de los residentes atendidos”.
La falta de antecedentes habría impedido verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Protocolo Plan de Acción Coronavirus – Residencias Sanitarias, una suerte de manual con recomendaciones de gestión, medidas, requisitos y criterios destinados al buen funcionamiento de los distintos recintos ocupados como hoteles sanitarios.
Contraloría, además, solicitó información sobre la ocupación efectiva de los Hoteles Tremo advirtiendo una diferencia de $40.393.050, situación que obligó al organismo a pedir de vuelta la documentación de respaldo en un plazo de 60 días hábiles. El SSMN “reconstruyó la planilla con el fin de establecer el detalle de ocupación real”, presentando en esta segunda instancia una diferencia de poco más de 12 millones de pesos.
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No obstante la presentación de nuevos antecedentes, como certificados de cumplimiento y listados de pacientes atendidos, el organismo fiscalizador concluye que no se habría aportado “la documentación de respaldo que permitiera demostrar el nuevo valor determinado”, reiterando aclarar las diferencias detectadas y en caso de proceder, “obtener la restitución del monto pagado erróneamente”.
Respecto a la revisión del pago de una factura por $377.877.650, el Servicio de Salud llegó a la conclusión de que era necesario dar inicio a un proceso de invalidación del acto administrativo, “debido a que la fórmula utilizada para el cálculo del monto adeudado fue contraria a derecho”, recalculando el valor total de ocupación efectiva de pacientes en el Hotel Tremo en $309.596.350.
El Servicio de Salud Metropolitano Norte, requerido por El Desconcierto respecto a los hechos descritos, respondió que procedió a “invalidar los actos administrativos respectivos, adecuándose a lo observado por Contraloría General de la República, los que actualmente se encuentran concluidos”. Estos procedimientos, agrega el organismo de salud, “dieron origen a los cobros judiciales de las sumas que corresponden, los que se encuentran en tramitación”.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos, dados los antecedentes proporcionados por los sendos informes finales de auditorías, elaboró un listado de diligencias solicitadas al Ministerio Público, relacionadas con la querella interpuesta por fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias en el contexto de contratación y habilitación de residencias sanitarias en época de pandemia.
La petición de nuevos trámites judiciales busca determinar las responsabilidades de los querellados (Piñera, Mañalich, Zúñiga), apelando al artículo 12 bis del Decreto Nº250 del Ministerio de Hacienda, sobre las obligaciones “al contratar bienes y servicios, al mejor precio, con transparencia. Colocando siempre la satisfacción de la necesidad que se busca cubrir con el respectivo contrato, por sobre los intereses de los funcionarios y de los proveedores”.
Las diligencias son variadas y distribuidas en distintas reparticiones del Estado. Se solicita, por ejemplo, a la Brigada Anticorrupción de la PDI que realice las actividades necesarias para comprobar los hechos investigados, que la Fiscalía Nacional Económica informe sobre las investigaciones sobre “colusión” vigentes o finalizadas, que el Servicio de Impuestos Internos (SII) recopile antecedentes sobre aquello que constituya delitos tributarios, que se ordene la exhibición de correos electrónicos enviados, reenviados o recibidos desde la subsecretaría de Redes Asistenciales, que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informe sobre los socios y/o controladores de diversas sociedades, entre ellas el Centro de Convenciones Santiago S.A. (Espacio Riesco).
Las más llamativas, sin embargo, son las últimas dos solicitudes: el levantamiento del secreto bancario de Arturo Zúñiga y su familia, y el levantamiento patrimonial del exsubsecretario, junto a los de Jaime Mañalich y el expresidente Sebastián Piñera.
El Desconcierto se comunicó con la Contraloría General de la República para verificar el avance de las gestiones solicitadas por el órgano en el informe emitido respecto a los Hoteles Tremo, señalando que no han recibido los antecedentes y que están iniciando acciones para hacer llegar la información. Arturo Zúñiga, en tanto, no respondió a la solicitud planteada por este medio.
