Zanjas, muros y campamentos: Mega hackeo revela inquietud militar en Macrozona Norte

– “Mi Coronel. Junto con saludarlo, remito análisis sobre situación migratoria presentado ayer en la reunión”.

Así comienza uno de los correos que llegaron hasta la casilla del coronel Andrés Schüller, miembro del Estado Mayor Conjunto (EMCO), en enero de 2021. En esa época, una de las inquietudes de quienes encabezaban las Fuerzas Armadas estaba en la crisis humanitaria y migratoria en la llamada Macrozona Norte.

Se estaba barajando la posibilidad de instalar campamentos para recibir a los migrantes, como una forma de buscar solución a los problemas que generaba el gran flujo de personas y la situación sanitaria. Pero entre los uniformados circularon documentos de análisis que apuntaban en contra de la idea. En la reunión a la que refería el mensaje al coronel Schüller se discutieron estas conclusiones.

Las comunicaciones son parte de los más de 400 mil mensajes que el grupo de hacktivistas Guacamaya filtró desde los servidores del Estado Mayor Conjunto de Chile (EMCO). La masiva vulneración informática dejó al descubierto más de 300 gigabytes de correos que incluyen análisis de inteligencia, minutas sobre actividades de movimientos sociales, observaciones sobre países, e información personal sobre autoridades militares y civiles, entre otros asuntos.

Los documentos revelan algunas de las preocupaciones de los uniformados respecto a la idea del campamento de migrantes, donde apuntaron en contra de las ONGs de derechos humanos e incluso se llegó a proponer la construcción de zanjas y murallas.

Con un ojo en las ONGs y temor a acusaciones contra militares

Uno de los documentos se titula “Análisis a situación de campamento de inmigrantes” y contiene parte de un análisis FODA -herramienta de evaluación utilizada en diversos tipos de organizaciones- con el que el EMCO buscó ponderar los efectos que tendría la instalación de los campamentos.

El texto, que fue parte de la discusión en una reunión realizada en enero de 2021, sostiene que una posible “fortaleza” respecto a la construcción de campamentos se relacionaría con “con la imagen que nuestro país podría proyectar a la comunidad internacional, al generar un lugar de acogida a inmigrantes que buscan una oportunidad de vida en territorio nacional”.

Para la actual Premio Nacional de Derechos Humanos del INDH y cofundadora de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Pro Migrantes de Chile, Elizabeth Andrade,  la idea de implementar campamentos humanitarios es positiva siempre que «no se niegue el derecho a migrar». «Es una buena idea, cuyo requisito principal debería ser no vulnerar los derechos de las personas», agrega.

Una visión similar tiene Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, respecto a que si bien parece ser una buena idea, no es lo único que se debería hacer al respecto. «Lo básico es que las personas tengan acceso a agua potable, alimentación, que existan espacios donde se prevenga la violencia de género y que, adicionalmente, estos espacios vayan en compañía de otros servicios que permitan a las personas buscar la regularidad migratoria».

El informe, sin embargo, pone más atención a las “debilidades” respecto a la instalación de estos refugios. La preocupación de los uniformados se enfocó en el rol de “organismos internacionales y ONG relacionadas con el tema migratorio y de Derechos Humanos”, donde destacaron “la exposición al escrutinio e intromisión”. Los organismos “permanentemente fiscalizarían y cuestionarían el plan de acción desarrollado para la implementación de este tipo de ideas”, proyectaron.

Una mirada que Francisca Vargas no comparte, debido a que por definición las ONGs tienen un rol fiscalizador. «El rol de la sociedad civil apunta a revelar de manera constructiva qué es lo que funciona bien o mal en las instituciones y éstas tienen que saber que están bajo el escrutinio social. No hay ninguna razón para asumir que esta acción va a generar un desprestigio de la institución. Entonces, es como ponerse el parche antes de la herida».

El informe, de hecho, destaca que la intromisión de las ONG podría generar oportunidades «para sustentar campañas de desprestigio al país, por las medidas que se implementen y que no protejan los Derechos del migrante desde el punto de vista internacional, desprestigiar las instituciones que se relacionen con ellos y con mayor razón las FF. AA., las cuales podrían mantener un rol de control y resguardo de la población asentada en ese tipo de lugares”.

Para Rodolfo Noriega, presidente de la Fundación Defensoría Migrante y vocero de Fuerza Migrante, “hay un trasfondo desde la lógica militar y policial de considerar al inmigrante extranjero como una amenaza a la seguridad. Los conciben así, y por tanto, validan cualquier medida que busque disminuir, atenuar o erradicar esta amenaza”.

Sobre el informe, explica que “el cuestionamiento a las acciones que  puedan hacer instituciones de la sociedad civil, significa simple y llanamente el recorte de la base institucional que garantiza que los grupos intermedios, instituciones como las ONG, tengan un rol en el control del Estado. Porque propender ser defensa de los derechos de las personas es contener al Estado en su capacidad de ejercicio único de la fuerza”.

“Si aquí se va a cuestionar eso, lo único que se está haciendo es generar un espacio de impunidad por parte de las Fuerzas Armadas para contener ese enemigo que ven ellos”, advierte.

Otra de las inquietudes de los militares se relacionaba con “involucrar a funcionarios de las FF.AA., en delitos y faltas”. La idea era que la continua interacción de uniformados con los ciudadanos extranjeros podía generar acusaciones sobre distintos delitos. Pero la preocupación, más que la posibilidad de la comisión de los delitos, era la repercusión de las denuncias en la imagen institucional y del país.

Las interacciones de los militares con las personas de distintos países “puede derivar en acusaciones de abuso por exceso de uso de la fuerza, violaciones, tráfico y acciones delictivas en su amplio espectro, lo que colocaría el accionar militar en entredicho y cuestionado”, detalló el análisis.

Para el informe, las acusaciones “afectarían la imagen institucional, la imagen país, la moral y podría generar sentimientos de animadversión a la presencia y funciones militares en el lugar”.

Zanjas y murallas

Otro correo que recibió el coronel Schuller fue del abogado y coronel Ricardo Coronado. En el mensaje venía adjunto un resumen de un análisis y un informe en derecho sobre la emergencia en el norte. El documento también formó parte de los antecedentes con que los militares analizaron la posibilidad de instalar campamentos.

Una de las preocupaciones de Coronado era que de acuerdo al derecho interno e internacional no sería posible limitar el desplazamiento de manera arbitraria a determinados grupos humanos, en este caso a los “migrantes ilegales”. “Es decir -explica- aunque seamos capaces de crear una estructura administrativa y logística para mantener a los inmigrantes en un sector determinado, estos en teoría podrían entrar y salir libremente de esos lugares”.

Otro punto que cuestiona el abogado es que “teniendo a la vista el escenario crítico de otros países de la región”, crear asentamientos, se podría “transformar en un incentivo y no desincentivo de ingreso ilegal, de hecho, los hijos de estos inmigrantes nacidos en Chile serán chilenos”.

Sobre posibles aspectos positivos en el caso de instalar los campamentos, se limita a sostener que “no se vislumbran”.

Hacia el final del documento, Coronado ofrece su propuesta de “soluciones frente al fenómeno de la inmigración ilegal”. En ese apartado, sugiere una idea que se volvería polémica en medio del debate político por las elecciones presidenciales de ese año: la construcción de una zanja para impedir el paso de personas.

Fue el entonces candidato presidencial del Partido Republicano -y que después representó a casi toda la centroderecha en segunda vuelta-, José Antonio Kast, quien incluyó dentro de sus propuestas la excavación de una zanja. La idea le valió críticas y comparaciones con el expresidente estadounidense Donald Trump, quien usó el plan de construir un muro en la frontera con México para impulsar su campaña.

En su informe, Coronado sostiene que “creo que en el futuro, las soluciones no deben orientarse exclusivamente en nuevas regulaciones jurídicas del fenómeno, ni menos aún, incorporando más militares o policías a la función de control o persecución penal”.

El militar propuso que al control que se pueda hacer por la vía jurídica y por la dotación de uniformados se le sume el “establecimiento de barreras físicas, tales como zanjas, murallas, etc. en las zonas más conflictivas o habituales para el traspaso ilegal de la frontera”.

Para Rodolfo Noriega, la propuesta de una zanja es “producto de la ignorancia”. “No existe ninguna barrera física que pueda contener de modo prolongado, menos aún permanente, los flujos migratorios”, explica.

“Existen barreras físicas que son supuestamente inquebrantables -océanos, desiertos, climas gélidos- que  no pueden contener los flujos migratorios. Toda la comunidad europea, ni siquiera teniendo tratados con Turquía y Grecia pueden contener los flujos migratorios que vienen desde África y Asia. No lo pueden hacer».

El vocero de Fuerza Migrante considera que “quien pretenda creer que eso es una medida eficiente para atender el clima de la migración irregular, contener los flujos migratorios, está en un grave error.  Ni las leyes, ni  los tratados internacionales, ni las barreras físicas son suficientes medidas para manejar los flujos migratorios”.

Campamentos sí se construyeron

En octubre de 2021, diez meses después de que se discutieron las ideas de estos documentos, las autoridades de gobierno anunciaron la instalación de “Campamentos Humanitarios Transitorios”, en Colchane y Huara, ambos en la Región de Tarapacá.

El problema fue que ya en diciembre del mismo año el alcalde de Colchane, Javier García, denunció falta de condiciones mínimas para quienes llegaban a los campamentos. «Hemos visto cómo cientos de migrantes ingresan al refugio que instaló el Gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los casos ellos reclaman no recibir alimentos ni abrigo y vienen a solicitar implementos, alimento y agua», fue parte de las críticas.

A lo anterior se suma un episodio ocurrido en julio de este año, cuando se dio cuenta de que al menos una de las unidades RHU (Refugee Housing Unit) en la misma ciudad había colapsado por los fuertes vientos.

En esos mismos días, una publicación de Ex- Ante revelaba la preocupación entre los funcionarios de la Delegación Presidencial del Tamarugal, quienes se compartían fotografías de las condiciones en las que dormían las personas migrantes, con colchones y colchonetas en el piso y tapados con cartones para protegerse del frío.