Director de Amnistía Internacional: «No es suficiente investigar solo a quienes apretaron el gatillo»

Un saldo de 5.558 víctimas de violencia institucional dejó el estallido social, según datos de la Fiscalía Nacional. De ellas, 1.938 fueron personas que recibieron impactos de armas de fuego, 674 sufrieron lesiones graves y 285 tuvieron lesiones oculares. Entre las víctimas, 834 fueron niños, niñas o adolescentes. Del total de las denuncias, 4.170 eran contra personal de Carabineros.

Sin embargo, pese a lo elocuente de los números, todo esto ha sido cubierto bajo un manto de impunidad según Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional. «De 10.813 denuncias por violaciones a los derechos humanos, solamente ha habido 16 condenas, o sea, un 0,1% de las denuncias ha tenido una sanción», asegura en diálogo con  El Desconcierto.

– ¿Cuánto se ha avanzado en la reparación a víctimas de las Fuerzas Armadas y Carabineros durante el estallido?

Consideramos que han habido algunos avances en materia de verdad, de justicia, de reparaciones y de garantías de no repetición, pero todavía muy insuficiente. El Estado de Chile mantiene deudas respecto al cumplimiento de su obligaciones internacionales, en relación a graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos que se produjeron desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.

La verdad es que las políticas que se han llevado adelante en estos años han sido bastante débiles. Especialmente durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera casi no hubo políticas de reparaciones, solamente el programa PIRO (Programa Integral de Reparación Ocular), pero que tenía varias deficiencias que fueron señaladas reiteradamente por las propias víctimas. Por otra parte, se creó un mecanismo de pensiones de gracia que también tenía una serie de debilidades, tanto en los criterios como en el procedimiento para asignarlas.

Durante el presente gobierno, en los últimos meses se ha avanzado con algunos anuncios y acciones. Hemos señalado que nos parece valorable que las políticas de reparaciones se diseñen en conjunto con las víctimas, a través de un diálogo con ellas y sus familiares, tal como recomiendan los órganos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, hay que tener claro que todavía las medidas son muy insuficientes, y el Estado de Chile sigue sin cumplir.

– ¿Qué cree que le falta al gobierno actual para hacerse cargo del legado sombrío que dejó Piñera, en materia de derechos humanos?

El Estado de Chile tiene varias obligaciones. Algunas tienen que ver con esclarecer los hechos, y avanzar en justicia en sancionar a las personas responsables. En ese ámbito, el panorama actual es de mucha impunidad. Hemos dicho reiteradamente que no es suficiente investigar y eventualmente sancionar a quienes apretaron el gatillo, sino que es necesario esclarecer la responsabilidad penal de los Altos Mandos de Carabineros, y en ese sentido eso está en este momento en manos de la Fiscalía y esperamos que puedan haber pasos sustantivos en esa materia.

En cuanto a las reparaciones, han habido ciertos avances en cuanto a anuncios, pero es fundamental que eso pueda avanzar con mayor celeridad y durante los próximos meses podamos tener un plan de políticas integrales en materia reparación, que en algunos casos probablemente van a requerir de aprobación por parte del Congreso.

– ¿Y la reforma de Carabineros?

Siempre señalamos que algo que era fundamental como garantía de no repetición, era una reforma estructural y profunda a Carabineros de Chile. No una modificación cosmética a algunas de sus normas, sino una transformación realmente de la Policía que requiere este país. Eso lamentablemente a tres años de iniciado el estadio social no ha ocurrido.

Estamos con un nuevo proceso que ha comenzado por parte del gobierno, pero la policía sigue siendo encabezada por un General Director que era el Director de Orden y Seguridad durante el estallido social, por lo tanto, responsable de la gestión operativa de Carabineros en un momento en que se generaron graves y generalizadas violaciones de derechos humanos. Por cierto, ese no es un buen mensaje para poder llevar adelante una reforma estructural a Carabineros.

– ¿Cómo ves la ratificación del general Yáñez en el cargo, pese a que desde Amnistía Internacional ha pedido investigarlo urgentemente?

Antes de que se produjera el nombramiento señalamos que era muy importante que el gobierno considerara, en su decisión, los antecedentes relacionados con los generales que adoptaron decisiones estratégicas durante el período del estallido social, para efectivamente asegurarse de que personas que pudieran eventualmente tener alguna responsabilidad en las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas en Chile desde regreso a la democracia, no siguieran con posiciones relevantes dentro de la institución.

La verdad es que el mensaje de que siga el general director Ricardo Yáñez en este momento a la cabeza de Carabineros, y hayan otros generales que tuvieron un rol importante durante el estallido social, no es un buen mensaje. Tener una policía que pueda ser eficaz, brindar seguridad, pero que además sus acciones tengan un apego irrestricto a los derechos humanos.

«Son varios los órganos del Estado que están al debe»

– Desde Amnistía Internacional han apuntado a las instituciones públicas por su rol ausente para visibilizar casos de detenciones o de víctimas oculares, ¿Cuál de las instituciones sienten que está más al debe en esta materia?

Hemos puesto mucho énfasis en la importancia de una reforma estructural a Carabineros de Chile, que además se aclarezca la responsabilidad administrativa y penal de los altos mandos que tuvieron un rol importante durante el estadio social.

Hay decisiones que dependen del gobierno y del Congreso, como pueden ser políticas de reparación, por ejemplo, y también hay cuestiones que tienen que ver con el sistema de justicia. Del panorama de impunidad que tenemos en Chile, la demora que existieron en los primeros años de investigaciones para esclarecer los hechos, la verdad que nos muestra un incumplimiento de la exigencia de debida diligencia y de sancionar violaciones a los derechos humanos tan graves como pueden ser casos de homicidios y de torturas.

La verdad es que son varios los órganos del Estado que siguen estando al debe y es el Estado de Chile en su conjunto el que tiene que avanzar en cumplir sus deudas en materia de derechos humanos.

– Hace poco se condenó al excapitán de Carabineros, Patricio Maturana, a 12 años de cárcel por cegar a la senadora Fabiola Campillai, ¿Cómo ven esta resolución? ¿Dirían que se hizo justicia, al menos en este caso?

Creemos que el caso de la senadora Fabiola Campillai es relevante, puesto que es una buena noticia en el sentido de que existe un castigo penal en un caso de grave violaciones de derechos humanos. Esto es finalmente un mecanismo reparatorio, y también una posibilidad de no repetición de hechos similares, por lo tanto, valoramos esta sentencia a un oficial como autor de mutilación ocular.

No obstante, hay que reiterar el reproche penal de esta causa deja pendiente la determinación de la responsabilidad de la cadena de mando de Carabineros en este crimen, y en otros de igual naturaleza. Eso, insistimos, creemos que debe seguir siendo investigado para justamente asegurar que hechos de este tipo no vuelvan a ocurrir a nuestro país.

-Chile optó por rechazar la propuesta de nueva Constitución que había sido redactada por la Convención constitucional. ¿Con qué garantías creen que deberá cumplir el nuevo proceso?

En su momento, desde Amnistía Internacional señalamos que miles de personas habían salido a las calles en nuestro país en octubre de 2019 por demandas que tenían que ver también con derechos humanos: derechos sociales, derechos económicos, derechos de grupos tradicionalmente discriminados, y por eso dijimos que era fundamental avanzar en reemplazar la Constitución de 1980, que ha sido una barrera para el ejercicio igualitario de derechos humanos.

Nosotros y nosotras fuimos muy claros en estar por el Apruebo en el contexto de la campaña que terminó con la victoria del Rechazo. Hoy en día esperamos que los representantes de los partidos políticos que están negociando asuman que este proceso no es meramente de los partidos políticos con representación parlamentaria. Este proceso fue iniciado por los ciudadanos y ciudadanas de este país que efectivamente votaron Rechazo el 4 de septiembre, pero que también salieron a la calle para demandar justicia social y dignidad, y esas demandas todavía no han sido abordadas adecuadamente por el Estado de Chile, y tampoco la demanda por una nueva Constitución, que también había sido aprobada por el pueblo de Chile por casi 80% de la población.

Esperamos que se avance rápidamente, que pueda haber un nuevo proceso que sea participativo y que tengan el centro a los derechos humanos en su contenido. Vamos a estar monitoreando las próximas semanas este posible proceso constituyente, y esperamos realmente que los representantes de nuestro país que tienen un cargo en el Congreso estén a la altura de este momento histórico y entienden que más allá de los resultados del 4 de septiembre, sigue siendo necesario en Chile tener una Constitución que reemplace la Constitución de 1980.

– ¿Cree que el gobierno ha podido dar respuesta adecuada a alguna de las demandas de la gente que se volcó a las calles el 18 de octubre?

El gobierno debería avanzar en reformas que permitan un mejor ejercicio de los derechos humanos en general, y de los derechos sociales en particular, como el derecho a tener pensiones dignas, el derecho a tener una salud justamente como un derecho humano para todas las personas y que no dependa del bolsillo que tenga cada uno.

Sabemos que no depende meramente del Ejecutivo sino que va a depender también del Congreso, porque algunas de estas materias van a implicar eventualmente reformas legislativas, así que esperamos que tanto el gobierno como el Congreso estén a la altura justamente de hacerse cargo de estas demandas, que movilizaron a millones de personas en distintas partes de nuestro país, y que siguen sin ser abordadas adecuadamente.

-¿Qué temas cree que debiesen ser prioritarios en materia de derechos humanos para la agenda del gobierno, más allá de la reforma estructural de Carabineros?

Más allá de la reforma estructural de Carabineros, por cierto que debiera ser importante avanzar en reparaciones integrales para las víctimas, tanto las víctimas del estallido social como también las víctimas de la dictadura cívico militar, porque también hay deudas. También que se fortalezcan los órganos del sistema de justicia que llevan adelante esas investigaciones de violaciones de derechos humanos.

Además, que hayan políticas en materia de educación en derechos humanos en los distintos niveles educativos, y para los funcionarios públicos, porque muchas veces los avances derechos humanos no tienen meramente que ver con políticas públicas del gobierno a corto plazo o leyes, sino con cambios culturales que requieren finalmente de una educación en derechos humanos.