Fiesta ABC1 en Cachagua: Samuel Israel recurre a Corte Suprema para evitar pago de $50 millones

A casi dos años de una serie de fiestas clandestinas ABC1 en Cachagua, la Corte Suprema está ad portas de pronunciarse sobre un recurso de casación interpuesto por la defensa del piloto de rally Samuel Israel Concha, organizador de los “carretes vip” que habrían reunido a cerca de un centenar de personas en una casona arrendada en el exclusivo balneario de la Quinta Región.

La medida busca revertir la sentencia dictada el 01 de agosto de 2022 por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que le ordenaba pagar al primo de los hermanos rallystas, Jeremías y Benjamín Israel, la suma más alta estimada para este tipo de delitos: 50 millones de pesos. Eso sin contar los servicios de sus abogados, Juan Domingo Acosta, el mismo que ha defendido a Sebastián Piñera en varios casos de connotación pública; y Gabriel Osorio Vargas, un conocido jurista cercano al Partido Socialista.

Las fiestas realizadas en el balneario favorito de la elite capitalina, en pleno apogeo de la pandemia de Coronavirus, reunió a varios hijos y familiares de connotadas figuras públicas ligadas a la política, el empresariado y el deporte nacional. El jolgorio terminó con más de 40 contagiados cuyos casos fueron difundidos en redes sociales, a partir de comentarios de WhattsApp de los mismos asistentes a las fiestas.

Fue así como nos enteramos de que habrían participado de los “carretes” varios estudiantes del colegio Everest, Huelén y San Benito, como el “Pancho” Correa, la “Mane” Fernández, la “Isi” Reynaga y Andrés Paul, hijo de la diputada Ximena Ossandón. También, a la pasada, supimos de unas desconocidas “misas clandestinas” que habrían propagado el virus entre la “rebelde” feligresía ABC1.

Más allá de cualquier anécdota, el 3 de octubre pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema designó a la Ministra Ángela Vivanco para la redacción del fallo que debería estar listo dentro de las próximas semanas. 

Una «simple reunión»

“Un encuentro social de amigos”, así define la defensa de Samuel Israel lo que en medios se catalogó como fiesta o, lisa y llanamente, “carrete ABC1”. Las denuncias dieron cuenta de al menos dos fiestas que organizó el joven deportista en los días de celebración de año nuevo 2021, en plena pandemia. Ambas en el condominio Aguas Claras, en el balneario de Cachagua, donde el piloto había arrendado una casa a través de Airbnb.

Los vecinos de la acomodada zona residencial denunciaron que el 31 de diciembre Israel organizó una fiesta de fin de año con «música, copete y drogas a discreción, y con ruidos notables hasta la 8:30 am, no importándole un carajo la vida de los vecinos de este tranquilo condominio”, según los reclamos que recogió El Mostrador.

Solo dos días después, Israel haría otra fiesta. “Toda esa gente llegó entre las 22:00 y la 01:00 de la mañana, no respetaron ningún protocolo del Covid, fue un abuso total de todo”, dijo el dueño de la casa arrendada a los canales de televisión. El arrendador contó que la persona encargada del check out constató los destrozos y que “había tanto vómito por toda la casa que tuvieron que entrar tres personas a limpiar y sanitizar todo el lugar”.

En paralelo, durante esos días se compartieron videos en redes sociales de fiestas en sectores acomodados de Zapallar, en contravención de las normas sanitarias. Una seguidilla de festejos que entre sus asistentes contaron con familiares de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Carlos Eugenio Lavín y Juan Sutil.

“Zapallar aumentó sus casos, a propósito de esta fiesta clandestina, en un 307%. Si alguien se muere ya saben a quién irle a preguntar”, emplazó Katherine Martorell, entonces subsecretaría de Prevención del Delito, en un punto de prensa tras conocerse los videos.

FOTO: Captura de video de una de las fiestas de la época.

El resultado en este caso fue un sumario sanitario en contra de Israel por la segunda fiesta y la sanción de una multa por 1.000 UTM, cerca de $50 millones en la época.

Pero cuando Samuel Israel presentó una reclamación ante el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso, la historia que contó el abogado Juan Domingo Acosta era distinta a la que habían retratado los medios. Según el jurista se trató de una fiesta de menos de 50 personas, en un espacio abierto, al aire fresco, en un lugar tan extenso, que los asistentes contaban con varios metros de separación.

La defensa del piloto sostuvo que la “simple reunión con amigos” sucedió “en las dependencias externas de la casa, en la zona en donde existe un amplio jardín con piscina y una zona de quincho”. La reclamación incluye mapas de la zona, donde contabiliza una extensión de 852,44 metros cuadrados del terreno.

Los ejercicios matemáticos que la defensa de Israel ensayó en la reclamación incluyen el cálculo de que “cada participante habría contado con, al menos, 17,04 metros cuadrados útiles, en espacio abierto”. Además, insistieron en que el número de personas presentes era “muy inferior a 50”.

Los abogados del piloto aseguraron también que entre los participantes de las “reuniones” no había una obligación para usar mascarillas. El argumento fue que según la normativa “no se encuentran obligados al uso de mascarillas quienes se encuentren en una misma residencia”.

Otro punto que hace la defensa de Israel es que los videos de las fiestas que se viralizaron en redes no corresponderían a las celebraciones de su defendido, y que los destrozos denunciados se tratan de «información completamente ajena a la realidad«.

Hasta la Corte Suprema

La noche en que Carabineros llegó hasta la casa que Samuel Israel arrendó en Cachagua habían 20 vehículos estacionados afuera. El volumen de la música estaba fuerte, suficiente para que se escuchara en otras casas del sector, y la cantidad de personas rondaba el centenar. Algunos bebían en las afueras de la casona, otros en la vía pública. Nadie usaba mascarillas. Tampoco había distanciamiento físico. Así las cosas, la fiesta duró hasta las 4 de la mañana.

Lo anterior es parte de cómo los testigos — funcionarios de carabineros y el administrador del condominio — retrataron lo ocurrido en la noche y la madrugada entre el 2 y el 3 de enero de 2021. 

Uno de los carabineros que llegó esa noche hasta el lugar relató que “al llegar al lugar antes mencionado, pudimos constatar música a alto volumen y al bajarnos del carro policial los asistentes apagaron la luz y la música. Nos mantuvimos alrededor de cuarenta minutos en el lugar llamando a viva voz y haciendo uso del aparato sonoro. Se cursa infracción por ruidos molestos”. 

“La misma situación ocurre entre las 03:00 y 04:00 horas del mismo día. Se hace presente que el exterior de la propiedad se encontraba un número superior a veinte vehículos cuyos ocupantes se presume estaban en el interior de la propiedad participando de la fiesta que allí se realizaba, lo que produce una natural aglomeración lo que por defecto produce que no exista distanciamiento físico”, agrega.

Para el juez, estos testimonios, sumados a los demás antecedentes del sumario, bastaron para acreditar la legalidad de la infracción. “La reclamante, por su parte, sólo acompañó prueba documental, la cual, en lo fundamental, es la misma que la adjuntada ante el Servicio de Salud. Estos antecedentes, a juicio de este sentenciador, no cuentan con la calidad probatoria para derrotar la prueba de la demandada”, consideró sobre las pruebas presentadas por Israel.

El tribunal consideró que la resolución que aplicó la multa “cumple con todos sus requisitos formales y de fondo para concluir que está debidamente fundada”. 

El fallo sostiene que “los elementos considerados provienen de diversas fuentes y todos ellos entregan información concordante para concluir la efectividad de los hechos denunciados”. Es decir, que los testimonios dieron cuenta que la fiesta sí ocurrió y que la cantidad de personas superó las 50 personas, a pesar de lo que reclama Israel.

Con ese razonamiento, el tribunal no aceptó ninguno de los argumentos y rechazó de plano las intenciones de Israel para dejar la multa sin efecto. Incluso, condenó al joven deportista a pagarle al Fisco las costas del juicio.

Tras el fallo y luego de una ofensiva frustrada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Israel escaló hasta el máximo tribunal para revertir la sanción. En la base de su argumento está que las sentencias dictadas no estarían debidamente fundadas y que los tribunales no sopesaron de forma adecuada sus argumentos.

La Tercera Sala de la Corte Suprema informó a principios de octubre que la causa ya cuenta con el acuerdo de los ministros Sergio Muñoz, Adelita Ravanales, Ángela Vivanco, Mario Carroza y el abogado integrante Ricardo Alcalde. La ministra Vivanco es la encargada de redactar la sentencia que se dará a conocer en cualquier momento y que definirá si Israel deberá o no pagar la multa de $50 millones.