Uno de los proyectos que más ha dividido al oficialismo es la ley Naín-Retamal, que contiene dos iniciativas que aumentan las penas contra quienes agredan a las policías, y establece una legítima defensa privilegiada para los funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Este proyecto fue votado y aprobado en la Cámara de Diputadas y Diputados, bajo el contexto de una legislación acelerada de diversas iniciativas relacionadas con seguridad, tras el asesinato a la sargento Rita Olivares.
Entre otros puntos, la ley crea un estatuto privilegiado en cuanto a justificación del actuar de las policías, agregando una presunción legal de que han actuado justificadamente en términos penales.
Además, busca establecer sanciones más duras a quiénes agreden o atenten contra la vida de Carabineros, PDI y Gendarmería, con penas desde el presidio perpetuo calificado, y plantea el endurecimiento de penas contra los responsables de atentar contra recintos policiales, vehículos policiales y también contra quiénes atenten contra la policía cuando no están con uniforme.
Ambas leyes, “fusionadas” tras esfuerzos de la oposición, fueron levantadas en homenaje a funcionarios policiales fallecidos durante el ejercicio de sus cargos.
Ley Naín-Retamal “no va a tener ninguna posibilidad de cambiar nada”
De acuerdo con el abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho UDP, Mauricio Duce, “buena parte de esta reforma no va a tener capacidad de producir los efectos que se han prometido”.
Esto porque el aumento de penas de los delitos tiene “muy pocas probabilidades o un efecto muy marginal, en el mejor de los casos, en términos de reducir los comportamientos delictivos en contra” de Carabineros.
Duce, que fue miembro del equipo que redactó la reforma procesal penal, considera que los delitos contra las policías “ya existen y ya tienen penas bastante altas, y el margen que se termina subiendo termina siendo relativamente menor”.
Según el experto, la problemática gira en torno a “dificultades para capturar a quienes cometen los homicidios” y por tanto el “aumento marginal de la pena, en la medida en que no altera esta otra parte de la ecuación, no va a tener ninguna posibilidad de cambiar nada”.
“Además, esto opera sobre un supuesto muy discutible, que es que quienes cometen estos delitos están haciendo un cálculo racional a partir de las penas, cuestión que no tiene ningún sustento”, complementa.
Ley Naín-Retamal podría incrementar abuso de fuerza policial
Uno de los puntos más complejos y cuestionados del proyecto de ley tiene que ver con la presunción del uso justificado de armas de servicio y otros medios de defensa por parte de uniformados y policías de civil. Para el académico, este aspecto “podría traer consecuencias negativas”.
“La enorme flexibilización que tienen las reglas de legítima defensa” implica que “puede utilizarse más frecuentemente la fuerza letal sin justificación y por tanto que pudiera haber un incremento de abuso de fuerza policial”, explica.
El abogado agrega que “esto no es una hipótesis muy alocada, porque es más o menos la experiencia comparada”.
De acuerdo con el experto, “la legítima defensa tiene que ser un muy complejo equilibrio entre darle facultades a las policías para que actúen —todos queremos que tengan esa facultad— pero también establecer algunos parámetros de control básicos”.
En ese sentido, el proyecto de ley está “evidentemente”, desde esa perspectiva, “relajando” y “haciendo más livianos los controles, y por tanto dando mayor espacio para el uso de la fuerza letal”, lo que genera “un desequilibrio que podría tener consecuencias negativas desde ese punto de vista”.
“Ojalá en el futuro no nos arrepintamos de haber dado este paso”, concluye Mauricio Duce.