Tomás Leighton: «La delincuencia no es un invento de los medios de comunicación»

La centro izquierda del continente vivirá de manera distinta esta semana santa. Entre el 7 y el 9 de abril, en Santiago se reunirá una treintena de autoridades y líderes políticos progresistas provenientes de, al menos, nueve países de Sudamérica.

El encuentro «Construir Futuro» —organizado por el centro de pensamiento Rumbo Colectivo— incluye una reunión con el Presidente Gabriel Boric y una conferencia abierta del ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.

La idea es “discutir una estrategia contingente a la nueva ola de gobiernos progresistas, que se haga cargo de la amenaza que representa el extremismo de derecha para la región”, explica Tomás Leighton Bunster (26), militante de Revolución Democrática, sociólogo de la Universidad de Chile y nuevo director ejecutivo de Rumbo Colectivo.

Su llegada al think tank es reciente. Fue anunciado a mediados de marzo tras terminar su máster en Global Communication: Politics and Society de la Universidad de Erfurt, Alemania.

Sin embargo, su retorno a la contingencia ocurre casi 10 años desde que, como estudiante del colegio La Girouette, se convirtió en vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y trató de influir en la reforma educacional de Bachelet.

“Este encuentro viene a inaugurar una nueva etapa en la fundación Rumbo Colectivo, que va a estar más activo en el debate público y en pensar el futuro del país. Lo que intentamos hacer es discutir las posibilidades de integración regional y de justicia social en este nuevo ciclo, sin intenciones de inventar la rueda”, plantea en diálogo con El Desconcierto.

– ¿Cuál es la diferencia que ves entre la ola progresista actual, donde están Gabriel Boric y Gustavo Petro, con la anterior, que fue encabezada por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa?

Yo lo resumiría de la siguiente manera: Si a comienzos de los 2000 el boom de los commodities o el auge de las materias primas permitió que los gobiernos expandieran los servicios sociales para redistribuir la riqueza, hoy día la situación social y económica es distinta.

Estamos en un momento en que tenemos que sentarnos a pensar una estrategia, porque hay una fragilidad. La pandemia nos dejó una secuela, hubo un incremento sustantivo de un 3,2% de la pobreza, la emergencia climática no está dando un tregua y hay una crisis de seguridad y crimen organizado que está amenazando permanentemente la seguridad individual y colectiva de nuestras sociedades.

– Pero más allá de lo económico, ¿cuál es la diferencia que ves entre ambas olas en términos más políticos?

Venimos saliendo de gobiernos que, de una u otra manera, se esmeraron en constreñir los derechos de las personas, y también los Derechos Humanos en algunos casos. En respuesta a esos gobiernos de derecha y centro derecha, se articula este nuevo período que tiene como centralidad la defensa de los DDHH, y yo diría que también la defensa de las instituciones de la democracia liberal.

Eso es algo muy relevante porque quienes representan el principal riesgo y la principal posibilidad de erosión de las instituciones republicanas en nuestro continente han sido casos de demagogia, como ocurrió con Bolsonaro, donde se fue difuminando la división entre poderes del Estado.

El liderazgo de Gustavo Petro y Gabriel Boric en Sudamérica es una referencia mundial en materia de fortalecimiento de la democracia y las instituciones. Se trata de gobiernos que asumen en un contexto donde hay un riesgo por parte del extremismo de ultraderecha, que se basa en la generación estratégica de masas fanatizadas por conspiraciones y mentiras, que crece aquí y en la quebrada del ají, no solamente en Brasil.

Existe un riesgo general de enfrentar procesos de radicalización de parte de la población que deriven en restricción de libertades públicas.

«Querer una nueva sociedad es querer un nuevo orden»

– El gobierno de Gabriel Boric cumplió su primer año hace algunas semanas. ¿Cuál es tu balance?

Yo creo que efectivamente no hubo luna de miel, eso es innegable. Pero lo relevante del año 2022 es que la vida cotidiana se ha ido reordenando. Por un lado, la economía está mucho mejor, o sea, desde el 2012 no teníamos superávit fiscal, Chile creció sobre lo que se esperaba, la catástrofe que se preveía no pasó y la inversión extranjera superó los 17 mil millones de dólares.

Por otro lado, aunque los problemas de seguridad son la principal prioridad de la población, lo objetivo es que este gobierno ha ido ganando terreno en proponer un compromiso con la seguridad pública. Eso ha sido claro con la recuperación de espacios públicos emblemáticos y la propuesta de ley contra el crimen organizado, que son esfuerzos valorables, léase como consistencia política de nuestro proyecto o como aprendizaje.

Yo creo que tenemos que escuchar también lo que nos está diciendo el adversario, eso es muy central si uno quiere ser realista y hacer las cosas bien. Ahora bien, si el 2022 fue el año donde las cosas volvieron a la normalidad, el 2023 es el año de materializar los cambios.

– Pero da la impresión que el Ejecutivo estuviera gobernando con una agenda que no es propia, como en torno a la delincuencia, por ejemplo.

A mi modo de ver, el compromiso de la izquierda con la seguridad no es una ocurrencia, sino que es consistente con un proyecto de sociedad basado en la protección social. Querer una nueva sociedad es querer un nuevo orden.

Al mismo tiempo, y en esto no se renuncia de ninguna manera, no es posible el orden público sin Derechos Humanos. Esa es la gran diferencia con Piñera. En un año, el Presidente Boric ha hecho lo que para Piñera era imposible: Controlar el orden público sin lamentar una crisis de Derechos Humanos. Eso es un hecho objetivo.

– El Presidente Boric recientemente llamó a «reflexionar» sobre las actitudes que tuvieron en el pasado en materia de seguridad. ¿Cómo tomas este llamado?

Tiene que ver con lo mejor que tiene el Presidente Boric: La escucha, la flexibilidad y su compromiso con habitar el cargo que ocupa, que no le pertenece a él, sino que es representación de la soberanía popular. Creo que es una buena noticia.

Lo que estamos esperando de alguna manera es que, si la izquierda ha mostrado un nivel de escucha y una sofisticación ideológica para responder a las expectativas de la ciudadanía en materia de seguridad, uno esperaría que la derecha también tuviera escucha, porque les va a pasar lo mismo. Deberían escuchar más y ser más flexibles, y no entrar en polémicas, en farándulas o en «política de matinal».

Más allá del «harakiri político»

– ¿Cómo interpretas la división del oficialismo al momento de votar la Ley Nain-Retamal en la Cámara de Diputados?

A mí lo que me preocupa, más allá de izquierda o derecha, es que no hay nada demasiado nuevo sobre la mesa. Subir las penas o las atribuciones especiales no van a resolver necesariamente los topes presupuestarios, los problemas que hay en el Ministerio Público, los déficits que hay en la formación de Carabineros.

Hay que volver atrás y preguntarse qué es lo que se había estado haciendo. ¿Mejoró la situación de inseguridad con el control de identidad preventivo? Me hago la pregunta. Creo que hay una tendencia, más allá del color político, a probar cosas que suenan bien, pero tenemos que preocuparnos de tener formas de medir realmente el impacto.

Me parece que en el caso de la Ley Nain-Retamal, la redacción de la regla confunde, puede dar lugar a situaciones no previstas que puedan empeorar la cosa. Existe el riesgo de subir nuevamente la expectativas sobre lo que puede hacer la policía, que si no se solventa, va a seguir perjudicando a la larga su propio desempeño y su imagen.

Entonces, mi impresión es que más allá del color político, del punto de vista técnico hay una preocupación al legislar con tanta rapidez y yo espero que eso se pueda arreglar. Tengo bastante esperanza en que se va a llegar a una mejor fórmula con el trámite de indicaciones. Espero que se apruebe una regla más clara respecto a la legítima defensa que resguarde el estándar de DDHH.

– En el último programa 100 Indecisos, la candidata del Frente Amplio, Camila Miranda, hizo una autocrítica en esa línea y dijo que su sector «llegó tarde» al debate de seguridad pública. ¿Coincides con esa lectura?

Me parece que de un tiempo esta parte, la preocupación central de la ciudadanía ha sido la seguridad. En ese sentido, le tocara al gobierno que le tocara, iba a tener dificultades. Hay cuestiones que son de Estado y que hace una década no eran del nivel que tienen hoy. Eso no es pura imaginería, me carga que muchas veces, desde el análisis político, se le eche la culpa al empedrado todo el tiempo. La delincuencia no es un invento de los medios de comunicación, quiero decirlo súper claramente, hay una preocupación ciudadana que tiene que ver con la realidad y que se ha ido tomando las prioridades.

Tenemos que pensar la fórmula, no hacerlo a tontas y a locas. Eso es lo que a mí me preocupa, mucho más que hacer el balance de quién tuvo la mejor idea en tal momento. El compromiso de la izquierda con la seguridad pública es coherente y consistente con el corpus ideológico de la protección social. Eso siempre ha sido parte del repertorio. Estamos enfrentando una situación bastante excepcional de crisis social derivada de la pandemia en todo el continente. Los gobiernos empiezan a enfrentar nuevos desafíos, hay una crisis migratoria a nivel continental que es necesario pensar. A mí me gusta verlo más en términos de Estado que hacer el harakiri político.

– En una entrevista, el senador Insulza (PS) decía que la izquierda tenía una tendencia a «comprender al delincuente». ¿Qué te parece su reflexión? ¿Coincides?

Al que le caiga el poncho, que se lo ponga. La verdad es que no me puedo hacer cargo de eso, porque ser comprensivo con las expectativas de la ciudadanía, tener una disposición de humildad frente a la complejidad de los problemas es algo real. Creo que a problemas complejos, las soluciones son complejas, y requieren un análisis serio.

Hacer más de lo mismo en la materia, seguir pensando que subir las penas es lo único que va a solucionar la crisis de seguridad es un error. Ahora no me puedo hacer cargo de los términos en los que lo pone el senador, pero me parece que no va al caso.