Megafraude tributario: Las pruebas que unen al “Clan Canessa” con factoring vinculado a Longueira

Hasta ahora sabíamos algunas cosas. Sabíamos, por ejemplo, que el factoring Crédito y Capital (CrediCap) tenía vínculos con el cabecilla del “mayor desfalco tributario de la historia del país” luego que uno de sus dueños, Sebastián Torres Domínguez, asegurara en un reportaje que José Pavez Canessa sería una suerte de bróker inmobiliario que trabajaba en la compañía.

La pista era seguida de cerca por la Brigada de Activos de la Policía de Investigaciones y por el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza. Incluso Pavez Canessa habría sido grabado con los dueños del factoring, el abogado Michael Niedmann y Torres Domínguez, en dependencias de la compañía ubicada en Avenida Las Condes 11.700 oficina 202 A.

En esa misma dirección, según pudo comprobar El Desconcierto en un reportaje anterior, se constituyó la sociedad de inversiones Paleto SpA, formada por Pablo Longueira y dos de sus hijos, un mes antes de que el excandidato presidencial de la UDI asumiera de manera oficial el cargo de presidente de la empresa, el 28 de junio del año pasado.

Si bien Longueira se mantuvo un mes al mando de la compañía, su nombre continuó figurando en el “brochure comercial” por varios meses más, encabezando el gobierno corporativo de la empresa. El documento promocional servía de “gancho” y, según fuentes ligadas al caso, en varias oportunidades sus dueños se jactaron de sus “contactos políticos”.

–Pablo Longueira es tío mío y está pasando por una situación compleja desde el punto de vista de que no tenía donde estar, y yo le ofrecí una oficina dentro de mi oficina– dijo Torres cuando fue consultado en un reportaje televisivo, asegurando además que Pavez Canessa no había hecho “ningún negocio con la empresa”.

El Desconcierto recopiló antecedentes que demuestran lo contrario: el estrecho vínculo entre Crédito y Capital, la empresa que presidió Longueira, y el hombre acusado de dirigir varios clanes familiares dedicados a la falsificación de facturas que habrían defraudado al Fisco en más de $336 mil millones de pesos.

Agencia Uno/Pablo Longueira

Pacific-Caribe SpA

El 3 de febrero del año pasado, la empresa comercializadora Pacific-Caribe SpA emitió 14 facturas a la compañía Rellenos del Maipo, ubicada en la comuna de Buin, por el supuesto arrendamiento de un cargador frontal marca Komatsu. Las facturas, en total, sumaban casi 90 millones de pesos.

Roberto Valladares, uno de los directores de la empresa, recuerda que comenzaron de inmediato a preguntar si existía algún tipo de contrato. “Muéstrennos un contrato o algo que indique el acuerdo de negocio, un mail. No apareció nunca nada. La única verdad era que la máquina estaba ahí, pero nadie deja algo que vale un montón de dinero a pito de nada. Las respuestas siempre eran evasivas”, cuenta.

El hecho llamó la atención por dos cosas: los documentos fueron emitidos durante las vacaciones y contemplaban un periodo en que el pozo de áridos no estaba en funcionamiento. Un exgerente de la compañía, aparentemente, había permitido el ingreso del equipo sin la autorización de los socios mayoritarios de la empresa y sin realmente ocuparse.

Otra cosa, el dueño de Pacific-Caribe SpA era un ciudadano extranjero, Pedro González García, que había formado la comercializadora bajo la modalidad de “empresa en un día”, el 29 de septiembre de 2022, entregando facturas con fecha de enero de ese mismo año cuando la compañía ni siquiera había sido constituida. “Era una pantalla”, resume Valladares.

Poco tiempo después, otro lote de facturas fue enviada a la empresa. Esta vez, sin embargo, pudieron advertirlo a tiempo: “estábamos con la guardia arriba y la rechazamos ante de los ocho días de plazo”, recuerda el director.

Al comprobar el engaño, la empresa afectada decidió querellarse por los delitos de estafa y falsificación de instrumento privado mercantil, el 8 de marzo de 2023, tras las constantes llamadas y correos de un sujeto que aseguraba que se le debía dinero por concepto de arrendamiento de maquinaria. Su nombre, José Antonio Pavez Canessa.

El paso siguiente fue casi de manual. Al cabo de unos días la empresa fue informada que las facturas habían sido traspasadas al factoring Crédito y Capital.

“La modalidad de Pavez Canessa es construir sociedades en un día, en este caso fue a través de un venezolano, y luego pasa las facturas a Torres que es quien aparece cobrándolas. Cuando uno le pregunta te dice que no tienen nada que ver con la emisión de facturas porque ellos son un factoring. Es evidente que es una estafa”, dice una fuente que conoce el modus operandi.

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Labores de cobranza

“Hemos verificado en la página del Servicio de Impuestos Internos que la factura de la referencia se encuentra debidamente aceptada y que no fue rechazada por usted, de modo tal que la imputación de que esta empresa sabe que la factura es falsa, es totalmente infundada”, le escribió Sebastián Torres al abogado Rodrigo Alcaíno el 22 de mayo del año pasado.

Alcaíno era socio minoritario de Rellenos del Maipo y el dueño de Crédito y Capital le estaba cobrando 81 millones de pesos por una factura emitida a su nombre por la empresa Pacific-Caribe SpA. La historia volvía a repetirse calcada; aunque, esta vez, con una amenaza velada.

“Como usted sabe o debiera saber, las excepciones no se oponen por mail sino que mediante presentaciones judiciales, por lo que esta empresa continuará las labores de cobranza que les fueron encargadas, judicial y extrajudicialmente”, remató Torres en el correo.

El mensaje, en rigor, dejaba en evidencia el modus operandi.

La querella presentada por Alcaíno en mayo del año pasado, asegura que Torres Domínguez “recurre a este tipo de procedimientos” -subir los datos a Dicom- con un evidente objetivo extorsivo, debido a que no respetaría los procesos legales al no realizar la verificación de la factura previo a operar con ella. La estrategia, según quienes entienden el mecanismo, busca iniciar un juicio por cobro de factura hasta apoderarse del patrimonio de una empresa.

La batalla judicial terminó finalmente en un desistimiento del factoring, quien reconoció que luego de un “cuidadoso análisis y estudio interno”, además de nuevos antecedentes aportados por la contraparte, llegó a la convicción que la factura cedida por Comercializadora Pacific-Caribe SpA es “inauténtica”. O sea, falsa. Ambas causas fueron finalmente sobreseídas.