El martes pasado, según publicó el Diario Oficial, la Contraloría tomó razón de la Resolución N°153 del 2013, que introduce una nueva modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Esta medida implica  la transformación del uso de suelo de 10.000 hectáreas de tierras agrícolas a zonas de urbanización, es decir, aptas para los negocios inmobiliarios.

La superficie en cuestión se encuentra distribuida en ocho comunas periféricas de la Región Metropolitana, y de ella se nutre gran parte del abastecimiento agroalimentario de la capital. Con esta iniciativa, en la zona se podrán construir grandes proyectos habitacionales, generando pérdida total de la capacidad de producción de los suelos.

Patricio Herman

Patricio Herman

Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, rechaza este cambio a la PRMS, tanto por quienes se ven beneficiados como por sus consecuencias medioambientales: “De acuerdo a un documento oficial emanado desde el Ministerio de Agricultura y enviado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), siendo este último el promotor de este plan especulativo, no se justifica bajo ninguna circunstancia esta modificación, porque de las 10.000has consideradas, un alto porcentaje corresponde a suelos de Clase I y II, es decir, los mejores suelos del país“, declaró.

“Durante el tiempo en que Claudio Orrego fue Ministro de Vivienda en el gobierno de Lagos, derogó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la que fue reemplazada por nada, de manera que surgieran menos contradicciones entre esta liberalización de uso de suelo y su entrega a la ley de la oferta y la demanda, con lo que supuestamente debe ser bueno para el país”

Además, la organización anunció una acción de nulidad de derecho público, debido a que, entre otras cosas, el acto administrativo no fue respaldado por la votación de los Consejeros Regionales. En esa línea, Herman enfatizó: ” Nosotros  vamos a ir a la justicia. Los Tribunales van a anular este acto administrativo porque está lleno de errores de orden legal. En ese sentido estamos muy tranquilos porque finalmente este negociado no va a prosperar”.

 Las presiones privadas

No es primera vez que este tipo de alteraciones al PRMS amenazan con beneficiar exclusivamente a los grandes consorcios inmobiliarios. A finales de los 90, en la última etapa del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, existió una modificación al Plan para favorecer los intereses de especuladores. El año 1997, una de estas transformaciones, específicamente en la Provincia de Chacabuco, permitió el cambio de uso de suelo de todas las zonas que hoy corresponden a condominios de Chicureo, Lampa, Colina y Tiltil. Todas eran tierras de producción agrícola. La gran ganadora de esta maniobra fue la familia Pérez Yoma, que posee empresas constructoras.

 

Luis Mariano Rendón

Luis Mariano Rendón

Por consiguiente, la influencia de los privados fue incrementando de forma constante. Luis Mariano Rendón, coordinador de la Agrupación Acción Ecológica y excandidato a Senador por el Partido Ecologista Verde en Santiago Oriente, describe un hecho clave para este punto: “Durante el tiempo en que Claudio Orrego fue Ministro de Vivienda en el gobierno de Lagos, derogó la Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), la que fue reemplazada por nada, de manera que surgieran menos contradicciones entre esta liberalización de uso de suelo y su entrega a la ley de la oferta y la demanda, con lo que supuestamente debe ser bueno para el país”.

La PNDU que existía en el país antes de su derogación era de la dictadura, y “si bien no era una gran política pública – como plantea Rendón – al menos establecía alguna regulación en términos de cómo crece la ciudad”. Además, agregó: ” Durante la mayoría de los gobiernos de la Concertación y la política fue liberalizar. Ir cambiando los usos de suelo para permitir que los intereses de los especuladores inmobiliarios construyeran ahí, yendo en perjuicio de todo lo que se supone es el interés público”.

Las bonificaciones de una variación de este tipo en el PRMS pueden ser muchas y de distinto tipo. En ese sentido, apelando a la transparencia de los procesos, la Fundación Defendamos la Ciudad pidió al Minvu los nombres de las personas jurídicas y naturales que podrían ser favorecidas, sin embargo, según Herman: “El ministerio se negó a entregar esos nombres. Aquí hay hechos concretos que demuestran que los únicos gananciosos van a ser las familias dueñas de las inmobiliarias. La ciudad va a perder porque no existen equipamientos necesarios que soporten este nuevo negocio“.

 

Graves consecuencias

Rosario Carvajal, presidenta de la Fundación Patrimonio Nuestro y Vocera de la Red de Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, entiende esta modificación no sólo como una medida que afectará a las zonas periféricas de la Región, sino que también vislumbra los efectos que ésta tendrá sobre el resto de la ciudad: “el negocio se extiende por la ciudad en desmedro de la calidad de vida de sus habitantes. Se verá en desmedro la alimentación de la zona urbana, vamos a tener que pagar más por los productos y también para que estos sean transportados. Se pierde toda la armonía de la ciudad”.

El impacto ambiental que tiene la intensa urbanización de la Región Metropolitana es una de las consecuencias menos discutidas. Los suelos de Clase I y II que se ven afectados por esta Resolución, no son solamente de excelente calidad en Chile, sino que en el mundo. Ya en 1995, los académicos del Instituto de Geografía de la UC, Guillermo Dascal y Jorge Villagrán, describían el fenómeno en su artículo ” La periurbanización y la agricultura metropolitana: aspectos claves del ordenamiento territorial en la periferia urbana de Santiago” : ” En la práctica, en algunos casos, como en la comuna de Huechuraba, este instrumento ha significado el ´certificado de defunción´ de la agricultura, por cuanto se consideró como área urbanizable la mayor parte de la zona agrícola periurbana local”.

” (…) esta política de hacer crecer Santiago comiéndose las tierras agrícolas va en contra del sentido común en términos de contaminación del aire, de producción agrícola y descentralización “

Y no solamente se ve perjudicaba la producción agrícola de la zona, sino también se potencia uno de los principales problemas de Santiago: la contaminación. Parte del Plan de Descontaminación de Santiago del 1997 rezaba en su normativa la imposibilidad de que la ciudad se siguiera expandiendo sobre las tierras agrícolas. ¿La razón? Cuando la urbanización se propaga, se generan viajes motorizados más prologados. Por lo tanto, aumenta la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

Rendón, declara que estas medidas van en contra del interés nacional: “la clase política dice de la boca para afuera que busca la descentralización del país, sin embargo, esta política de hacer crecer Santiago comiéndose las tierras agrícolas va en contra del sentido común en términos de contaminación del aire, de producción agrícola y descentralización “.

Este proyecto de modificación al PRMS fue solicitado durante el gobierno de Michelle Bachelet, y siguió siendo impulsado en la administración actual. “Tantos los gobiernos de la Concertación como el de la Alianza siguen aplicando las políticas neoliberales y lo único que hacen es privilegiar los intereses de los grandes actores que se desenvuelven en el ámbito del recurso de suelo”, afirma Herman.

Según Rendón, el problema también reside en las prácticas propias del sistema económico: “si escarbas bien en estos temas, te encuentras con una de las principales características del modelo: la corrupción, lo que se denomina ´ la puerta giratoria´. Gente que era parte de un proyecto de expansión inmobiliaria aparece luego en un Seremi de Vivienda, o al revés, exfuncionarios públicos figuran como consultores o asesores en expansión inmobiliaria“.