El reciente jueves 19 de Diciembre, el presidente Piñera se reunió en la Moneda con representantes de las empresas generadoras de electricidad, casi en un 100% empresas extranjeras, en la denominada “cumbre eléctrica”, siguiendo la agenda fijada el año pasado en la “cumbre energética”, convocada luego de que la Corte Suprema anulara la construcción de Termoeléctrica Castilla.

La dictación del decreto que modifica la norma de calidad de aire sobre PM10, el proyecto de ley recién ingresado al parlamento en beneficio de la inversión minera, el anuncio del ministro Cristián Larroulet de una ley pro inversión, son todas medidas tendientes a profundizar el extractivismo a costa del derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que dicho sea de paso, son los que según la reciente Encuesta Nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, las y los habitantes de nuestros país sienten más vulnerados.

En este sentido, nos parece que el vencimiento de todos los plazos para la instalación del Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones, en las chimeneas de las termoeléctricas de nuestro país, permite hacerse una clara idea de cómo funcionan las cosas en la institucionalidad.

Al 23 de Diciembre del 2013, las termoeléctricas mayores a 50MW de potencia debían estar cumpliendo la norma dictada a mediados del 2010 para las emisiones al aire. La manera de corroborar que cumplen, es con un sistema de monitoreo que solo una, de las más de 90 chimeneas que operan en Chile, tiene instalado.

A fines de los años 90 se hizo ampliamente conocida la condena a muerte de localidades como Mejillones, Tocopilla, Huasco, Coronel y Ventanas, entre otras, debido a los severos daños socioambientales de las termoeléctricas que funcionaban a carbón y con pet coke, combustible derivado de los desechos del refinado del petróleo.

Ya entonces comenzaron las promesas, como respuesta a las demandas y movilización de las comunidades por mejorar las condiciones ambientales y de salud de su entorno, concretándose el 26 de Marzo del año 1999, por medio del Acuerdo Nº99 del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), la incorporación de una norma especial para termoeléctricas en el Cuarto Programa Priorizado de Normas.

Recién en mayo del 2006, 7 años después, el Acuerdo Nº302 el entonces Consejo Directivo de la CONAMA instruyó al Director Ejecutivo del organismo para iniciar el proceso de elaboración de la norma de emisión para Termoeléctricas. El proceso, culminó con la dictación del Decreto Nº 13 del Ministerio de Medio Ambiente sobre Normas de Emisión para Centrales Termoeléctricas, aprobado el 18 de Enero de 2011 y publicado el 23 de Junio 2011 en el Diario Oficial.

En esta norma, que demoró más de 12 años en dictarse pese a que pretendía salvaguardar derechos fundamentales que estaban siendo conculcados, se incluyó la instalación de un Sistema Continuo de Monitoreo de Emisiones para cada unidad de generación, sistema que debía certificar y ser aprobado por la Superintendencia de Medio Ambiente a través de una Resolución, en un plazo adicional de 2 años para las plantas que ya estaban en funcionamiento y se exigió vigencia inmediata para las nuevas plantas.

Por eso resulta enormemente grave que se pretenda manipular comunicacionalmente la suerte de las empresas eléctricas que no han podido cumplir, intentando mostrar que hubo poco tiempo, que la norma es muy exigente y demás cuestiones que son del todo falsas, lo único cierto es que los territorios asolados por la termoelectricidad irresponsable, pensaron hace doce años que sus demandas eran por fin escuchadas porque habría una norma, y de entonces hasta ahora, solo se han buscado pretextos para que la norma no opere… mientras, la gente y las culturas locales, están muriendo.

Sebastián Piñera, en el marco de la “cumbre eléctrica” planteó que encontrarían “una vía de solución al problema”, pero el problema es que no hay acuerdo en torno a cuál es el problema, si la salud de la gente, o tasa de ganancia de las empresas o la inconsistencia de nuestra institucionalidad frente al lobby de los grupos económicos nacionales y extranjeros.

Lo claro de toda esta situación es que el gran dilema energético de Chile, no pasa como dijo Larroulet por dar certeza jurídica a las inversiones y destrabar los proyectos paralizados en la institucionalidad o por la justicia, eje del proyecto pro inversión, sino que pasa por cuestionarnos nuestra esclavitud a una estrategia de desarrollo anclada en el extractivismo primario exportador de uso intensivo de la energía, que nos mantiene como rehenes de una suerte de monopolio de empresas generadoras de energía, que en complicidad con personeros de los gobiernos, imponen la política energética y deciden cumplir o no las normas. Esto hace que los gobiernos no fiscalicen -de hecho en junio ingresamos a Contraloría una demanda por incumplimiento de deberes de la Superintendencia en esta materia- y que por el contrario, solo procuren entregar más facilidades a los infractores en desmedro de los derechos de muchas comunidades que son impactadas social y ambientalmente por la energía sucia… muy sucia.