Hasta el día 5 de Marzo los gobiernos de Chile simplemente olvidaron que los glaciares estaban ahí desde tiempos inmemoriales. 3100 de ellos, cubriendo una superficie total de hasta 23.000 kilómetros cuadrados, equivalentes al 82% de los Glaciares de toda América del Sur, simplemente no existían jurídicamente.

Ni el código de aguas ni la constitución dan certeza jurídica sobre la propiedad de los glaciares, ni menos dan garantía alguna de que puedan ser considerados ecosistemas frágiles para cuya preservación se requiere un estatuto especial de protección. El asunto es tan evidente que aclarar su situación ha sido compromiso de los últimos tres programas de gobierno de Chile. Por lo demás pensar que los glaciares son sólo agua, o peor que está “detenida” es simplemente no entender lo obvio; son ecosistemas compuestos por masas de hielo que existen únicamente por que la geografía y el clima así lo permiten. Suponer que basta con legislar sobre el agua para resguardarlos es como hacer una ley sobre la madera para proteger los bosques. Y aunque parezca increíble, hay gente que insiste en ello.

En el congreso duerme una Ley de Glaciares que justamente espera resolver estos asuntos. Aunque prometida por cada candidato electo en el último período ha sido objeto de cuanta traba pueda poner el consejo minero, quienes  han señalado explícitamente que prefieren las cosas como están y que una “ley de glaciares” puede entorpecer la inversión minera. El problema es que no proteger los glaciares puede entorpecer todas las inversiones y la vida misma que depende directamente de ellos en tanto son importantes reservorios de agua y ofrecen diversos servicios ambientales a prácticamente todos los sectores productivos principales del país. Puesto en la balanza, todos necesitamos agua y todos necesitamos glaciares.

Greenpeace activists stay in their camp disposed on Olivares glacier during the symbolic founding of "Republica Glaciar" at Los Andes Mountain range

El plan de ampliación Andina 244 de CODELCO planea utilizar el terreno cubierto por glaciares para sus operaciones, destruyendo esos ecosistemas. Los Alcaldes de la zona de Lo Barnechea, Los Andes, Hijuelas y las comunas aledañas han levantado ya sus voces para impedir que el proyecto tal cual está, siga avanzando. En efecto en Greenpeace también hemos apoyado dicha iniciativa solicitando el incompleto y deficiente proyecto presentado por la empresa estatal sea anulado pues la información errada e insuficiente hace imposible siquiera magnificar su impacto. Pascua Lama, Alto Maipo, Pelambres y Los Robles son otras pruebas lamentables de que en chile hoy no es posible ni prevenir ni curar.

Así los glaciares en Chile son -literalmente- tierra de nadie, a merced de un marco jurídico que no pone límites cuando de sustentabilidad se trata. Proteger los glaciares es proteger un equilibrio que es clave; el ciclo del agua. Por eso decidimos usar ese mismo limbo jurídico y derechamente declarar a los glaciares un territorio soberano bajo la administración de un nuevo estado compuesto por ciudadanos comprometidos con su protección; La República Glaciar.

En atención a los convenios internacionales hemos aprovechado este “agujero” legal  invitando a hacerse ciudadanos y al cierre de esta columna, el día 7 de la República, más de 40.000 personas ya se hicieron parte de ella. Una cifra récord, especialmente considerando que a inicios de semana poca gente siquiera sabía del tema y su gravedad. ¿Nuestro objetivo? Reunir suficiente presión nacional e internacional para vencer el muro de silencio que hoy mantiene los abusos sobre los glaciares incentivando una negociación bilateral con Chile que permita un compromiso explícito a favor de una Ley que efectivamente proteja los glaciares y limite las actividades que los afectan en sus cercanías. Logrado este compromiso nuestra república se disuelve, y hasta que eso no ocurra utilizaremos todas las herramientas diplomáticas, legales y de acción no violenta a nuestra mano para resguardar nuestra principal riqueza este siglo; El agua de los glaciares.