La hora de Hidroaysén se posterga otra vez

El Comité de Ministros resolvió iniciar un proceso invalidatorio respecto a la resolución del gobierno anterior sobre el proyecto HidroAysén. Así lo informó hoy el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Estableciendo un plazo de 60 días para resolver los 35 recursos de reclamación presentados tanto por la empresa como los opositores al proyecto.

«Hemos resuelto invalidar los acuerdos del Comité de Ministros del 30 de enero que resolvieron parcialmente los recursos de reclamación que se presentaron contra el proyecto HidroAysén», aseveró Badenier. La de decisión adoptada por el Consejo supone una nueva indefinición respecto a la viabilidad de un proyecto que lleva ya más de 6 años de tramitación.

El 13 agosto de 2008 el megaproyecto HidroAysén ingresó su estudio de impacto ambiental (EIA),  de 11.000 páginas, al entonces Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El proyecto fue presentado por las sociedades Endesa S.A. España,  actualmente controlada por Enel (Italia), y Colbún perteneciente al grupo Matte, quienes en conjunto concentran cerca de un 75% de la generación del Sistema Interconectado Central (SIC).

Tras los 30 días hábiles de plazo para pronunciarse sobre el EIA, los 33 servicios públicos con competencia realizaron 2.698 observaciones. De estos 33 servicios, 11 manifestaron que carecía de información relevante y esencial para evaluarlo, y que en consecuencia correspondía aplicar el artículo 24 del Reglamento del SEIA, es decir, no seguir tramitando la evaluación ambiental del proyecto.

Sin embargo el 7 de noviembre de 2008, en la sesión de la Corema de Aysén, el entonces intendente Selim Carrasco, presidente de la Corema decidió enviar un Icsara (informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones) al titular del Proyecto Hidroeléctrico Aysén, sin que existiera votación o deliberación de la Corema al respecto, dejando fuera del Iscara el 99% de las observaciones anteriores.

El 20 octubre de 2009, después de varias solicitudes consecutivas de aplazamiento, la empresa entregó la primera adenda. El documento da respuesta al Icsara número 1. Un mes después, los servicios públicos se pronunciaron sobre la Adenda 1. Catorce de ellos manifestaron inconformidad, entre ellos CONAF, SERPLAC, SAG, MOP, MINVIU, SERNATUR, la Gobernación Marítima, además de las municipalidades de Tortel y Chile Chico.

Debido a la magnitud y características del proyecto, este encontró un amplio rechazo en distintas organizaciones sociales y ambientales, siendo Patagonia Sin Represas, entidad  compuesta por 70 organizaciones chilenas e internacionales, la principal contraparte al lobby realizado por las empresas involucradas en el proyecto. De acuerdo a una investigación realizada por CIPER en noviembre de 2013, solo las donaciones que las empresas involucradas en el proyecto realizaron a las campañas políticas, desde la presidencial hasta la de Cores, ascendió a $1.915 millones, situando al consorcio Colbún-Endesa entre los mayores “inversionistas” de campañas electorales.

Por su parte Patagonia Sin Represas (financiada principalmente por las instituciones estadounidenses Tides Foundation, Weeden Foundation y Global Green Fund, las que en conjunto, en los últimos tres años han entregado 2 millones de dólares) lleva más de seis años realizando diversas actividades, como campañas de propaganda en los medios y manifestaciones. En mayo de 2011, en conjunto con otras organizaciones ciudadanas y ambientalistas, congregó a más 40.000 personas a la Alameda, siendo una de las primeras grandes protestas de 2011.

Más de seis años han pasado desde que Hidroaysen ingresó su EIA. A esta altura, independiente de la resolución final que se tome respecto al megaproyecto, parece incluso más importante revisar, más allá de la evidente y ya tantas veces repetida ausencia de una política energética capaz de integrar las nuevas demandas ambientales y de justicia social,  qué déficits institucionales de la legislación ambiental conjugan para que aún no exista una resolución final respecto a la viabilidad de un proyecto con estas características, hecho que solo contribuye a incrementar la desconfianza, por parte de la ciudadanía y empresariado, respecto a la incipiente institucionalidad ambiental nacional.