patricio seguraSiguiendo el libreto explicitado hace varios meses por Máximo Pacheco, la Presidenta Michelle Bachelet anunció en su mensaje del 21 de mayo uno de los proyectos estrella del ministerio de Energía.  El deequidad tarifaria, ese acto reivindicatorio del Estado con las comunas y regiones que pagan las cuentas más altas del país.

“No podemos permitir que existan hogares –especialmente en regiones más aisladas y vulnerables- que paguen hasta el 80 por ciento más en sus cuentas respecto de quienes tienen cuentas más bajas.

Es por ello que enviaremos un proyecto de ley que se hará cargo de las diferencias en tarifas eléctricas de los clientes residenciales para que nadie pague más de un diez por ciento del promedio de las cuentas a nivel nacional.

Y en junio próximo, enviaremos un proyecto de ley para incorporar un reconocimiento a todas las comunas que aportan de manera relevante a la generación de energía de la que nos beneficiamos todos los chilenos y chilenas. ¿Qué quiere decir esto? Que comunas donde hay generación eléctrica como Tocopilla, Mejillones, Alto Biobío, Huasco, Quillota, Puchuncaví, Colbún, San Clemente, Coronel, Santa Bárbara y Antuco, entre otras, tendrán una baja”.

Bien por el mensaje de la Presidenta.  Por lo menos la parte en que habla de reducir la brecha entre quienes pagan más y menos por kilowatt/hora en todo el país.  Es meter una cuña al principio rector de precio según volumen de población (clientes), avanzando hacia el de la electricidad como servicio accesible para todos.  No tanto como la figura de gratuidad universal, pero sí para que se entregue en similitud de condiciones económicas, independiente del lugar de residencia.

Es este concepto hermano del de derechos y servicios garantizados, que incluye todos aquellos fundamentales para vivir con dignidad.  Ejemplo son salud, vivienda, previsión social, agua potable. También el derecho a la comunicación y, por cierto, a un medio ambiente libre de contaminación.

Esta noción compite con la del mercado como eje rector. Donde no solo todo tiene un precio sino que además este es definido exclusivamente por el lucro privado.  Factor para el que, como hemos visto ya en demasiadas ocasiones, no hay interés público y bien común que valga.

Pero la propuesta de Michelle Bachelet no se queda ahí.  También nos habla de una iniciativa que busca un “reconocimiento a todas las comunas que aportan de manera relevante a la generación de energía de la que nos beneficiamos todos los chilenos y chilenas”.

Es esta idea la que conlleva un riesgo del cual Máximo Pacheco está consciente.  Y de la cual hemos visto varias.  Hasta ahora, todas infructuosas.

Primero fue el ex ministro de Energía (PPD), Marcelo Tokman, quien en las postrimerías del primer gobierno de Michelle Bachelet envío un proyecto para “destinar dineros fiscales (el cargo inicial sería a la empresa, que luego lo descontaría de sus impuestos) por megawatt instalado en comunidades que asumieran costos socioambientales de proyectos energéticos de alto y negativo impacto”.

Luego vino la iniciativa de su correligionario, el ex diputado Felipe Harboe, con una especie de Ley Tokman 2.0.  El objetivo de su propuesta, presentada a fines del gobierno de Sebastián Piñera, era incorporar el siguiente artículo a la Ley General de Servicios Eléctricos: “Las empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio público de distribución a todos los usuarios finales ubicados en sus zonas de concesión, deberán rebajar, un 40% de las cuentas de consumo eléctrico a los clientes que tengan domicilio en la comuna donde este emplazada una unidad de generación conectada a un sistema eléctrico que posea una capacidad instalada igual o superior a 200 megawatts, y que corresponda a su concesión”.

Y hoy es el turno del socialista Máximo Pacheco.

La premisa de “ecualizar las tarifas” es una aspiración que muchos tenemos desde hace tiempo.  Han sido años de visibilizar la injusticia cometida por Endesa –en complicidad con la Concertación- con el pueblo mapuche en el Alto Biobío al imponer las represas Pangue y Ralco. Injusticia que se convierte en tragedia al saber que las comunas allí emplazadas tienen las tarifas eléctricas más elevadas del país, en ocasiones incluso más que las de la región de Aysén.

Pero “reconocer” a las comunas generadores no es más que ponerle precio a la vulneración de  derechos. Figura que se acerca demasiado a la de “pagar por contaminar” y que va en sintonía con el objetivo último que en todo momento el ministro Máximo Pacheco ha explicitado: destrabar proyectos.

Muchos quisiéramos que la visión de todo secretario de Estado fuera un mejor país para todos quienes habitamos este suelo. Lamentablemente tal no es la mirada general.  Porque sí así se pensara, no se estaría promoviendo pagar a comunidades carenciadas por soportar infraestructuras que afectan dramáticamente su calidad de vida.  No querría compensar sino restituir las condiciones de dignidad que todo chileno y chilena merece.   No querría, como pareciera ser su intento, que el resto recoja el anzuelo y acepte ser “zona de sacrificio”.

Sí, aplaudimos la ecualización tarifaria.  Pero no podemos evitar afirmar que el “premio” para las comunas generadoras del que habla Pacheco suena más a “soborno eléctrico”.

Lo que hoy se requiere no es solo jugar a la “zanahoria” y el “garrote” del patrón de fundo dueño del interruptor.  Lo que se requiere, y lo reafirmamos esta semana, es un ordenamiento territorial democráticamente acordado, contemplar participación ciudadana vinculante en las decisiones sobre el desarrollo local/regional y sobre los emprendimientos propuestos por intereses del inversionista, y aplicar correctamente el derecho para prevenir la degradación ambiental y asegurar el uso sustentable de los recursos naturales y los territorios.

Lo otro no es más que disfrazar de bondad una profunda injusticia socioambiental.