Los empresarios están enojados por la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al Código de Aguas, que establece que esta es bien de uso público y prioritario para el consumo humano y pone fin a entrega de derechos a perpetuidad.

Se trata de un avance limitado, porque estas modificaciones solo regirán para los derechos no entregados, que son apenas el 10% de las aguas disponibles.

Pero eso es suficiente para que el empresariado chileno ponga el grito en el cielo. Según informa El Dínamo, el presidente de la Sofofa Hermann von Mühlenbrock aseguró derechamente que “el agua es un derecho que tienen las empresas y hay efectos muy fuertes, por ejemplo, las garantías que tienen los bancos. Genera una situación muy precaria a las empresas agrícolas si esto pasa a poder perderse o relativizarse un derecho que hoy existe constitucionalmente”.

Misma posición mostró la Sociedad Nacional de Agricultura. El presidente de la asociación Patricio Crespo dijo que se trata de una “expropiación encubierta” y que “se termina haciendo un show y engañando a la opinión pública. Es un proyecto que es inconstitucional y lo que ha buscado es, sobre la base de redacciones engañosas, hacer creer que los derechos vigentes no cambian. Aquí no hay que ser muy vivo para darse cuenta”.

Por su parte, el dirigente de Modatima Rodrigo Mundaca afirmó en una columna que “la clase empresarial, como es de histórica costumbre, tiene representantes políticos directos que se defienden fervientemente el derecho de propiedad sobre las aguas por sobre cualquier otro derecho (como el derecho humano al agua)”.

“La Nueva Mayoría logró la aprobación de una reforma característica de la transición pactada, hecho que, en resumidas cuentas, favorece indirectamente al gran empresariado”, agregó.