Hasta ahora, todas las actividades de SQM ligadas al financiamiento irregular de la política y al lobby en la tramitación de proyectos de ley beneficiaron a la minera no metálica había sido a través de Patricio Contesse, ex gerente general y mano derecha de Julio Ponce Lerou.

Un reportaje de Ciper vislumbra, por primera vez, que el controlador de la empresa tuvo un rol clave en la tramitación de la actual institucionalidad ambiental chilena, sobretodo en los límites que tiene.

Fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet cuando se tramitó el proyecto que transformó la Comisión Nacional de Medio Ambiente en un ministerio, dirigido hoy por la ex diputada Marcela Cubillos (UDI), quien patrocinó precisamente las indicaciones que SQM envío a parlamentarios afines.

El proyecto, además del ministerio, también creó la Superintendencia de Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental.

En plena tramitación, el propio Julio Ponce Lerou le hizo llegar al ex diputado Roberto León (DC) -uno de los políticos salpicados por el financiamiento ilegal de SQM- una minuta con 41 indicaciones que resguardaban los intereses de la empresa ante la nueva institucionalidad que, en ese momento, estaba discutiéndose en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Según declaró Pauline De Vidts ante los fiscales, entonces vicepresidenta de sustentabilidad de SQM, a la minera le interesaba que la Superintendencia no fuera “juez y parte”. Algo que, según ella, lograron evitar.

Las indicaciones elaboradas por SQM fueron recopiladas en un documento llamado “Diagnóstico y propuestas para el perfeccionamiento de proyecto de ley de nueva institucionalidad ambiental”. Este texto fue recibido por León y el ahora senador Francisco Chahuán (RN).

En noviembre de 2008, De Vidts envió un correo a su entonces jefe, Patricio De Solminihac -hoy gerente de SQM-, en el que decía que “es valioso el tiempo que podemos perder si no las entregamos pronto (las indicaciones) para que los diputados las puedan ‘hacer propias’ y así las pueden presentar a la comisión (de Medio Ambiente) de forma oportuna”.

De las 41 indicaciones que elaboró la minera, cinco se presentaron exactamente igual a cómo las envió SQM y otras cuatro cambiaron la redacción, pero tenían el mismo efecto que buscaban.

Una de ellas, por ejemplo, apuntaba a quitarle a la superintendencia la facultad de interpretar normas de emisiones y planes de prevención y descontaminación. Esta indicación fue presentada por el entonces gobierno, junto a los diputados Chahuán, Eugenio Bauer, Roberto Sepúlveda, Alejandro GArcía Huidobro (actual senador) y Marcela Cubillos, actual ministra de Medio Ambiente. Fue aprobado por unanimidad.

Cubillos también patrocinó otra indicación casi calcada a la minuta de SQM. Se trata de una modificación a las penas a una empresa por ser multada por la superintendencia, que decía que las personas naturales que representaran legalmente a la compañía tendrían “responsabilidad solidaria” en el pago.

En el documento de SQM, se sugirió cambiar la palabra “solidaria” por “subsidaria”. Los mismos diputados (Chahuán, Cubillos, Bauer, García Huidobro y Sepúlveda) presentaron la misma modificación.

Consultada, la ministra Marcela Cubillos aseguró que “no sabría cómo reconstituir la historia de cada indicación que haya presentado en las distintas comisiones durante los ocho años que fui diputada. Lo normal es que las indicaciones se patrocinen por varios diputados”.

Mira acá una comparación de las indicaciones elaboradas por SQM (realizado por Ciper):

Fuente: Ciper