Casi un tercio del total de azúcares libres consumidos por la población chilena provienen del consumo de bebidas, jugos y aguas azucaradas. “Esto pone a Chile entre los mayores consumidores de bebidas azucaradas del mundo en términos de calorías ingeridas al día y representa un gran contribuyente a la epidemia de obesidad que observamos”, explicó Cristóbal Cuadrado, profesor de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, quien es uno de los expertos que participó del estudio que analizó los patrones de compra de hogares chilenos desde 3 años previos a la implementación del impuesto hasta un año después.

El sondeo, realizado en 2.900 hogares determinó que tras la implementación del alza impositiva en 2014, disminuyó un 21,6% el volumen consumido mensualmente de bebidas de alto contenido de azúcar, observable mayoritariamente en hogares de niveles socioeconómicos medios y altos. Por otro lado, contrario a lo esperado, no se observó un alza importante en el consumo de productos bajos en azúcar.

“Estimamos una reducción de 700 ml al mes por persona, siendo el promedio de consumo de 3,5 litros por persona”, detalló Cuadrado, quien advirtió que “cuando uno mira estadísticas que incorporan la compra fuera del hogar, este número es bastante más alto”.

Para el académico de la ESP, “esta reducción es significativa. Pese a que fue un impuesto de magnitud pequeña, logró generar una modificación del consumo de los hogares, lo que habla positivamente del potencial de este tipo de medidas en línea de lo que ha pasado en México o en el Estado de California en Estados Unidos en los cuales la implementación de estos impuestos ha ido de la mano de cambios en los patrones de conductas de las personas”.

 Carga impositiva

El Impuesto Adicional a las Bebidas Azucaradas (IABA) se aplica desde 2014 a bebidas no-alcohólicas a las que se hayan agregado colorantes, saborizantes o edulcorantes. Para bebidas con una concentración de azúcar agregada de 6.25 gramos por 100 ml o más, el IABA existente se incrementó de 13% a 18%; mientras que para aquellas por debajo de este umbral, el impuesto se redujo de 13% a 10%, produciendo una diferencia impositiva de 8%.

En línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, un número creciente de países han implementado o se encuentran en proceso de implementación de impuestos similares, tales como México, Reino Unido y Sudáfrica. Así mismo, varios estados en Estados Unidos han avanzado en la misma línea como Berkeley, San Francisco y Philadelphia.

Marc Suhrcke, Profesor de Economía de la Salud Global de la Universidad de York y coautor de la investigación señaló que “los resultados sugieren que la política fiscal chilena ha sido efectiva en reducir el consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, es necesario que los tomadores de decisión tengan en cuenta que por sí misma esta política no permitiría reducir las grandes desigualdades socioeconómicas en salud relacionadas con la alimentación”.

A nivel mundial hoy la obesidad es uno de los grandes desafíos de la salud pública. En Chile ésta ha tenido una fuerte arremetida: según estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud, entre 2009 y 2016 la obesidad avanzó desde un 25,1% a un 34% en la población.

Las políticas en salud dirigidas a enfrentar el problema en el país han sido diversas y el alza impositiva a ciertos alimentos dañinos para la salud, podría pensarse como una medida más de estas estrategias. En este sentido, para el Dr. Cristóbal Cuadrado, los promisorios resultados de este estudio indican que hay que dar el siguiente paso: “Tenemos que abrir una discusión que a nosotros nos parece más todavía más interesante, y que es que hay avanzar en un impuesto según el contenido de azúcar de los alimentos ultraprocesados y no enfocarse solamente en las bebidas azucaradas”.

El estudio, financiado por CONICYT-Chile y el Research Council de Reino Unido, fue publicado en la revista científica PLOS Medicine y es fruto de la colaboración de científicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la University of York (Reino Unido); Hitotsubashi University (Japón) y el Luxembourg Institute for Socio-Economic Research (Luxemburgo).