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El documento de formulación de cargos deja en condicional la relación entre las faltas de la empresa y los episodios tóxicos en Quintero-Puchuncaví, debido a la cantidad de tiempo que pasó. Según Greenpeace, la formulación de cargos «es tardía e insuficiente, es el equivalente a decir dos semanas después de un choque gravísimo que la ampolleta del semáforo estaba quemada».
Ayer se confirmó lo que todos esperaban. Después de dos semanas del episodio de nube tóxica que afectó a las localidades de Quintero y Puchuncaví, la Superintendencia de Medio Ambiente formuló cargos en contra de la empresa ENAP, sindicada desde el primer momento como la eventual responsable de las emanaciones dañinas para la población.
La resolución establece que ENAP utiliza un sistema de tratamiento que provoca «el vertimiento de fluidos con una caracterización distinta a la aprobada», que muestran una «eficiencia de remoción inferior a la comprometida en la evaluación ambiental», un «vertimiento de fluidos que contravienen el diseño del sistema de tratamiento» y otro vertimiento «de fluidos en un lugar distinto al estanque de distribución».
Con la formulación de estos cargos, la empresa autónoma del Estado puede terminar con una amonestación y multas, hasta la suspensión y clausura total del recinto.
Ayer mismo se confirmó también la renuncia de Gonzalo de la Carrera a la vicepresidencia de Enap, criticando al gobierno por cómo construyeron un caso contra ellos. Su explicación se basó en lo que llamó «un dilema ético: Cómo enfrentamos una situación en que nuestro accionista mayoritario (el Estado) ha decidido formular cargos contra la empresa”.
Sin embargo, la formulación de cargos no deja tranquilos a la comunidad en Quintero, que hoy amaneció con cuatro escuelas tomadas por sus estudiantes, quienes han sido los principales afectados de las emanaciones tóxicas.
Uno de los alcances más llamativos del documento emanado por la SMA está en el punto 74, donde dice que «los hechos reseñados [las faltas de ENAP] se vincularían a la emergencia ambiental ocurrida en la comuna de Quintero. Ello por cuento, al encontrarse hidrocarburos expuestos a la intemperie, por lapsos temporales significativos, éstos se habrían volatilizado a la atmósfera».
En conversación con El Desconcierto, el director de Greenpeace, Matías Asun, asegura que el documento da a entender que todas las faltas identificadas se «suponen como relacionadas con la crisis, pero no se establece una relación de causalidad».
«Desde el punto de vista lógico es innegable: No tener una red de monitoreo suficiente en la zona impide que dispersado de los aires podamos saber lo que ocurrió, lo que se traduce en impunidad. Eso es lo que se desprende del documento», agrega Asun, para quien todo esto deja una gran conclusión: «Si la SMA hiciera su trabajo, habría detectado esto hace meses, lo que confirma la triste realidad de que no se hicieron suficientes acciones preventivas de fiscalización en la zona, lo que nos podría haber ahorrado todo el sufrimiento de estos días».
La formulación, afirma, es tanto «tardía e insuficiente. Es el equivalente a decir dos semanas después de un choque gravísimo que la ampolleta del semáforo estaba quemada».
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Pese a los cargos imputados a ENAP, la SMA mantiene dudas respecto a la contaminación de esta semana, que se produjo mientras la estatal estaba paralizada. Por eso tiene en la mira a Codelco y a AES Gener, a las que le pidió un detalle de emisiones de compuestos regulados en las últimas 72 horas.
La entidad también pidió a todos las empresas del cordón industrial de Quintero-Puchuncaví que entregaran información respecto a sus condiciones de operación, contingencias y reportes de emisiones atmosféricas.
Las dudas, sin embargo, apuntan a Oxiquim, la empresa cuyo directorio es dirigido por el abogado Fernando Barros, histórico socio del presidente Piñera y del esposo de la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
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Para Asun, el solo hecho que tanto Codelco como Oxiquim tengan planes de expansión en marcha «revela el nulo entendimiento de lo que pasa».
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