Hasta La Moneda llegaron este jueves distintas organizaciones de la sociedad civil para reiterar la solicitud de audiencia al Presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de plantear la necesidad de firmar el Acuerdo de Escazú, luego que no se les contestara la carta entregada el pasado 16 de octubre.

Representantes de la ciudadanía, Espacio Público, ONG FIMA, Observatorio Ciudadano,  Amnistía Internacional, CODEFF y Greenpeace, entregaron una nueva carta para poder despejar las eventuales dudas que existan, para concretar la firma y ratificación en el más corto plazo del Acuerdo de Escazú. Lo anterior, ante la inacción de Cancillería frente a un tratado que el Ejecutivo ya había apoyado formalmente, en coherencia con su política internacional y nacional.

Esto, en un contexto donde los eventos de conflictividad socioambiental acaecidos en Chile en las últimas semanas, muestran lo necesario de contar con herramientas institucionales para canalizar las controversias entre el Estado y la ciudadanía y poder, de este modo, evitar acontecimientos tan dramáticos como los registrados para la salud y vida de las personas. Fallecimientos en extrañas circunstancias, como la de Alejandro Castro, y el peligro inminente de intoxicaciones masivas en la bahía de Quintero, son hechos que le restan legitimidad y credibilidad al gobierno y, más ampliamente, al Estado como un organismo capaz de velar por los derechos de su ciudadanía y la protección del medio ambiente.

Al respecto, Andrea Sanhueza, experta en Participación Ciudadana y representante electa del público para la negociación del acuerdo, señaló, “La gente está cansada y frustrada de no ser parte de las decisiones que afectan directamente sus vidas y los lugares donde viven. El Acuerdo de Escazú no es una varita mágica, pero su implementación permitirá tener instancias donde los distintos actores podrán dialogar en un marco de Estado de derecho, donde el Estado tendrá el rol de canalizar y garantizar este diálogo. El Acuerdo de Escazú fortalecerá la gobernabilidad en la toma de decisiones ambientales”.

En Chile aún no existe suficiente y completa información de nuestro medio ambiente; no están instalados sistemas de alertas tempranas sobre impactos que constituyen una amenaza inminente para la salud o el medioambiente; el alcance y momento de los procesos de participación ciudadana son insuficientes y existen pocas medidas que permitan reducir las barreras económicas y sociales para acceder a la justicia ambiental, que permitan revisar y reparar las decisiones que han  generado impacto en la calidad de vida de las personas y el medioambiente.

“En la reciente cumbre del G-20 en Argentina, el medio ambiente fue fundamental y Chile no se quedó al margen. Este acuerdo fue negociado con el liderazgo de Chile, tanto así que fuimos los primeros en llamar a firmar el acuerdo al resto de los países y el texto de la reforma al SEIA se basa en este acuerdo. Entonces sigue siendo incomprensible y vergonzoso que el presidente Piñera todavía no haya materializado su compromiso con la democracia ambiental. Hoy la situación más que nunca exige que se avance en esta materia”. Puntualizó Gabriela Burdiles, Directora de Proyectos de ONG FIMA.

Otro dato relevante, en el que hicieron hincapié, son los datos entregados por Espacio Público en su informe “Derribando mitos, propuestas para mejorar el acceso a la justicia Ambiental”, en el que se muestra que los principales usuarios de los Tribunales Ambientales son los titulares de proyectos de inversión (40,2%), quienes además, son los que tienen resultados más exitosos en sede judicial. Con ello, se desmitifica la extendida idea de que las reclamaciones ante los tribunales ambientales son utilizadas para oponerse a proyectos de inversión.