Desde la firma de los acuerdos de paz en Colombia, el pasado mes de noviembre, se han registrado 89 asesinatos de defensores de los derechos humanos y 282 ataques, según cálculos de la Fundación Paz y Reconciliación.

La violencia contra los líderes sociales, activistas y representantes de las comunidades campesinas aún no se detiene.

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El último asesinato se produjo este martes en el municipio de Tumaco, en el suroeste del país. La víctima fue José Jair Cortés, del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, organización que había denunciado la masacre de siete personas durante una protesta. Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo repudiaron el asesinato y exigieron esclarecer lo sucedido.

La muerte de Cortés es un síntoma de la todavía precaria estabilidad del campo colombiano por dos razones. A la indefensión que sufren los líderes comunitarios se añaden en este caso las circunstancias específicas del lugar donde ocurrió. Tumaco, en el departamento de Nariño, es uno de los territorios más inestables del país. En ese puerto del Pacífico existe una disputa entre 11 grupos, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que acordó un alto al fuego con el gobierno colombiano hasta enero, el cártel del Clan del Golfo y las Guerrillas unidas del Pacífico.

El Cauca, Antioquia y Caquetá son otros de los departamentos colombianos más afectados.

En respuesta al asesinato del activista, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, convocó para este jueves al Consejo Nacional de Garantías de Seguridad. La comisión, integrada por los ministros de Defensa, Interior y Justicia, el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, el comandante de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía, tres expertos y dos defensores de los derechos humanos, “para analizar los hechos que han afectado a la seguridad de líderes sociales”.