El presidente del Senado, Jaime Quintana, informó este jueves que ordenó al secretario General de la Cámara Alta iniciar una investigación administrativa interna, tras corroborar que la nueva ley de pago en 30 días a pequeñas y medias empresas (pymes) fue promulgada con un grave error.

“Todo indica que el problema se produjo en la redacción de los informes técnicos, por tal motivo y con el propósito de conocer el detalle de lo ocurrido, le he pedido al secretario general instruir una investigación administrativa”, dijo Quintana, tras ser consultado por Emol.

El Desconcierto publicó el lunes 13 de mayo un extenso reportaje en el que comparó la antigua ley que regía la relación entre las pymes y grandes empresas, con la nueva que promovió el gobierno en el Congreso y que se aprobó en tiempo récord. En concreto, la nueva ley estableció que las grandes empresas deben pagar en 30 días a sus proveedores pymes. Pero en su tramitación, se eliminó un inciso de un artículo clave; uno que permitía a esas mismas pymes demandar a las grandes compañías cuando son vulnerados sus derechos comerciales.

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El gobierno, titular de la iniciativa, admitió el error y comprometió cambios a la brevedad. “Claramente responde a un error, ya que en ningún momento del trámite de la ley 21.131 dicho inciso fue materia de debate ni tampoco su eliminación responde al espíritu de dicha iniciativa legal. Dado lo anterior, el Ministerio está estudiando la adopción de las medidas necesarias para corregir, a la brevedad, esta situación”, manifestó el ministerio de Economía, encabezado por José Ramón Valente.

Sin embargo, una semana después, el mismo Valente se refirió a este tema como cosas que “a veces pasan” y culpó al Congreso del asunto: “este es un tema que se debió a un error de transcripción de la secretaría y de la biblioteca del Congreso”.

Quintana, en tanto, agregó este jueves que los senadores tampoco eran los culpables de esta situación. “Quiero ser enfático en señalar que esto no es responsabilidad de los senadores o senadores, es más la materia excluida nunca fue parte del debate”, dijo el senador.

La investigación administrativa que hará el Senado apuntará ahora al rol de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), tal como quiere Valente; y al secretario de la comisión de Economía, Pedro Fadic, aunque también podría incluir a funcionarios de la Segpres que debían estar atentos a la evolución de dicha ley.

La BCN, en tanto, en un hecho inédito, publicó la noche de este miércoles una declaración pública en la que rechazó que se le imputara a ella la responsabilidad en el error.

“Queda de manifiesto que en la aplicación de la ley 21.131 no se han llevado a cabo acciones interpretativas por parte de la Biblioteca, sino que la modificación se ha realizado conforme a lo que dispone el legislador, en sus términos formales, por lo que no resulta razonable imputarle a la Biblioteca un error de esta naturaleza en este caso particular”, dijo la BCN.

Sobre lo mismo, agregó que “a la Biblioteca del Congreso Nacional no le corresponde evaluar el contenido de las leyes publicadas, pero contribuye a la transparencia de la actividad legislativa y al conocimiento del proceso de formación de la ley, dando acceso a su acervo jurídico e histórico”.

La senadora Ximena Rincón (DC), por su parte, anunció el miércoles el envío de una moción parlamentaria para solucionar el error. Pero, a diferencia de Valente, Rincón apuntó al gobierno como el responsable por su falta de control en las normas que publica.

“No sé cómo está trabajando el Ejecutivo los controles de la normativa que publica, porque ellos son los que tienen que mandar a publicación al Diario Oficial. Y no sé qué ha pasado ni con el Ministerio de Economía ni con la Segpres, que son quienes tienen que responder”, dijo Rincón.

Además, la parlamentaria aclaró que el comité DC analizó el tema el día lunes y “vamos a ver en régimen” lo que ha pasado en lo que corresponde a la labor de la corporación. “Es importante saber quién es el responsable de recortar una norma de la Ley para Pymes y realizar la investigación del caso para que esto no se vuelva a repetir nunca más. Porque en el trámite legislativo nunca se discutió”, enfatizó la representante DC.

Finalmente, la senadora señaló que el tema lo trató con los asesores del ministro previo a esta sesión de la comisión de Economía y según ellos, “tomaron conocimiento cuando ya se había publicado la norma, por lo tanto, el error ya estaba”.

En la misma línea, el vicepresidente del Senado, Alfonso de Urresti, aseguró que el ministro Valente mintió al endosar la responsabilidad a la Biblioteca del Congreso Nacional en el error.

“Siendo autor de la ley junto al ex senador Tuma creemos que aquí nuevamente el ministro Valente miente. En la propia tramitación él trato de forzar esta ley para proteger determinados intereses, especialmente de la banca o de grandes proveedores”, afirmó el senador.

Asimismo, De Urresti recordó que durante la tramitación de la norma le hizo ver al secretario de Estado que La Moneda una vez más estaba recurriendo a la “letra chica”.

“Le insistimos y está en las actas de la intervención de la discusión de este proyecto que la ley venía con letra chica y lo de hoy no hace más que confirmar la actuación absolutamente negligente del ministro Valente en esta tramitación y tendrá que dar las explicaciones de por qué la ley no está siendo operativa, que no era para nada el propósito que hubo al momento de presentarla”, dijo el parlamentario socialista.

De Urresti fue más allá señalando que “es importante que aclare por qué desapareció el párrafo, así como también tiene que dar muchas explicaciones por lo que ocurrió en el INE y sobre lo que está ocurriendo en su cartera donde se han producido situaciones anómalas”.

En ese sentido, el vicepresidente del Senado advirtió que “esta omisión de ese párrafo que claramente se discutió y fue parte del proyecto tendrá que ser aclarado por el ministro o tendremos que ir a tribunales o a la Contraloría General de la República para que se pueda dilucidar”.