Caso cascadas: Las alternativas de la fiscalía para revertir el fallo que liberó al gerente de Julio Ponce

En diciembre del año pasado, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió su veredicto y absolvió al gerente general de las llamadas sociedades cascada, Aldo Motta. El pasado domingo, dos meses después, los jueces notificaron a los intervinientes del proceso y les entregaron el texto íntegro del fallo. Ahora, con las más de 400 páginas de la sentencia en su poder, la Fiscalía y los querellantes trabajan a toda máquina para decidir los pasos a seguir.

La sentencia se convirtió en un nuevo revés para los persecutores, luego de que en abril del año pasado la Corte Suprema resolviera anular el fallo de primera instancia que había condenado a Motta a cuatro años de libertad vigilada por delitos de la Ley de Mercado de Valores y ordenara repetir el juicio.

El fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, está a cargo de la investigación y dentro del equipo que tiene, ahora, la responsabilidad de analizar la sentencia se encuentra la Fiscalía de Alta Complejidad encabezada por Ximena Chong.

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En conversación con El Desconcierto, Chong se refirió al razonamiento del tribunal y afirmó que “no compartimos los fundamentos, creemos que tiene varios errores en el análisis”, a lo que precisó que “hemos detectado varios errores fácticos en la estructuración de los hechos que se dan por establecidos”.

Por su parte, el abogado querellante, Mauricio Daza, que representa a Roberto Lobos Cerda, uno de los accionistas minoritarios de sociedades que eran parte del esquema, opinó que “el fallo es vergonzoso y aberrante”.

“A partir de lo que sostiene el fallo de mayoría, se debería concluir que no podría existir nunca ningún tipo de acción ilícita o fraudulenta si se cumple reglamentariamente con los requisitos formales establecidos para que esa operación se pueda realizar en la bolsa (de valores), lo que es absurdo”, explicó, a lo que agregó que “esto haría caer toda la legislación que castiga, precisamente, los fraudes que se cometen en ese contexto”.

Fuente: Agencia Uno (Archivo).

Los escenarios

Tanto el Ministerio Público como los equipos jurídicos de los querellantes corren contra el tiempo, ya que, independiente de la alternativa que decidan seguir, los plazos son de solo algunos días y las opciones son escasas.

La fiscal Chong aseguró que “a más tardar el jueves tomaremos una determinación, a ver si vamos a ejercer o no algún tipo de recurso en torno a esto”, agregando que, si bien ellos son parte del análisis, la decisión final la tendrá el fiscal Armendáriz.

Sobre esto, Daza asegura que “quedan algunas alternativas, las estamos y las vamos a ejercer”, sin entrar en detalles y explica que para ellos “más que un tema de probabilidades, es un tema de convicción, por lo que vamos a extremar todos los recursos”.

En cuanto a las determinaciones que pueden tomar, una opción podría ser un recurso de nulidad, para lo que tienen plazo hasta el próximo miércoles. La complicación radica en que, en principio, no es una posibilidad. La ley establece que no se puede ejercer esta acción legal si en un segundo juicio la sentencia es absolutoria, lo que es el caso, por lo que se tendría que invocar algún error en la forma, pero no en el fondo del asunto.

Otra posibilidad es presentar un recurso de queja, pero este tipo de acto busca perseguir sanciones disciplinarias para los jueces y no cambia lo que determine la resolución. Sin embargo, la legislación entrega un espacio para que los tribunales superiores puedan corregir la falta y sus efectos, declarando, en este caso, que haya un tercer juicio, algo que nunca ha ocurrido en los casi 20 años del actual sistema procesal penal. El plazo para esta alternativa vence este viernes.

Una tercera opción, según una fuente experta, podría ser interponer de todas formas un recurso de nulidad que vaya más allá de la forma y, antes que el tribunal superior lo declare inadmisible, llevar la discusión ante el Tribunal Constitucional, interponiendo un recurso para hacer inaplicable la norma que estrecha las posibilidades de los persecutores.

Julio Ponce Lerou

El Ministerio Público todavía mantiene causas abiertas en contra de otros involucrados del caso, como Roberto Guzmán Lyon, pero, sin duda, el principal investigado es Julio Ponce Lerou, propietario de las sociedades cascada que le permiten el control indirecto de SQM, aunque no ha sido formalizado.

La fiscal Chong asegura que la sentencia absolutoria de Motta no debiese afectar los demás procesos. “Entendemos que la decisión del tribunal no es vinculante con respecto a las otras aristas (…), sin perjuicio de eso tenemos que mirar de qué manera el fallo dificulta o debilita las posibilidades de imputaciones en relación a otras líneas que se encuentran abiertas”, explicó.

Sobre esto, el abogado querellante afirmó que el fallo “no puede ser considerado precedente de nada, sino solamente como un signo más del mal funcionamiento de nuestro sistema de persecución penal”, a lo que agregó que esperan que “el Ministerio Público persevere, porque finalmente es Julio Ponce y los palos blancos que se utilizaron para estas triangulaciones, los principales responsables de este esquema fraudulento”.

Tanto los querellantes como el equipo de fiscales elegirán con cuidado los pasos a seguir, ya que el riesgo de un respaldo de un tribunal superior al fallo de absolución puede fortalecer la posición de la defensa. Por otro lado, lograr una sanción disciplinaria en contra de los jueces no cambiará su decisión, pero podría dejar a esta sentencia como una anécdota aislada que no sería invocada en el futuro. Este es el juego de cálculos estratégicos que las partes continúan debatiendo, por lo que es probable que las discusiones se extiendan hasta las últimas horas de este jueves.