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El revelador sondeo evaluó los mecanismos de denuncia disponibles y el impacto que tienen en las personas. Si bien las encuestadas admitieron conocer los servicios de respuesta institucionales a la violencia, reconocieron que no apelan a ellos. «Solo 1% acudiría a Carabineros, utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género o los números telefónicos de la policía», certifica la investigación.
Un estudio oficializado este miércoles por la Corporación Miles da cuenta de la compleja situación que han enfrentado muchas mujeres, en medio de una pandemia que ya suma nueve meses en nuestro país, sin que hasta la fecha se visualice un escenario sanitario más auspicioso.
En este sentido, el trabajo efectuado por la corporación se circunscribe a información recabada durante septiembre del año en curso en colaboración con el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), sondeando a 470 personas.
Los resultados certifican que una de cada tres mujeres reconoce haber vivido algún tipo de violencia en el contexto del COVID-19. «De ellas, 89% sufrió violencia psicológica que se tradujo en descalificaciones, humillaciones y malos tratos, seguida de un 13.5% que reconoce violencia económica y por expresión de género», se lee en un comunicado de la organización.
Paralelamente, una de cada cinco personas menores de 18 años transparentó no sentir la libertad para expresar sus preferencias, gustos o intereses sexuales con su pareja, mientras que una de cada cuatro, también menores de 18 años, admitió que «se sintió en riesgo físico durante la pandemia».
El 80% de las mujeres encuestadas comentó haberse visto complicada para tomar decisiones económicas con autonomía y 5.5% fue víctima de violencia sexual al tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
En otra de las aristas abordadas, el estudio certifica que 57% de las mujeres «prefirió mantener silencio durante una pelea, se sintió criticada o subestimada, o alguien le puso problemas para contactarse con amigos o familiares durante la pandemia».
En relación a las personas que se encuentran en alguna situación de discapacidad, la mitad «reconoció haber enfrentado principalmente, violencia psicológica y/o emocional y luego económica. En específico, a «más de un tercio de las personas en situación de discapacidad le han restringido el manejo del dinero como forma de enojo o no pudieron tomar decisiones económicas con autonomía».
“Este estudio pretende ser un aporte a la problematización de una situación histórica que la pandemia sólo ha venido a agudizar y busca potenciar las visibilización de otras formas de violencia que ya no pueden continuar en las sombras”, comenta Stephanie Otth, coordinadora de investigación de Corporación Miles respecto de los datos levantado a través de esta investigación.
La encuesta, adicionalmente, evaluó los mecanismos de denuncia disponibles y el impacto que tienen en las personas. Si bien las encuestadas conocen los servicios de respuesta institucionales a la violencia, no apelan a ellos. Tanto así que «solo 1% acudiría a Carabineros, utilizaría los servicios de orientación dispuestos por el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género o los números telefónicos de la policía».
Como contrapartida, «79% de las encuestadas optaría por sus redes personales frente a una situación de violencia». El distanciamiento de los servicios de violencia de género oficiales «puede explicarse con las malas evaluaciones que hacen quiénes los han utilizado. Según la encuesta de Corporación Miles, sobre 60% de las personas que han utilizado alguno de estos métodos los evalúan con las peores calificaciones», argumentan desde la entidad a cargo del estudio.
Para Corporación Miles, el resultado de la encuesta apunta a una realidad compleja evidenciada a través de alarmantes antecedentes. «Es responsabilidad del Estado promover una cultura libre de violencias, mediante políticas de educación sexual integral que puedan transversalizar un discurso común de respeto y responsabilidad afectiva en los vínculos humanos, que rechacen las lógicas de pertenencia y control emocional que aún perduran en la actualidad», dicen desde Miles relevando la necesidad de un abordaje distinto de un problema social de envergadura.
“Los resultados de nuestro estudio interpelan directamente al Estado porque reflejan su respuesta parcial y negligente frente a la violencia. El presupuesto para el 2021 de Sernameg y el Ministerio es insuficiente», dicen interpelando al Ejecutivo.
«La pandemia agudizó la violencia contra las mujeres y visibilizó las fallas de un sistema que solo entiende la violencia en el contexto familiar o de parejas, pero sabemos que no es así. La violencia es un continuo y nuestros resultados lo demuestran. La violencia de género es estructural. Por ello, alentamos a que el gobierno impulse con fuerza el debate legislativo y podamos contar con una ley integral que garantice el derecho a una vida libre de violencia”, plantea Anita Peña Saavedra, directora ejecutiva de Corporación Miles.
En este sentido, agrega Peña en conversación con El Desconcierto, desde La Moneda debieran movilizarse en otra dirección. «Consideramos que la actitud del gobierno debiera ser proactiva, siguiendo el rol rector del Ministerio de la Mujer, a quien le corresponde erradicar la violencia contra las mujeres».
Nuestra entrevistada, de hecho, hace hincapié en que «la erradicación de la violencia contra la mujer y la violencia de género es un compromiso de Estado y para enfrentar esta violencia, que además en el contexto de pandemia se ha agudizado, el Ejecutivo debiera proveer una respuesta temprana e integral. En Chile contamos con una legislación que es súper atrasada, que no responde a las necesidades actuales de las mujeres, necesitamos una ley integral por una vida libre de violencia que sigue durmiendo en el Congreso y el Ejecutivo no ha mostrado señales de querer impulsarla, en esto el Ejecutivo sigue llegando tarde», cuestiona.
Adicionalmente, Peña pone sobre la mesa otra arista relevante que, a su juicio, debiera ser abordada. «Los centros de la mujer a nivel local deben fortalecerse, de manera de reactivar el componente comunitario del programa de prevención que ejecuta el Sernameg, donde puedan acceder las mujeres en todo su curso de vida, porque no sirven los programas focalizados en un grupo etario, porque la violencia contra la mujer es un continuo que se presenta en las distintas etapas de nuestra vida», argumenta.
Consultada respecto del compromiso real del Ejecutivo frente a esta problemática, Peña admite que la actitud observada desde La Moneda, no es la óptima. «Vemos un débil compromiso en el Ejecutivo, el movimiento feminista permanentemente ha visibilizado que la violencia contra la mujer es un continuo, una violencia estructural que no sólo se vive en el ámbito familiar, sino también en la calle, en el consultorio, ahora lo vemos en el caso de los anticonceptivos defectuosos, eso es una violencia de género, violencia estructural», plantea.
Adicionalmente, la ejecutiva traslada el análisis al ámbito del movimiento ciudadano surgido al alero de los históricos hechos del 18 de octubre del 2019. «También hemos visto la violencia en las manifestaciones sociales, con las más de 220 querellas por violencia político sexual que se generaron en el marco del estallido social y que fueron perpetuadas por agentes del Estado y eso todavía está en la impunidad», denuncia.
«Con el estudio hemos reafirmado que la violencia es una realidad y la violencia sicológica es preponderante, pero el Ejecutivo insiste en centrarse en la denuncia y no ha fortalecido programas de atención temprana de la violencia, precisamente aquella violencia sicológica que es mucho más recurrente», ilustra.
Por último, asegura que a partir del estudio concluyeron que es fundamental mejorar los servicios de respuesta a la violencia que actualmente se encuentran disponibles, porque si bien las personas dicen conocerlos, no saben cómo utilizarlos, eso es grave».
En este sentido, la consecuencia es tan relevante como preocupante. «Esto conlleva a que ocho de cada 10 personas acudirían a sus redes personales antes de que a un servicio especializado. O sea, prefieren ir a la red más próxima entre la familia o mis amigos, en vez de acceder a un servicio del Estado. Sólo 1% (lo haría), eso también habla de que el Estado tiene una respuesta muy débil».
Para la representante de Miles, «este distanciamiento de esta respuesta también puede explicarse por las malas evaluaciones que hacen las personas que los han utilizado. En el estudio señalamos que sobre 60% de las personas que los han utilizado los evalúan con las peores calificaciones. El Ejecutivo tiene que comprometerse, (asumir) un compromiso de Estado, erradicar la violencia contra la mujer. Ahí el Ejecutivo sigue llegando tarde y son las vidas de las mujeres las que están en riesgo».
