Manifestación por los presos de la revuelta (referencial). | Agencia Uno.
Serían 34 personas quienes no cuenten con antecedentes penales entre los llamados presos de la revuelta que se mantienen con la medida cautelar de prisión preventiva.
Del total de personas que se encuentran en prisión preventiva por hechos relacionados a las manifestaciones sociales que comenzaron en octubre de 2019, conocido como «estallido social», dos tercios no contarían con antecedentes penales previos a su detención.
Esto, según reveló una investigación periodística de Ciper. De las 76 personas que se contabilizaron que se encuentran presas por la revuelta social, 28 se encontrarían ya condenadas y 47 están en prisión preventiva. De estas últimas, serían 34, más de dos tercios, quienes no cuentan con condenas anteriores, de acuerdo a datos de la Fiscalía, la Defensoría, el Poder Judicial y de abogados intervinientes en el proceso.
Una de las razones por las cuales los detenidos, a pesar de no contar con antecedentes, se mantienen en prisión preventiva tiene que ver por las modificaciones legales que se dieron en los últimos años a los delitos por los cuales están imputados. En estos casos se ha invocado la Ley de Control de Armas, la Ley Antisaqueos y la Ley de Seguridad interior del Estado. Estas leyes aumentan las penas u obligan a que una eventual condena se cumpla bajo una pena sustitutiva, siendo preferida la prisión efectiva, como en la de control de armas.
Según explicaron expertos al citado medio, estas altas expectativas de penas es parte de la argumentación que se da para que los tribunales no les otorguen medidas cautelares menos gravosas, como el arresto domiciliario o firmas periódicas.
De quienes se encuentran en prisión preventiva, 29 están procesados por la Ley de Control de Armas, la mayoría por la confección o lanzamiento de bombas molotov. Dicha legislación fue reformada por una moción de parlamentarios de derecha durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y fue aprobada con algunos votos de la entonces Nueva Mayoría.
«Con esta nueva norma lo que estamos haciendo es endurecer las penas por el uso irresponsable e inadecuado de las armas, porque la verdad es que no queremos lamentar más tragedias», sostuvo Bachelet al momento de su promulgación en 2015, según recogió el medio citado.
De los casos investigados, en seis oportunidades los defensores argumentaron que sus representados no contaban con condenas anteriores, sin que sea discutido por la Fiscalía. Además, en siete casos existían causas anteriores en contra de los presos, sin embargo, todas se encontrarían finalizadas a través de suspensiones condicionales del procedimiento, sobreseimientos o por la decisión de no perseverar del Ministerio Público.
