El diputado mexicano, Mauricio Toledo. | Twitter @mauriciotoledog
El parlamentario mexicano llegó a Chile esta semana luego de ser desaforado en México. Desde el país azteca apuntan a compras millonarias de inmuebles en efectivo y aseguran que formó parte de un «esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita».
El Estado de México solicitó a Chile la detención y extradición del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez. Al parlamentario mexicano se le acusa de enriquecimiento ilícito por fraudes que superarían el millón de dólares.
Toledo ha ocupado varios cargos públicos en el país norteamericano, incluyendo el puesto de diputado tanto federal como local y jefe delegacional de Coayacán, en Ciudad de México.
Según informó Bío-Bío, Toledo habría sido parte de un esquema delictual en el que recurrió a personas para que actuaran de «palos blancos» para obtener dineros ilegales. Luego de que fuese desaforado, el diputado llegó a Chile esta semana acusando una «persecución política». Cabe destacar que el aludido es hijo de chilenos exiliados a México durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Uno de los antecedentes que aparecen en el documento en el que se solicita detener a Toledo, es que el parlamentaria habría comprado una parcela pagando más de US$ 272 mil en efectivo en 2011. Sin embargo, sus ingresos declarados estaban muy por debajo de esa cifra, por lo que no habría explicación para esa capacidad financiera.
El escrito asegura que «su capacidad adquisitiva era por mucho incongruente o discrepante con su capacidad salarial, ya que esta última no podía dar para la adquisición de bienes del ahora investigado».
«Sus depósitos bancarios no corresponden a los ingresos que tenía como servidor público y tampoco se logró establecer que tuviera una fuente de ingresos diversa a la que tenía como servidor público», detalla el requerimiento de extradición.
A lo anterior, se sumaría la adquisición de un departamento que tampoco estaría justificada por sus ingresos normales. «Es claro que el notorio aumento de patrimonio (…) no lo ahorró en tu totalidad, y aunque hubiera sido, dicho capital no le hubiera alcanzado para adquirir bienes«, sostiene el texto enviado hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, según reveló el citado medio.
De igual forma, las autoridades mexicanas explicaron que Toledo «muy posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que aparentemente ha recurrido a un grupo de personas que fungen como prestanombres para diversos actos de compra-venta de inmuebles y realizan así operaciones financieras que están ligadas a tales actos».
Junto con lo anterior, el Estado mexicano aseguró que Toledo Gutiérrez se encuentra relacionado con empresas que también presentan irregularidades y que algunos de sus familiares podrían ser parte parte del esquema «al efectuar operaciones en la compra de inmuebles sin contar con la capacidad económica para ello«.
Además, se acusó que el diputado prestó servicios a cuatro empresas en paralelo a su cargo, sin la autorización del órgano público para evitar conflictos de interés. Las compañías referidas son Bactroa Corporate, Integradores Kyoszen, International Comerce y Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija.
Así, habría «contravenido la norma jurídica que establece la prohibición de desempeñar otra comisión, servicio o empleo remunerado que pueda causar un conflicto de interés en su cargo«.
Ahora, todo está en manos de la Corte Suprema, quienes deberán revisar los antecedentes. En cuanto a Toledo, según el medio citado, se encuentra residiendo en Chicureo, mientras que su defensa está compuesta por los abogados Samuel Donoso, Luis Masferrer y Gonzalo Cisternas.
