Manifestación por liberación de los presos de la revuelta (referencial) | Agencia Uno
Esta actualización de la cantidad de personas que podrían ser beneficiarias del proyecto de indulto se pidió como una forma de poder “arribar a información fidedigna”, señalan los datos levantados de la Fiscalía Nacional. No obstante, desde la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos criticaron esta cifra, lamentando esta acción de Fiscalía que sería “contraproducente” en base a lo que indica la iniciativa.
En el marco de la tramitación del proyecto que concedería un indulto general a las y los presos de la revuelta popular, un cruce de datos entre la Fiscalía Nacional y Gendarmería cifró en 53 el total de detenidas y detenidos por las protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019.
El Ministerio Público había recibido un informe de parte de la Comisión de Constitución del Senado, elaborado por el “Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la revuelta”, en el que se enumeraba a 806 personas privadas de libertad.
Sin embargo, según transparentó a la Comisión el fiscal nacional, Jorge Abbott, este número se reduciría a 53 personas en reclusión, con 46 de ellas actualmente en prisión preventiva, y 7 cumpliendo penas privativas de libertad.
Para llegar a estos datos, la Fiscalía Nacional filtró primero a personas repetidas y a otras por las cuales no se aportaron “suficientes datos para dar con ellas”. Así, se llegó a un total de 779 personas.
Al agregarle un informe de la “Agrupación madres de la plaza Colón” de Antofagasta y la información del “Comunicado de presos/as políticos/as de la revuelta y subversivos/as”, la cifra quedó en 785 casos de personas que habrían cometido los presuntos delitos entre octubre de 2019 y mayo de 2021.
Manejando este número final, el Ministerio Público solicitó a Gendarmería cruzar los datos en sus sistemas, con el fin de “verificar si fueron ingresadas o no a la institución”, según recoge El Mercurio. Según la institución penitenciara, 495 de los nombres sindicados en esta lista final no presentaban ingreso a Gendarmería.
De las 290 que sí habrían ingresado, 237 “ya no se encuentran cumpliendo medida cautelar privativa”, llegando a la cifra de 53 casos. Por otro lado, el documento de Fiscalía que contiene esta información, agrega que 58 personas se encuentran cumpliendo o cumplieron una pena sustitutiva en el medio libre, hayan estado o no en prisión preventiva.
Esta actualización de la cantidad de personas que podrían ser beneficiarias del proyecto de indulto se pidió como una forma de poder “arribar a información fidedigna”, señala el texto. No obstante, desde la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos criticaron esta cifra, lamentando esta acción de Fiscalía que sería “contraproducente” en base a lo que indica la iniciativa.
El vocero de la agrupación, Jaime Fuentes Parrun, señaló a El Desconcierto que actualmente están “solicitando a los senadores el oficio que se emanó desde el Ministerio Público, principalmente para conocer cuál es el cruce de información que desarrolló junto a Gendarmería”.
“Nosotros no compartimos la cifra, creemos que hay muchas más personas en prisión preventiva”, añadió Fuentes, quien también quiso aclarar que la iniciativa del indulto abarca a más personas que solo las recluidas en prisión preventiva.
“El proyecto de ley de indulto no sólo beneficia a aquellos que están en prisión preventiva o estén condenados, también va a beneficiar a aquellos que estén con otra medida cautelar, como arresto domiciliario total, reclusión nocturna, firma, arraigo, entre otros, que tengan sus procesos abiertos y que sean relativos al estallido social”, detalló.
Así también, expresó que “lo que está haciendo la Fiscalía, de reducir cada vez más el número de los beneficiarios, es claramente contraproducente en base a lo que nosotros estamos mostrando, que una persona con arresto domiciliario total también ve interrumpida su vida, y también la ve truncada para poder desarrollarse como persona”.
“Encontramos positivo que estén avanzando en un catastro, sobre todo considerando que habían dicho que no tenían la capacidad de hacerlo”, manifestó por otro lado, añadiendo que encuentran “lamentable” que desde el Ministerio Público no se hayan comunicado aún con la Asamblea.
“Todavía estamos esperando armar esta mesa de trabajo junto a Fiscalía para poder levantar un catastro en conjunto y podamos tener unas cifras concretas por parte del estallido social, y sobre todo de aquellas personas que estén privadas de libertad”, afirmó el vocero.
