Mauricio Duce: «Ninguno de los candidatos a fiscal nacional viene de Marte»

La primera encuesta Cadem de noviembre posicionó a la Fiscalía entre las instituciones con peor aprobación (32%), por debajo de la Iglesia Católica, al mismo nivel del Tribunal Constitucional y apenas por encima de los tribunales de justicia, el Congreso y la mayoría de los partidos políticos. Por otro lado, el índice de Paz Ciudadana evaluó al Ministerio Público como uno de las tres organismos públicos con peor nota: apenas se sacó un 2,8.

El diagnóstico no puede ser más evidente para Mauricio Duce Julio (53), otrora miembro del equipo técnico que redactó la reforma procesal penal que se comenzó a implementar a fines de los 90 y que creó, entre otras cosas, la Fiscalía.

«Hay una muy baja valoración y esto es un problema en cualquier Estado de derecho. El Ministerio Público requiere niveles de legitimidad importantes para poder tener una persecución penal más fuerte», subraya el académico y director del Programa de Reformas Procesales y Litigación de la UDP.

Revertir este escenario será una de las principales tareas que tendrá el futuro fiscal nacional, quien saldrá elegido entre los cinco candidatos que la Corte Suprema nominó para reemplazar a Jorge Abbott, uno de los temas que se ha tomado la discusión en los pasillos de tribunales, el Congreso y La Moneda.

De los aspirantes, solo tres forman parte activa de la institución: Marta Herrera (Unidad Anticorrupción), José Morales (Metropolitana Centro Norte) y Carlos Palma (Aysén). Sin embargo, la lista también incorpora a dos abogados que son externos, pero tienen pasado en la institución: Rodrigo Ríos y Ángel Valencia.

En los próximos días, el Presidente Gabriel Boric deberá elegir a uno de estos candidatos, nombre que posteriormente tendrá que ser refrendado por dos tercios del Senado. El hecho supone una de las decisiones más importantes que tendrá que tomar La Moneda en su primer año de gestión.

– ¿En qué estado entrega la Fiscalía Jorge Abbott?

Estamos pasando por un mal momento en general. En términos de los niveles de confianza y credibilidad que manifiesta la población, no son necesariamente los peores resultados que ha tenido el Ministerio Público. Pero, de manera más o menos consistente, todos ellos muestran que hay una muy baja valoración.

Se ha instalado una percepción de que la institución no está siendo suficientemente eficaz en la persecución de los delitos. Varios indicadores muestran que el Ministerio Público ha perdido cierto dinamismo y capacidad por razones internas. Sus procesos de trabajo se han ido deteriorando en el tiempo, se ha ido burocratizando como institución. La falta de liderazgo probablemente también se ha traducido en un deterioro general de resultados.

Y también hay factores externos, como por ejemplo, la acción de las policías.

– ¿Qué provocó este escenario interno? ¿Cuál es la causa?

Cuando uno mira internamente a la Fiscalía, lo que se puede apreciar es una institución que, con el tiempo, se ha transformado en un organismo extraordinariamente corporativista y, a su vez, endogámico.

Yo entiendo por corporativismo una institución que tiende a poner mucho énfasis en satisfacer las necesidades internas más que estar mirando los intereses y demandas sociales. El Ministerio Público ha tendido a mirarse mucho a sí mismo, más que mirar hacia afuera.

Por otra parte, una institución endogámica quiere decir que tiende a nutrirse de sí misma para toda la selección de personal. La Fiscalía es una institución extremadamente cerrada. Si uno quiere ser fiscal hoy día, básicamente tiene que entrar muy joven a algún cargo administrativo. Una estadística mostraba que, en 10 años hubo 400 cargos que se concursaron. De ellos, unos 398, la gran mayoría, habían sido ganados por personas que estaban dentro.

Obviamente, cuando tú tienes una institución que se mira demasiado a sí misma, y luego solo se nutre de su personal, tiende a perder capacidad de innovación, a reproducir viejas prácticas. Las cosas se hacen porque así se vienen haciendo, y no hay una reflexión sobre ello. Todo eso tiene impacto en su desempeño finalmente.

Un fiscal que pueda «mover la aguja»

– ¿Cuál es el perfil que debiera tener el futuro fiscal nacional para combatir estos problemas?

Yo diría que tiene que ser una persona que, por trayectoria y por condiciones, muestre niveles importantes de liderazgo muy orientado hacia la innovación.

El cargo de fiscal nacional, contrario lo que mucha gente cree, tiene relativamente limitadas herramientas legales para empujar a la institución en una dirección. La ley y la Constitución le dan bastante poder y autonomía a los fiscales regionales y, por ejemplo, los fiscales nacionales no pueden dar instrucciones ni tomar casos particulares, salvo casos muy excepcionales.

Por tanto, se requiere una persona que tenga mucho liderazgo, ascendencia sobre el resto de los fiscales, que pueda ocupar herramientas que le otorga la ley, pero también capacidad de persuasión y de establecer incentivos, con zanahorias y garrotes, para tratar de empujar a la institución en una dirección que mueva la aguja, y eso, en mi opinión, pasa por hacer cosas distintas a las que se hacen hoy día. Un liderazgo que tiende a repetir las prácticas que están en el interior de la institución no va a tener capacidad de mover la aguja.

– ¿Qué tan lejos debe estar del poder?

Tiene que tratarse de una persona que, por trayectoria y características personales, pueda dar muchas garantías de autonomía. Parte del problema que debilitó al último fiscal nacional, sin pronunciarme sobre si estos hechos son ciertos o no, es más o menos claro que lo dejó en una posición de cuestionamiento. Esto le restó mucha credibilidad y poder para mover la aguja.

Pero ojo, esto no significa que no sea una persona que esté dispuesta a coordinarse con otros poderes del Estado. Vamos a requerir una persona que tenga buenas capacidades de diálogo, negociación y coordinación interinstitucional. Parte del problema del Ministerio Público es que muchas veces parece una institución medio autista, cree que la autonomía es no relacionarse con otras autoridades.

Tiene que haber mucha relación, pero desde una posición en donde el fiscal tenga que tener un cierto espacio de autonomía.

– Pero justamente, lo que ha hecho noticia estos últimos días son justamente las redes que tienen los candidatos a la Fiscalía Nacional en la Corte Suprema, en el Senado y en La Moneda. También el lobby que ejercen los propios candidatos…

Hay que partir de un hecho de la realidad: Ninguno de los candidatos viene de Marte. Para llegar a ser fiscal nacional, tienes que ser una persona que tiene un cierto nivel de experiencia y conocimiento del sistema, lo que ha hecho que te vincules con muchas autoridades. Por tanto, el hecho de que seas conocido y que manejes algunas redes en sentido blando, no es per se un problema.

En mi opinión, el problema se da tanto por diseño institucional, pero fundamentalmente por práctica institucional, ya que el procedimiento permite que las decisiones se tomen en espacios que no necesariamente son los más públicos y transparentes. Entonces, se habla de audiencias privadas, que se dieron en procesos anteriores, lo que, en mi opinión, es inadmisible.

Uno debiera tener un diseño un poquito más sofisticado que promueva un proceso más transparente y mayores estándares para quienes toman las decisiones. También de inhabilidad en el caso que haya conflicto intereses. La vez pasada votaron senadores que eran potenciales investigados por la propia institución por la cual estaban votando.

– ¿Se pueden controlar estas conversaciones a puertas cerradas?

A mí me parece que se podría ganar muchísimo con reglas que favorezcan un proceso más público, más transparente, con mayores cuidados en términos de quienes votan. ¿Eso impide que no se produzcan algunas de estas cosas debajo de la mesa? No, pero al menos te ponen mucha más información sobre la mesa, permite tener un escrutinio más crítico del proceso.

El problema hoy día es que hay muchos menos elementos sobre la mesa para hacer este escrutinio crítico, partiendo porque los candidatos tuvieron solo 10 minutos de exposición, sin mucha interacción, y por tanto lo que la ciudadanía conoce es mucho menos que lo que conoceríamos ante cualquier otro cargo de tal entidad.

No hay una fórmula para impedir que se hagan cosas que no nos parecen correctas, pero sí hay fórmulas para tratar de limitarlo y arrojarle mucha más luz al proceso, para que las instituciones se autocontengan en cómo ejercen esos espacios de discrecionalidad que tienen.

«Un senador señaló que las reuniones privadas no eran tan malas, eso es no haber aprendido nada»

– La elección de Abbott supuso un escándalo en sus momento. ¿Esta va por el mismo camino?

Hasta el momento ha habido algunos signos de autocontención. Por ejemplo, históricamente las audiencias de la Corte Suprema no eran transmitidas, ahora se transmiten públicamente. Esa es una ganancia. La primera vez tampoco se sabía quién votaba por quién, y ahora rápidamente la Corte Suprema tiene un acta en donde cada ministro aparece especificando su voto. Claro, todavía no hay una justificación del voto, aunque sea breve. Hemos avanzado un poco, pero no tanto.

En la parte política es donde uno todavía ve mayor espacio a la discrecionalidad. Ayer hubo unas declaraciones de un senador (Pedro Araya) señalando que estas reuniones privadas no eran tan malas. A mí me parece que eso es no haber aprendido nada de los problemas que generó en el proceso pasado precisamente este tipo de prácticas.

– La Asociación de Fiscales también ha sido bien crítica con el mecanismo de elección de fiscal nacional, especialmente por el rol de la Corte Suprema. ¿Se justifica que ellos participen en la elaboración de esta quina?

Sobre la participación de la Suprema, yo hace más de 20 años tengo escrito que nunca me ha parecido una buena idea. Esto históricamente obedece a que cuando se discutió la reforma constitucional hubo cierto consenso político. Recuerda que el Ministerio Público significó introducir un nuevo poder, era una tremenda innovación con una pérdida de poder importante para los jueces, y por lo tanto, esto aminoró las resistencias que generaba en el propio sistema judicial.

Pero a mí no me parece que haya particularmente ninguna gran ventaja de que sea la Corte Suprema quien designa la quina y para qué decir que sean las Cortes de Apelaciones las que designen las ternas para los fiscales regionales. En mi opinión, eso ha demostrado ser extraordinariamente problemático con el paso del tiempo.

– ¿Y que participe el Congreso o La Moneda en la decisión?

Yo no lo tengo miedo a que intervenga la política en alguna dimensión en la designación de una autoridad tan grande e importante como el Ministerio Público. En algún sentido, el Presidente de la República y el Congreso son representantes legítimos en una sociedad democrática.

Lo que hay que preocuparse es que sean mecanismos razonables, que impidan algunos de los vicios que hemos aprendido, y además con niveles de transparencia y mucho mayor control que el que existe hoy día.

– ¿Los fiscales deberían participar de la decisión?

Hay que discutirlo, pero a mí tampoco me gusta. Este probablemente puede ser un ejemplo del elemento corporativo y endogámico que se ha venido instalando en el Ministerio Público. Me parece que habría que ver, pero per se, no me parece una buena idea.

– ¿Y si no es la Corte Suprema, quién debiera participar de esta elección?

Hay varias fórmulas técnicas de resolverlo. Uno podría pensar en algún sistema de mérito, con algún tipo de comisión especial que pudiera tener intervención plural de distintos agentes.

La sombra de Abbott: «No es coser y cantar»

– Se ha ido instalando que el criterio de selección debería basarse qué tan cerca o qué lejos estaban los candidatos de Jorge Abbott. ¿Le parece atendible?

Lo que pasa es que, a esta altura del partido, estamos viendo una competencia de personas en particular. Obviamente, en esa competencia, hay que considerar su trayectoria, si han sido parte de una gestión anterior, qué rol tuvieron. Todas son variables que, sin lugar a dudas, hay que considerar.

Lo que me gustaría que se tratara de evitar en esta elección es instalar etiquetas gruesas, que justifican vetos o descartes ex ante, con agendas ocultas debajo. Lo que uno aprecia en elecciones anteriores es que se le tiró a varios candidatos, que eran extraordinariamente idóneos y que finalmente no salieron, motes para descartarlos y poner a personas que, en mi opinión, eran menos competentes técnicamente.

Entonces, yo creo que esa no es la mejor fórmula de elegir. Cada candidato o candidata tiene que ser evaluado en su mérito. Y parte de ese mérito tiene que ver cuánto contribuyó o no en la gestión anterior, en el sentido de si ayudó o no en la innovación.

– ¿Pero cree que el actual estado de la Fiscalía le abre la puerta a los candidatos externos?

Yo siempre sostuve que, para los desafíos de transformación de Fiscalía, era interesante explorar esta vez candidatos externos. Pero, al final del día, esto se corta con los candidatos que hay. Técnicamente no hay ninguno tan externo, porque los dos que están en la quina, formaron parte del Ministerio Público.

A esta altura hay que hacer una evaluación integral de cada uno de ellos. Yo diría que el estado del Ministerio Público supone que hagamos un escrutinio muy crítico de cada candidato, ponderando sus ventajas y desventajas, y sobre esa base decidir. Eso incluye su autonomía y sus redes.

– ¿Pero deberíamos esperar de alguno de estos candidatos un cambio radical y profundo de la Fiscalía?

Una de las principales características del futuro fiscal nacional es que destaque por tener un liderazgo innovador. Es decir, alguien que tenga la disposición y las competencias para hacer innovaciones importantes en el Ministerio Público. Pero eso no es tan fácil, no es coser y cantar, porque el fiscal nacional es un cargo que tiene herramientas relativamente limitadas para hacer esto, y se viene difícil.

Yo distinguiría la disposición, la claridad y la voluntad de enfrentar cambios e innovaciones importantes. Y luego, obviamente, revisar la posibilidad concreta, cómo la estrategia se implementa.

– Desde el Gobierno ha trascendido el interés de tener la primera fiscal nacional mujer. ¿Es un criterio a considerar, pensando que el escenario que nos presentó la Corte Suprema justamente quedó con una mujer frente a cuatro hombres?

A mí me parece completamente legítimo que el gobierno priorice algunos criterios. Evidentemente este puede ser un criterio importante. Me parece que hay una muy buena candidata mujer, que compite igual o mejor que varios de los candidatos que están ahí.

Pero esto no es una cuestión lineal, hay muchos elementos que hay que poner sobre la balanza. (Marta Herrera) Es alguien que debería tener buena chance y, de hecho, fue la tercera más alta votación. Pero hay que considerar todos los factores.