Andrés Giordano, presidente Comisión Caso Kayser: “Hubo negligencia por parte de la Fiscalía”

El 20 de octubre de 2019, en pleno estallido social, los cuerpos de Manuel Muga, Joshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas, fueron encontrados en las inmediaciones de la bodega de la marca de ropa Kayser, en Renca, la que fue incendiada en medio de los saqueos.

Las familias de las víctimas han denunciado abandono de las instituciones, irregularidades de la investigación  y nulos avances en el caso.

En ese escenario, en agosto de 2022, a petición del diputado independiente Andrés Giordano, se creó la Comisión Investigadora Especial del Caso Kayser en la Cámara Baja.

Pese a ser aprobada la instancia hace casi cinco meses, la instancia recién pudo iniciar su trabajo este miércoles 4 de enero, a más de tres años del incendio que le costó la vida a cinco personas.

Según explica Giordano, la burocracia del Congreso dilató la constitución de la comisión, pero ahora que ya está en marcha se busca brindar el apoyo “por primera vez” a las familias.

“Las familias no han tenido una institución del Estado que realmente las acoja y entienda la sensibilidad de esta tragedia y esa ese es un paso fundamental que debe dar la Comisión”, explica el parlamentario.

En entrevista con El Desconcierto, el parlamentario hace una fuerte crítica al rol que cumplió en la investigación el fiscal (y excandidato a Fiscal Nacional) José Morales, y el otro persecutor de la causa, Xavier Armendáriz, quien también es voluntario de Bomberos y participó en el operativo de control del fuego el día en que se incendió la bodega Kayser.

Además, asegura que “es fundamental el esclarecimiento también de las responsabilidades políticas” en este caso.

-Tomando en cuenta que este caso lleva más de tres años sin resolverse y que la comisión se aprobó en agosto del 2022, ¿cómo se explica la tardanza que ha tenido en constituirse?

Lo primero a señalar es que los ritmos del Congreso son mucho más lentos de lo que uno esperaría que fuesen. Si uno hace la  comparación, dolorosa a estas alturas, con el proceso constituyente y que en su momento recibió tantas críticas, el Congreso sería incapaz de realizar una Constitución desde cero en el plazo de un año.

Los ritmos son mucho más lentos y yo que vengo del mundo social, donde estamos acostumbrados a realizar un sinnúmero de tareas simultáneas y avanzar mucho con el esfuerzo de la autogestión, a veces nos frustra un poco la lentitud y la burocracia que pueden tener los poderes del Estado y en este caso el Congreso no es la excepción.

La norma en realidad para que esto pudiese operar, dice relación también con la cantidad de personal que tiene la Cámara de Diputadas y Diputados, que solo permite que existan diez comisiones especiales investigadoras sesionando simultáneamente.

De todas maneras es una cuestión de capacidades humanas, no hay más abogados ni funcionarios de las comisiones que puedan estar operando simultáneamente, considerando que además de las Comisiones Especiales investigadoras, están sesionando las comisiones permanentes.

Apenas se abrió el plazo fijamos espacio para su constitución y en ese en esa oportunidad, que fue el miércoles pasado, yo salí electo presidente de la comisión, también por mi calidad de autor de la solicitud de esta comisión originalmente.

Así luce la bodega Kayser, el inmueble siniestrado en el contexto del estallido social. Foto: Agencia UNO

-¿Cuál es el principal objetivo de esta comisión?

Yo creo que hay un consenso en unos cuatro o cinco objetivos principales.

El primero tiene que ver con atacar una realidad que a todas luces ha ocurrido en este caso, que es su invisibilización, principalmente porque las familias afectadas son de una comuna popular como Renca. No son familias de una comuna como Las Condes y lamentablemente nosotros vemos y constatamos de que la justicia hubiese actuado mucho más rápido si esto hubiese ocurrido en una bodega de una empresa como en el Walmart en Las Condes o si los apellidos fueran Larraín o cualquier otro apellido de la élite, pero en este caso había una invisibilización y un prejuicio.

Las familias durante todo este tiempo han tenido que soportar una discriminación arbitraria y un juicio antes que incluso la revisión de las evidencias, donde prácticamente se dijo “estas personas murieron en su propia ley, estaban saqueando”. Y la evidencia que nosotros hemos podido constatar después de todas estas actitudes por parte del Ministerio Público, por parte de la policía, e incluso por parte de parte de Bomberos, es que en realidad tenemos legítima sospecha de que ese no era el caso.

Lo otro es ver por la misma vía que los fallecidos sean reconocidos como víctimas de la violencia, en el marco del estallido de la revuelta social. Y que se reconozcan como tal, al igual que otros familiares de víctimas en materia de reparación.

-En cuanto a los antecedentes de irregularidades de las instituciones en este caso, ¿cómo los abordará la Comisión?

Precisamente, hay un sinnúmero de antecedentes que sugieren la participación incluso de terceros, que podrían ser agentes del Estado, y aun así la justicia todavía teniendo la obligación de hacer valer este derecho humano, ha tenido una dilación que es inaceptable.

Es por esto que es necesario establecer las responsabilidades políticas del Estado y de quienes estaban al mando. Porque esto no ocurre en cualquier periodo, ocurre el 20 de octubre en medio de la revuelta social y por lo tanto ocurre en medio de un estado de excepción constitucional donde había un militar a cargo de la seguridad pública y del país.

Había una serie de protocolos excepcionales, al igual que le estado de excepción, como lo es el protocolo de Minnesota, que requiere ciertas diligencias específicas y medidas a tomar, en caso de que existan potenciales violaciones a los derechos humanos.

Ello no ocurrió, por lo que existe una responsabilidad, a lo menos, por omisión o negligencia. Y en segundo caso también podría haber una acción directa de agentes del Estado, que es algo que nos gustaría avanzar en la Comisión de especial investigadora y de su propio desarrollo.

Imágenes de la contención del siniestro en la Bodega Kayser en la comuna de Renca en el sector de Miraflores. Foto: Agencia UNO

-En ese sentido, también apuntan a la Fiscalía.

Así es. Esta negligencia no es solo de las Fuerzas Armadas. También ha existido una negligencia por parte de la Fiscalía.

Hay un sinnúmero de diligencias que las propias familias, a través de su abogado Alejandro Arriaza, han solicitado y que no se han realizado. Por lo tanto, se ha permitido que situaciones irregulares permanezcan sin explicación.

La más obvia, es que no es solo un incendio el de Kayser, son dos. De partida, eso ya es muy extraño.

Aparecen las cinco víctimas en el primer incendio, sin que exista una destrucción total del recinto, pero luego hubo un incendio que termina por destruir aún más la escena de los hechos, que no fue debidamente cautelada ni por Fiscalía ni por las policías.

También nos gustaría avanzar en otra arista, respecto a que hoy en día tenemos una justicia para pobres y una justicia para ricos. Eso ya sabemos, pero es inaceptable, y al menos en mi caso, como presidente esta comisión, espero también poder poner esto sobre la mesa del debate en el Parlamento.

-Sobre esto mismo, el excandidato a Fiscal Nacional, José Morales, fue el encargado de llevar adelante esta causa. ¿Cuál es su percepción sobre su trabajo y su nominación por parte del Gobierno?

Al momento de conocer su nominación, nosotros fuimos muy críticos de él, porque era el jefe adjunto de la Fiscalía Local Santiago Norte en el momento que se desarrolló el caso y que sigue en el cargo.

En ese sentido, conocíamos de primera fuente el abandono que habían tenido casos como este. Si uno mira su hoja de vida como fiscal, existe en un sinnúmero de antecedentes que a nosotros nos hacían dudar y criticar profundamente la decisión del gobierno de presentarlo a él como como candidato. Incluso no podría hablar de cierto abandono de deberes, en el marco de la persecución de la justicia. Entonces ha sido sumamente grave.

-Por otro lado está el desempeño del fiscal Xavier Armendáriz, que participó en la investigación y ofició como bombero la noche en que se incendió la fábrica.

Claro, él (Armendáriz) fue bombero en el incendio en el incendio de Kayser. Ofició como bombero y luego como fiscal, y teniendo todos los conocimientos de lo que se realiza en este tipo de casos y además estando al tanto que nos encontrábamos en un estado excepcional constitucional, no tomó ninguna de las medidas que debió haber tomado, ni como fiscal, ni como bombero.

Esto, al punto de que hay un organismo, que es el equipo chileno de Antropología Forense, que toma este caso, lo desmenuza, analiza las pruebas forense de la documentación que estaba disponible, lo que había emanado el Servicio Médico Legal y también el informe del Departamento de Investigación de Incendio de Bomberos, donde estaba involucrado también Armendáriz como funcionario de Bomberos en este caso, y ponen dudas la labor de este departamento.

-Tomando en cuenta que más allá de emitir un informe, no existen otras atribuciones para este tipo de comisiones. ¿Cuáles son sus expectativas sobre esta instancia?

La primera preocupación, al menos en mi caso como presidente de la comisión, tiene que ver con que esta instancia sea directamente un eslabón o un aporte en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para estas familias.

Pero también es importante que se avance con otros casos de esta índole, que se relacionan directamente con una histórica herida nacional, que dice relación con las violación a los derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Tenemos un objetivo que es muy ambicioso y amplio, pero que dadas las atribuciones que tiene esta comisión especial investigadora, esto nos sitúa en una posición que debe buscar ser un aporte en un juicio que está llevándose a cabo, en una investigación que no se ha terminado y que no tiene sus diligencias realizadas y con el esclarecimiento también de las responsabilidades políticas, eso es fundamental.

Para ponerlo en contexto, fui parte de la Comisión Especial Investigadora del ENAP que reveló graves irregularidades en temas de corrupción y en temas también de prácticas laborales que son ceñidas con el derecho nacional e internacional y con el trabajo decente en términos amplios, a tal punto que la propia Fiscalía de Magallanes abrió una investigación de oficio a partir de ese informe que nosotros aprobamos en la Comisión y que dio cuenta de todas estas irregularidades que son muy complejas.

Nosotros esperamos que en esta comisión ocurra lo mismo. Lo primero es abrir el espacio para las familias, que no han sido escuchadas las familias y que no han tenido una institución del Estado que realmente las acoja y entienda la sensibilidad de esta tragedia y esa ese es un paso fundamental.

También escuchar a la abogada y a quienes han investigado el caso de manera tal que podamos avanzar en las diligencias que la propia Fiscalía se ha negado a realizar.

En ese sentido, esperamos que la comisión sea un aporte para las familias y que esto nos permita que este caso movilice a la justicia que ha estado entrampada, porque ha sido discriminatoria, además teniendo en cuenta que la justicia que no es oportuna finalmente ya es injusta.