No solo políticos: Regalos de las empresas contaminantes a la comunidad en medio de la pandemia

La semana pasada la empresa CODELCO División Ventanas, ubicada en la zona costera de las comunas Puchuncaví- Quintero, lanzó una plataforma digital comunitaria que busca entregar información de profesionales de la salud a los vecinos y vecinas, en el marco de la pandemia desatada por el Covid-19.

Ese día los ejecutivos de la empresa recalcaron que anteriormente ya habían entregado equipamientos y kits a los servicios de salud de ambas comunas para que enfrentaran esta crisis sanitaria, pero que eso a su entender no era suficiente. Uno de los que entregó sus palabras el día de la inauguración fue el gerente de sustentabilidad y asuntos externos, Cristián de la Piedra: “Es necesario extender la ayuda hacia las comunidades de Quintero-Puchuncaví y también hacia las familias de nuestros trabajadores”, expresó para la prensa de la propia empresa que luego difundió una grabación.

Pero, ¿es una ayuda verdadera contar con una plataforma habilitada por una de las empresas más contaminantes de la llamada “Zona de Sacrificio”?

Esta forma de operar no es nueva: las empresas suelen aportar generosamente en las comunas donde están instaladas, como una forma infructuosa de compensar el daño ambiental causado. Recordamos por ejemplo la alianza entre la municipalidad de Quintero y la empresa AES Gener para remodelar el parque de municipal de Luisa Sebiré, con la finalidad de «recuperar este espacio público» y «potenciar el desarrollo turístico de la zona». Dos objetivos que serían mucho más fáciles de alcanzar sin tanta contaminación industrial.

En efecto, por años organizaciones sociales han denunciado la gran contaminación que ha generado esta cuprífera estatal con episodios críticos, como el ocurrido en la escuela La Greda que generó la intoxicación de niños, en 2011. Producto de ese evento, en que a las niñas y niños de 14 escuelas se les encontró metales pesados en la sangre, la solución de la autoridad y la empresa fue mover la escuela dos kilómetros, conservación del sistema eléctrico de una multicancha, mejoramiento del pavimento y techumbre.

Luego se han registrado sucesivas intoxicaciones masivas de la población en la zona. Las partículas contaminantes han quedado en el aire -arsénico, cobre, selenio, mercurio-, impactando a diario en la salud de la población que ha registrado enfermedades respiratorias crónicas.

Es por eso que lo catalogan como un “lavado de imagen” de esta compañía. Así lo manifiesta Katta Alonso, histórica dirigenta de Mujeres en Zonas de Sacrificios, quien asegura que la verdadera necesidad de la comunidad es el cierre definitivo de sus instalaciones. “Estás ya están obsoletas y nos tienen todo contaminado con metales pesados y lo siguen haciendo día a día. Ahora es muy peligroso en tiempos de pandemia porque casi todos aquí tenemos enfermedades respiratorias y si nos contagiamos peligra gravemente nuestra vida”, sostiene con la preocupación del aumento de contagiados en la zona.

Durante estos meses de crisis las empresas del complejo industrial no han paralizado sus faenas, demostrando que “sus buenas intenciones” con la comunidad solo se quedan en eso, no en medidas estructurales como las que aquí se requieren.

Alonso cree que es impresentable que realicen donaciones de equipos para resguardar la salud mientras son los causantes de las enfermedades más graves, que han generado la muerte de personas por contaminación de metales pesados. Ella describe parte de esas medidas estructurales: “Necesitamos de una vez por todas que el Estado tome decisiones radicales y construya lejos de poblaciones una Fundición y Refinería con alta tecnología u sustentable”, agrega.

“Encubren una relación abusiva”

En esa línea, como Defensoría Ambiental rechazamos este tipo de prácticas que intentan dar una imagen externa engañosa de esta compañía, que no toma medidas de fondo para proteger los derechos humanos de la población, como es el de la salud y de vivir en un lugar no contaminado.

Karla Cubillos, psicóloga de la ONG, cree que lo que se observa en esta dinámica relacional empresa-comunidad es una gran asimetría de poder entre las partes, donde la contaminación y devastación ambiental se muestran como “costos del desarrollo”. “Las empresas cuentan con los medios suficientes para entregar regalos a la comunidad que encubren una relación que es, en realidad, abusiva”, indica.

A su entender, esta es una relación naturalizada que comunicacionalmente intenta dar una señal de “generosidad” y “responsabilidad social”, cuando no es más que un apoyo mínimo ante una relación abusiva de data histórica y un Estado ausente e incapaz de garantizar dignidad a las personas.

Más aun, hace énfasis en que este tipo de “gestos” se den al amparo del Estado puede tener una afectación también en la salud mental de las personas, considerando el carácter de garante de este. “Se pueden ver autoridades de gobierno como Sernameg participando de esta instancia, validando estas formas de relación. No parece propio del Estado, ni mucho menos de la misión del Sernameg”, advierte.

Cristina Lux, abogada de la Defensoría, cree que esta crisis les daba la oportunidad de liderar un cambio real en la forma en que intervienen el lugar donde están instaladas, además de ser el catalizador para planificar cómo va a ser la reconversión de los empleos que CODELCO tiene secuestrados. Pero, en vez de eso, dice que se los ve invirtiendo en estrategias de marketing en las que, de fondo, como utilería de este show, está un lugar devastado ambientalmente por el complejo industrial.

También pone en contexto la situación: “Es una acción a estas alturas naturalizada y casi promovida por la autoridad. La alianza público-privada en la zona funciona de esa manera. CODELCO fue la responsable de la intoxicación de niñas y niños de La Greda. Pero las medidas que adoptaron no atacaron el problema de fondo, así como crear una plataforma web y regalar tablets tampoco lo hace hoy, en un lugar totalmente contaminado por los mismos protagonistas de esta lamentable exposición”, manifiesta.

La abogada aclara que han solicitado en diversas instancias, tanto administrativas como judiciales, que las faenas de estas empresas se paralicen al corto plazo para no seguir agudizando los impactos para la población.