Expectativas ciudadanas vs empresariales frente a la agenda energética

El diagnóstico es claro: la matriz energética nacional es la más cara, sucia y privatizada de la región.

Los consumidores chilenos pagamos el doble por electricidad que nuestros pares vecinos, somos el segundo país después de China que porcentualmente más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero y de 97 conflictos socio-ambientales registrados entre 2011 y 2012, un 76% tiene relación con el sector minero energético.

A su vez, producto de la privatización de las empresas del rubro en los años ochenta y los objetivos fijados en la Ley General de Servicios Eléctricos de 1982, en la actualidad tres empresas generadoras – Endesa, Colbún y AES Gener – controlan casi el 90 por ciento de la producción y, como si fuera poco, la energía producida con agua se cobra como si se hubiese obtenida con petróleo.

El panorama descrito ha provocado que las posibles definiciones y contenidos de la agenda energética que dará a conocer este jueves la Presidenta Michelle Bachelet tengan especial importancia para el desarrollo del país, especialmente para los habitantes de zonas donde operan, o se pretendan instalar, proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos que inevitablemente generan impactos sociales, ambientales y económicos.

Previo al anuncio representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía, junto a expertos del área, han dicho reiteradamente a través de los medios que los principales objetivos que esperan aborde la iniciativa son; el establecimiento de medidas para dar una mayor certeza jurídica a las inversiones, mejorar la relación con las comunidades, determinar un ordenamiento territorial para los proyectos e instaurar una figura más participativa del Estado.

René Muga, gerente general Asociación Gremial de Generadoras de Chile, afirmó a La Tercera que el atractivo de las empresas de generación por invertir en Chile a través de la instalación de proyectos «está claro», sobre todo previendo que la cantidad de energía que consume el país se va a duplicar en 10 a 12 años.

«Estos proyectos son de 30 a 40 años de recuperación de la inversión, por lo tanto, se requiere estabilidad en las reglas, una mayor claridad respecto al uso del territorio, sobre el tipo de relación con las comunidades, cómo vamos a ir solucionando eventuales conflictos que se produzcan, cómo vamos a ir entendiendo el rol de cada uno y cómo vamos a ir asegurando «acuerdos mínimos» que permitan que el desarrollo de las inversiones se pueda hacer de una manera más rápida, son todos elementos que espero que estén presentes», señaló Muga.

Dicho de otro modo, el que invierta en generar energía debiera tener la demanda de su producto asegurada. Falta definir quienes producirán esa energía; los márgenes de ganancias y utilidades de las empresas de acuerdo al tipo de proyectos a generar según sean termoeléctricas, hidroeléctricas o proyectos de ERNC; la inversión del Estado en el desarrollo energético del país a través de políticas de eficiencia energética, fomento a micro generación ciudadana, el desarrollo de micro redes, impuestos verdes, entre otros; y lo más importante, qué «acuerdos mínimos» respecto al derecho a la salud y de vivir en un ambiente libre de contaminación de las personas vamos a respetar, como también el grado de participación y consulta ciudadana y de pueblos indígenas que queremos.

Esperamos con ansias que la agenda eléctrica responda estas interrogantes, ya que como afirma Oystein Noreng (Experto Noruego en petróleo) “La energía es demasiado importante para que se la abandone exclusivamente a las fuerzas del mercado”. Basta con observar la situación de contaminación que vive Ventanas, Huasco, Coronel, Mejillones, etc., el precio de la cuenta de luz a fin de mes o el conflicto social generado por Hidroaysén.