El futuro incierto que envuelve al nuevo proceso de consulta indígena

Finalmente, a pocos meses de haberse implementado oficialmente el proceso de consulta indígena -enmarcada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-, el actual gobierno generará una nueva fórmula, sacándola del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Cuando a principios de mes el actual gobierno anunció la revisión de los Decretos Supremos 66 y 40 –que regulan el proceso de consulta indígena-, de los ministerios de Desarrollo Social y Medio Ambiente, respectivamente, las opiniones de expertos, empresarios y del Ejecutivo se dividieron. Mientras algunos aseguran que el cambio podría frenar la inversión, el propio ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, salió al paso de las críticas y aseguró que el cambio en el mecanismo “disminuirá la posibilidad de judicialización”.

Pero, desde el mundo privado creen que este no es el momento para hacer cambios profundos, aludiendo al clima de incertidumbre que existe en las inversiones extranjeras. “La idea de modificar la Consulta Indígena no contribuye a la certezas que está pidiendo el sector minero”, sostuvo Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

Las interrogantes que se generan en el mundo privado pueden hablar de un camino más adecuado, sobre todo pensando en que tradicionalmente los grandes proyectos de inversión han visto este proceso como un escollo más en la aprobación ambiental. Un argumento que quedó demostrado en la emblemática resolución del proyecto minero El Morro, el cual fue paralizado por no contar con un adecuado proceso de consulta indígena.

Sin embargo, el escepticismo que envuelve al anuncio del gobierno es generalizado, e incluso organizaciones que han apoyado firmemente la aplicación del Convenio 169 dicen que no existe certeza sobre lo que se hará, por lo que no es posible pronosticar un cambio positivo a priori.

“Que esto salga del SEIA sin que se anuncie cómo se va a hacer, cómo se va a implementar, en realidad no da certezas de si va a ser para mejor o para peor”, aseguró en conversación con El Desconcierto Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA).

Lucio Cuenca, director de OLCA

Eso sí, el director de OLCA es claro al señalar que donde se encuentra actualmente la consulta no aporta a un proceso transparente y participativo.

“Creo que fue un error el haber metido esto en el SEIA, porque asimila, en cierta medida, a un modelo de participación que no es vinculante, que está restringido a una serie de cuestiones técnico ambientales, o un proyecto en específico. Y las temáticas de una consulta indígena como lo establece el convenio 169 son dimensiones mucho más complejas”, sostuvo Lucio Cuenca.

Las diferencias del proceso actual y futuro

El actual sistema es parte del nuevo reglamento del SEIA, el cual entró en vigencia el 6 de marzo del presente año, y establece un proceso de consulta indígena para validar o rechazar un permiso ambiental, para lo que se establecieron plazos y características determinadas. Actualmente el proceso se enmarca en la evaluación ambiental correspondiente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Los cambios que se quieren introducir planean separa la consulta indígena de la evaluación ambiental y entregarla al ministerio de Desarrollo Social. Así, los titulares de un proyecto deberán acudir ante esta autoridad, previo ingreso al SEIA, para que ésta se pronuncie si corresponde o no aplicar una consulta indígena, dependiendo de la delimitación del área de influencia del proyecto.

Según se ha señalado, esto podría por ejemplo, mejorar el emplazamiento de proyecto una vez que las comunidades hagan valer sus observaciones, ya que la inversión estaría en fase de diseño, y no en una etapa de ingeniería de detalle, como ocurre actualmente.

Lo que existe hoy en día no satisface las necesidades 
A juicio del ministro de Medio Ambiente, la situación actual no generaba una instancia real de diálogo, además que ha dejado entrever que se debió a una decisión poco planificada del gobierno anterior, cuando comenzó el proceso de implementación del Convenio 169.

“Hay que recordar que el reglamento de consulta indígena entró en vigencia tres días antes del cambio de gobierno. Este reglamento no tuvo asociado financiamiento ni recurso humano para su implementación”, aseguró Badenier en entrevista con Pulso.

Mientras el titular de Medio Ambiente asegura que esto pararía la judicialización de los proyectos, el director de OLCA asegura que el nuevo proceso no va necesariamente de la mano con esta afirmación, ya que todas las comunidades que sientan vulnerados sus derechos podrán de igual manera recurrir a tribunales.

Finalmente, Cuenca señala que lo central es hacer cumplir los estándares que se establecen en el Convenio 169, independientemente de quien administre la consulta indígena.

“El punto central es que se cumplan los estándares (del Convenio 169), que se hagan las consultas de buena fe y que la manera de hacerlas se haga en acuerdo con los pueblos y las comunidades. Pero hoy en día, por ejemplo, se entregan concesiones mineras en territorios indígenas y después se les consulta si es aceptable o no realizar un proyecto minero. Entonces hay cosas que son previas, y que nuestra institucionalidad no está garantizando actualmente para los pueblos indígenas”, sostuvo Lucio Cuenca.

Desde el Gobierno aseguran que los cambios deberían estar implementados durante el primer trimestre del 2015.