Reacciones tras nuevos cargos por contaminación de dos plantas celulosa Grupo Angelini

Denuncias de bañistas que sufrieron lesiones en el Río Cruces y la muerte masiva de peces, dieron la alerta. En ese sector descarga sus residuos la planta Valdivia de Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Tal como lo reveló el reportaje de Ciper Chile, estos hechos detonaron la nueva investigación en contra de la misma planta condenada en 2014 por la muerte de miles de cisnes de cuello negro.

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), se hizo cargo del proceso al que se sumó Nueva Aldea, la otra planta de Celco ubicada en la comuna de Ránquil, región del Biobío. En este último caso, los vecinos reclaman desde 2013 por derrames, malos olores y ruido excesivo.

Para el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Lucio Cuenca, se trata de hechos muy graves. «Estas plantas producen más de 500 mil toneladas de celulosa al año. Generan volúmenes de contaminación extremadamente altos. Están descargando aproximadamente 1 metro cúbico de deshechos líquidos por segundo». Son proyectos de alto impacto y que ya se conoce su comportamiento y los desastres que han causado.

Definidas como faltas graves y gravísimas por la SMA, las plantas del Grupo Angelini arriesgan ahora perder la Resolución de Calificación Ambiental que les permite operar. Pese a las evidencias en su contra, la empresa presentó sus descargos y negó las acusaciones.

Luego del desastre con los cisnes de Valdivia ocurrido en 2004, se establecieron nuevas exigencias que según el SMA, la empresa Celco todavía no cumple en su totalidad como el programa de monitoreo ambiental y la construcción de una nueva bocatoma. Por las nuevas faltas y el daño causado con el derrame del líquido peligroso conocido como licor verde, se podrían clausuras las plantas o establecer multas por más de 21 mil millones.

Según Lucio Cuenca este caso ejemplifica la forma en que opera el poder económico en Chile. «Tanto la política ambiental como la institucionalidad y la fiscalización, no tienen capacidad para prevenir. Se ha cometido la gran irresponsabilidad por parte de los gobiernos de aprobar proyectos, a sabiendas y habiendo advertido la comunidad de que no hay capacidad del Estado para fiscalizar posteriormente cuando estos proyectos están funcionando».

Tenemos una nueva institucionalidad que no está dando abasto para la cantidad de denuncias que existen sobre distintos proyectos, sobre todo de estos mega proyectos que tienen muchas infracciones. Se ha cometido una tremenda irresponsabilidad. Los gobiernos han impulsado, han dado facilidades, han entregado los permisos para que estos proyectos funcionen a partir de la base de que las mismas empresas se tienen que auto fiscalizar.

La Superintendencia de Medio Ambiente debiese entregar un dictamen durante los próximos seis meses, tras el que existe la opción de apelar al Tribunal Ambiental. Las opciones por ahora son la clausura o las multas para Celco, a causa de los nuevos hechos que vinculan a la empresa con la contaminación de los ríos.