Foto: CEPAL /
La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL reiteró su llamado a que los países de América Latina y el Caribe aseguren un ingreso básico de emergencia para todos sus habitantes el cual costaría alrededor del 2% del PIB.
Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis producida por la enfermedad del coronavirus (COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) propone que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales inmediatas para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación económica sólida y relativamente rápida.
Además, en el largo plazo, el organismo reitera que el alcance de esas transferencias debe ser permanente, ir más allá de las personas en situación de pobreza y llegar a amplios estratos de la población muy vulnerables a caer en ella, lo que permitiría avanzar hacia un ingreso básico universal, para asegurar el derecho básico a la sobrevivencia.
Así lo señaló nuevamente Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien indicó que “estamos sugiriendo un ingreso básico de emergencia que podría ser el primer paso para un ingreso básico universal. Hemos calculado que podría costar alrededor del 2% del PIB y no creo que sea demasiado cuando vemos que los niveles de evasión de impuestos son del 6,3 por ciento del PIB. Creo realmente hay países que tienen la capacidad de hacerlo, bastaría voluntad política”.
.@aliciabarcena en reunión @IIPP_UCL: En #CEPAL estamos sugiriendo un ingreso básico de emergencia que podría ser el primer paso para un ingreso básico universal. Hemos calculado que podría costar alrededor del 2% del PIB y no creo que sea demasiado, bastaría voluntad política. pic.twitter.com/gFebepFW7w
— CEPAL (@cepal_onu) May 26, 2020
El llamado de la alta funcionaria de las Naciones Unidas, refuerza lo señalado por Bárcena durante la presentación del Informe Especial COVID-19 titulado El desafío social en tiempos del COVID-19 el 12 de mayo pasado, ocasión en que la funcionaria aseveró que “la pandemia ha hecho visibles problemas estructurales del modelo económico y las carencias de los sistemas de protección social y los regímenes de bienestar que hoy nos está resultando muy caro. Por ello, debemos avanzar hacia la creación de un Estado de bienestar con base en un nuevo pacto social que considere lo fiscal, lo social y lo productivo”.
En concreto, la CEPAL propone la entrega de un ingreso básico de emergencia (IBE) equivalente a una línea de pobreza (costo per cápita de adquirir una canasta básica de alimentos y otras necesidades básicas) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza en 2020 (es decir, 215 millones de personas o el 34,7% de la población regional). Esto implicaría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza este año.
Así lo evidencia el informe El desafío social en tiempos del COVID-19, que entrega una estimación del impacto social y los desafíos relacionados que tendría la actual crisis para los países de América Latina y el Caribe en el corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo al informe, la pandemia del COVID-19 provocará que en 2020 la pobreza en América Latina aumente al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto a 2019, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región). Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.
Asimismo, en línea con el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, también crecerá la desigualdad en todos los países de la región. La CEPAL proyecta incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%. Una vez más, los peores resultados se esperan en las economías más grandes de la región.
El informe agrega que, en este escenario de mayor pobreza y desigualdad, amplios estratos de la población de la región viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son muy vulnerables ante las pérdidas de ingresos laborales. De esta forma, la CEPAL estima que alrededor del 10% de las personas que se encontraban en situación de pobreza no extrema en 2019 (11,8 millones de personas) vería deteriorada su situación económica y caería en una situación de pobreza extrema. También habría un fuerte deterioro de la posición de las personas que pertenecían a los estratos medios.
Según el reporte, los grupos especialmente vulnerables a la crisis socioeconómica serían las mujeres, las personas de estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas remuneradas, los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, las personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, los migrantes, y las personas en situación de calle.
Para articular la protección social en el corto, mediano y largo plazo, la CEPAL señala que además de implementar medidas inmediatas para atender la emergencia, es necesario implementar políticas universales, redistributivas y solidarias con enfoque de derechos. En este sentido, el informe señala que en el mediano y largo plazo se debe garantizar el ejercicio de los derechos mediante el fortalecimiento del Estado de bienestar y la provisión universal de protección social, introducir un sistema de cuidado, y la implementación gradual y búsqueda de mecanismos innovadores de financiamiento sostenibles.
