Estudian acciones legales contra ex Aes Gener por el caso de ciberespionaje en Alto Maipo

La empresa Aes Andes, ex Aes Gener, pagó a una empresa de ciberinteligencia que infiltró grupos de activistas contra el proyecto Alto Maipo, recopiló su información personal de defensores ambientales e identificó a trabajadores descontentos en la empresa como “potenciales terroristas internos”, según documentos revelados por el medio Interferencia.

Al conocer los informes, organizaciones ambientales, el alcalde de San José de Maipo y un grupo de constituyentes rechazaron el accionar de la empresa. Las agrupaciones que se oponen al proyecto estudian posibles acciones legales a raíz de lo que consideran un ciber espionaje que “transgrede las fronteras de lo privado, lo legal y los derechos”. En el comunicado, las organizaciones se preguntan con preocupación qué querían hacer desde la empresa con la información recopilada.

“Hemos sabido lamentablemente de investigaciones fuera del marco de la protección de los derechos fundamentales, que realiza el estado a través de la policía. Eso ya es algo grave y lo hemos denunciado. Pero ahora nos estamos enterando de que las empresas privadas, en este caso Aes Gener a través de Alto Maipo, está utilizando recursos para investigar a personas que de forma legítima están defendiendo su territorio”, comenta Alejandra Donoso, abogada de Defensoría Ambiental, organización que apoya a las organizaciones involucradas.

El caso se devela en un momento en que Alto Maipo se encuentra en un proceso de restructuración por problemas financieros, y en que el Tribunal Ambiental ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) revisar la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

Aes y prácticas cuestionadas

No es la primera vez que las prácticas de Aes Andes, ex Aes Gener despiertan cuestionamientos. A inicios de 2020 se conoció un acuerdo al que había llegado Aes con sindicatos de pescadores de Quintero y Puchuncaví para que desistieran de una demanda civil que buscaba reparación por la contaminación de las aguas derivada de los varamientos de carbón generado por la operación de las termoeléctricas en el sector. El contrato fue calificado como “acuerdo mordaza” por distintas organizaciones, en un episodio que aún genera divisiones dentro de la comunidad.

Otro episodio protagonizado por ex Aes Gener fue la aprobación de la termoeléctrica Campiche, que se instaló en la ya sobrecontaminada bahía de Quintero y Puchuncaví, luego de que la Corte Suprema ordenara detener el proyecto en 2009. Cables filtrados por Wikileaks demostraron el fuerte lobby de la embajada de Estados Unidos a favor de Aes, y de su efectividad para que el gobierno de Bachelet generara los cambios necesarios para su aprobación.

Según la abogada Alejandra Donoso, este tipo de actitudes cuestionables no son una excepción, sino una constante en proyectos con impacto ambiental. “Todos los días ocurre una naturalización equivocada y lamentable del rol que tienen las empresas cuando el Estado se ausenta. Las empresas, muchas veces a través de sus gerencias de sustentabilidad, llegan a un territorio y ofrecen regalías económicas o de otros tipos, a los tomadores de decisiones, gobiernos locales, e incluso dirigencias sociales,  generando divisiones entre las comunidades”, denuncia. Al respecto, también se ha pronunciado la Contraloría General de la República.

Cabe mencionar por ejemplo las millonarias donaciones de empresas mineras a municipios donde tienen sus faenas, muchas de las cuales coinciden con períodos en que las autoridades debían pronunciarse sobre el proyecto, o luego de episodios de contaminación.

El rol de los defensores ambientales

“En Chile tenemos casos de persecuciones y situaciones muy violentas que han ocurrido con defensores de la naturaleza. Lamentablemente sabemos que siempre se está en riesgo porque se está haciendo una actividad que es totalmente legítima, pero molesta para intereses poderosos. Pero no es una situación aceptada el saber que estás siendo perseguida, que hay un expediente con tu nombre y también hay que preguntarse qué quieren hacer con esa información”, plantea Alejandra.

En el comunicado de prensa, las distintas organizaciones ambientales expresan su rechazo a las acciones de Aes Andes. “No nos van a amedrentar. Seguimos unidos y con la fuerza de las aguas y la vida fluyendo en nuestros corazones”, se sostiene. Llaman al Estado a hacerse parte ante la vulneración de derechos y a deshacer el acuerdo entre Aes Andes y el Estado para aumentar la capacidad de almacenamiento de energía en base a baterías anunciado en la COP 26.

La esperanza del mundo ambientalista para contar con una mayor protección para defensoras y defensores ambientales es la rectificación del Acuerdo de Escazú en un futuro gobierno. En este sentido, Gabriel Boric afirmó que rectificará el acuerdo, mientras que desde el equipo del candidato José Antonio Kast han afirmado que deberán analizar los pro y contra del acuerdo para decidir.

Alejandra también apunta al proceso constituyente, que “nos permite preguntarnos acerca de nuestra relación con la naturaleza, y el valor de quienes defienden lo que es común en un contexto de crisis climática. Si esa base cambia, podremos tener mejores mecanismos de resguardo y protección para la protección del medio ambiente ya que se pondrá en valor la labor de quienes defienden los bienes comunes”, reflexiona.