Italia es condenada a pagar más de 190 millones de euros a compañia petrolera

El Estado italiano tendrá que pagar una multa de 190 millones de euros, más intereses (250 millones en total) la compañía británica Rockhopper Exploration por denegarle en 2016 un permiso para construir una plataforma petrolífera, bajo el Tratado de la Carta de la Energía (TCE).

Según informó The Guardian, el Gobierno italiano decidió prohibir nuevos proyectos de petróleo y gas a menos de 12 millas náuticas de su costa, como respuesta a la gran oposición pública y la preocupación medioambiental de la ciudadanía.

Ante esta situación, un año después la compañía interpuso una demanda contra Italia bajo el TCE por la denegación de un permiso para la construcción de la plataforma petrolífera Ombrina Mare en las costas del Mar Adriático.

La demanda se ha resuelto tras más de cuatro años de litigio tal y como lo establece el TCE, eludiendo los tribunales nacionales del país, ante un sistema paralelo de justicia en el que no hay jueces, sino tan solo tres árbitros privados que deciden a puerta cerrada.

El TCE fue firmado por medio centenar de países de Europa y Asia en 1994. El Tratado permite a las multinacionales e inversores, principalmente del sector de la energía, condicionar las políticas de los Estados con medidas que, además, dificultan los modelos de transición ecológica y la lucha contra el cambio climático.

Uno de los aspectos más polémico del  TCE es que la resolución de estos conflictos entre las compañias energéticas y los países suscritos es que se resuelven al margen de los tribunales de justicia de los países, a través de lo que se denomina Mecanismo de Resolución de Controversias entre Inversor y Estado (ISDS por sus siglas en inglés), que permite que empresas e inversores extranjeros puedan demandar a los países cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios, presentes o futuros.

Dado que el TCE permite demandar a los países por la pérdida de beneficios futuros, la condena a Italia es nueve veces superior a la inversión inicial, –que fue 29,2 millones de euros– y se asumirá con las arcas públicas del Estado.