¿Qué pasa con las otras “tomas VIP”? Demolición en Antofagasta reabre el debate

Constitución, Pichilemu y Mejillones son algunos de los lugares donde las “tomas VIP” avivan el enojo de vecinos y vecinas que condenan la apropiación irregular de terrenos fiscales en las playas, sobre todo cuando es para construir viviendas que no parecen ser de primera necesidad. Tras la sonada demolición de una de estas tomas en Antofagasta, la atención se centra en casos similares que siguen siendo ocupados.

Para casos como el de Antofagasta donde el predio está bajo administración del Ministerio de Bienes Nacionales, dicho ministerio “recibe denuncias, fiscaliza, solicita desalojos y notifica a los ocupantes de los mismos. Los desalojos son ejecutados por la Delegación Presidencial, cuando se trata de un desalojo administrativo. En otros casos los antecedentes se llevan a juicio por el Consejo de Defensa del Estado”, explican desde la cartera.

Distinto es el caso en que los terrenos son administrados por la Armada, como sucede en una toma VIP en Constitución, en que no estaba claro por parte de la Armada si el municipio tenía la facultad para ordenar la demolición. La situación llegó a la Corte de Apelaciones; instancia que confirmó la competencia de la municipalidad y ahora deberá dirimirse en la Corte Suprema luego de que los recurrentes apelaran.

Mientras tanto, desde el ministerio de Bienes Nacionales hacen énfasis en la necesidad de avanzar en el plan de emergencia habitacional motivado por el déficit de vivienda. Según afirmó la ministra Javiera Toro ante la contingencia, se está llevando a cabo un plan de emergencia habitacional que entre sus acciones busca detener los loteos y tomas recientes, y estudiar caso a caso las tomas existentes para buscar soluciones según la urgencia de cada situación.

Definir caso a caso

“Estamos en un contexto de crisis habitacional y la falta de vivienda afecta en Chile y a todos los estratos socioeconómicos. Hay situaciones más críticas que otras y en ese contexto hay mucha gente que se está tomando terrenos y también lo hacen personas que no son las más necesitadas. Pero hay una línea divisoria difícil de trazar. En el norte sobre todo el precio de la vivienda es tan alto que hay incluso profesionales arrendando informalmente en campamentos. Es un tema complejo y hay que ir avanzando caso a caso”, analiza Javier Ruiz Tagle, investigador asociado del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica (IEU-T).

Similar es el enfoque del Ministerio de Bienes Nacionales, donde afirman que “las ocupaciones en terrenos fiscales tiene distintas caras a lo largo del país y el Ministerio siempre distingue estas situaciones según sus características territoriales, ejecutando acciones diferenciadas según se trate de primeras o segundas viviendas, ocupaciones violentas o pacíficas, de acuerdo a la ley y en coordinación con otros servicios competentes, como los ministerios del Interior y de Vivienda y Urbanismo, Delegación Presidencial, entre otros”.

Sean VIP o no VIP, las tomas de terreno son un fenómeno en aumento que refleja el déficit de vivienda en el país. “Construir muchísima vivienda. Este es el primer paso para enfrentar muchos problemas como el alza de precios, el desajuste entre la oferta y la demanda y los asentamientos informales”, explica Javier Ruiz Tagle. Este es precisamente el objetivo del plan de emergencia habitacional presentado en julio por el Gobierno, que establece como meta construir 260 mil viviendas durante la administración de Gabriel Boric.