Nueva ley europea contra la deforestación pone a prueba la agricultura sudamericana

A finales de junio entró en vigor la nueva legislación europea que prohíbe la importación de materias primas asociadas a la deforestación y las violaciones de los derechos humanos, y que podría afectar significativamente a los países dependientes de la agricultura del Mercosur, el bloque comercial formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La normativa se centra en la producción y las cadenas de suministro de aceite de palma, soja, ganado, madera, cacao, café y caucho, así como derivados como muebles, chocolate y papel. Estas materias primas representan la mayor parte de la deforestación implicada en las importaciones de la Unión Europea (UE).

Sin la nueva ley, según informa la propia UE, este tipo de importaciones podrían causar la pérdida de más de 248.000 hectáreas de bosque cada año, una superficie casi del tamaño de Luxemburgo.

La ley europea contra la deforestación se aplica a todos los países con los que el bloque mantiene relaciones comerciales, pero podría tener un impacto particular en los del Mercosur, que cuenta con la UE como su mayor socio comercial y de inversión y el segundo en el comercio de bienes, solo por detrás de China.

En 2021, las importaciones de la UE procedentes de los cuatro países del Mercosur ascendieron a 43.000 millones de euros (48.000 millones de dólares), el 20% de los cuales fueron productos vegetales como la soja y el café.

Expertos consultados por Diálogo Chino creen que estas regulaciones comerciales más estrictas ayudarán a sanear las cadenas de suministro latinoamericanas, usualmente afectadas por impactos socioambientales negativos.

Sin embargo, advierten que la ley podría crear nuevos problemas, como la migración de daños a biomas no cubiertos por la ley. Sectores del agronegocio y gobiernos del Mercosur, por su parte, han calificado la norma como proteccionista.

Regulando a las empresas

Según la nueva legislación, las empresas que exporten a la UE tendrán que proporcionar información “concluyente y verificable” de que sus productos están libres de deforestación y cumplen con la legislación local de los países exportadores. Esto exigirá la trazabilidad de todos sus proveedores, con geolocalización de cada establecimiento por el que hayan pasado los productos.

La ley envía una “señal clara” de que el mercado sudamericano necesita actuar, afirma André Vasconcelos, responsable de participación global de Trase, una plataforma que se dedica a monitorear cadenas de suministro. “Algunas empresas ya tienen sus propios procesos de verificación, pero esto necesita ganar escala y ser más transparente”, agregó.

Un reciente análisis de Global Canopy, la organización impulsora de la iniciativa Trase, demostró que las empresas que más deforestación provocan en las zonas tropicales no están preparadas para aplicar la nueva legislación, ya que más de tres cuartas partes de ellas no tienen un compromiso fuerte con la trazabilidad.

“Se trata de un ámbito en el que la UE puede y debe contribuir con recursos financieros, para que haya un reparto equitativo de los costos a lo largo de las cadenas”, afirma Vasconcelos.

Las empresas tendrán 18 meses para adaptarse, a partir de la entrada en vigor de la ley a finales de junio, y las más pequeñas dispondrán de hasta dos años para prepararse, un proceso en el que, según la normativa, la UE prestará asistencia técnica. 

Luciana Téllez, investigadora de Human Rights Watch que ha seguido el desarrollo de la nueva ley, señala que “su aspecto más fuerte es prohibir cualquier tipo de importación vinculada a la deforestación”, independientemente de que sea legal o ilegal. Esto, dice, impide que un país ajuste sus normas para legalizar más deforestación, además de facilitar su aplicación.

La ley también ayudará a combatir las continuas violaciones de los derechos humanos vinculadas a la producción agrícola en Sudamérica, afirma Téllez: “Proporciona un mayor apoyo a los pueblos indígenas que reclaman sus derechos sobre la tierra y a la hora de exigir responsabilidades a las empresas que violan sus derechos”. Sin embargo, añade la investigadora, aún existen dudas sobre el reglamento que servirá de base para el seguimiento de estos casos.

Temor a la migración por deforestación

La ley contra la deforestación acaba de entrar en vigor, pero ya está recibiendo peticiones de revisión. Una de las mayores preocupaciones está en los ecosistemas que excluye, que, sin protección, podrían convertirse en objetivos de la expansión agrícola.

“Esperamos que las revisiones reconozcan la gran importancia ecológica de las sabanas arbóreas, los pastizales y las llanuras aluviales”, afirma Vasconcelos, de Trase, que ha analizado la vulnerabilidad de los ecosistemas no cubiertos por la nueva normativa de la UE.

Con las nuevas exigencias europeas y la legislación similar que se está estudiando en Estados Unidos, la atención también se dirige a China, que desde 2018 es el principal socio comercial de materias primas del Mercosur, con la excepción de Paraguay.

Se teme que el flujo de exportaciones se desplace hacia mercados menos estrictos. “Las exportaciones de soja y carne de Sudamérica a China y otros países asiáticos seguirán provocando deforestación”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

En el caso de China, las empresas vinculadas a la Asociación China de la Carne ya han declarado que invertirán en la sostenibilidad de sus cadenas. El compromiso no tiene el peso de una ley, pero también prevé “mejorar la trazabilidad y la transparencia” del sector.

“Por los criterios de la asociación, nos damos cuenta de que los chinos están muy preocupados por la huella de carbono en su cadena y por la seguridad alimentaria, en aspectos como la mejora de los pastos y la reducción de la deforestación”, afirma Eduardo Caldas, coordinador de la organización Tropical Forest Alliance (TFA) en Brasil.

TFA coordina la iniciativa The Beef Alliance, que trabaja con empresas del sector tanto en Brasil como en China para mejorar la trazabilidad y la transparencia. 

A finales de abril, los gobiernos de Brasil y China también publicaron una declaración conjunta en la que manifestaban su interés por ampliar “la cooperación en ámbitos como la agricultura sostenible y con bajas emisiones de carbono”.

“Todavía me cuesta ver cómo se establecerán realmente estos compromisos”, afirma Thaís Bannwart. “No hemos visto nada innovador, pero esperamos que China se inspire en estas nuevas iniciativas y haga propuestas pertinentes, ya que es el mayor consumidor de carne y soja de Brasil”.

Este artículo fue publicado originalmente por Climate Tracker y re-publicado en alianza por Bienes Comunes de El Desconcierto. Puedes leer el articulo original en el siguiente link.