Frente de “mal” tiempo evidencia el ordenamiento territorial (anti) ecológico en Chile

Casas anegadas, calles y puentes cortados por inundaciones causadas por ríos, esteros y canales, autos y tendido eléctrico destruidos debido a la caída de árboles, aluviones y socavones en zonas cordilleranas y antiguas dunas.

Aunque después de una megasequía de 12 años en Chile central deberíamos estar celebrando las lluvias, cómo hacían varios de los pueblos ancestrales por la bendición del agua y la vida que trae, estamos horrorizados por el desastre, pérdidas e imágenes repetidas una y otra vez en los noticieros. Nuestras ciudades y territorios son vulnerables y quienes la amenazan son “la naturaleza” y el “cambio climático”.

Más allá de la narrativa dominante, es bueno recordar que la vulnerabilidad es una construcción social y, que, por lo tanto, depende individual y colectivamente de los valores, sensibilidades, grado y tipos de conocimientos, distribución del poder, niveles de participación, leyes existentes, instituciones y como todo esto se manifiesta en las decisiones que se toman y configuran nuestras ciudades y territorios. Lo anterior es especialmente válido respecto a qué tan importante es la naturaleza (humedales, ríos, lagos, esteros, glaciares, dunas, bosques, taludes, etc) en estas decisiones, y la respuesta parece ser evidente, nada o muy poco.

Como país nos hemos encargado de tener un ordenamiento territorial débil y centrado en el desarrollo urbano y productivo, históricamente despreocupado de incluir a la naturaleza y sus procesos, y que bien podría ser llamado un ordenamiento territorial (anti)ecológico. Algunas pruebas que sostienen esta idea son la destrucción de las terrazas fluviales inundables para urbanización, el relleno y construcción sobre humedales, destrucción de bosques en laderas para la expansión inmobiliaria o agrícola, caminos y carreteras que atraviesan y desmantelan quebradas o antiguos lechos fluviales, y la destrucción de dunas y otras geoformas valiosas por la instalación de infraestructura y proyectos inmobiliarios.

El ordenamiento territorial debe ser sustentable o ecológico, pues es la única forma de enfrentar los desafíos actuales y los venideros. Reconociendo la capacidad de carga de los ecosistemas, sus roles, funciones, dinámicas temporales (fluctuaciones en días, años y siglos) y espaciales (los corredores de agua, de viento, sedimentos y especies), y, lo más importante, identificando y protegiendo al más alto nivel la red conformada por los espacios naturales clave, que permiten asegurar que la naturaleza no sea una “amenaza” sino más bien una “aliada”.

De poco servirán en el largo plazo las soluciones tradicionales que se vuelven a escuchar como respuesta al pasado temporal, que fundamentalmente quieren contener, ocultar y negar la naturaleza, su fuerza y sus ciclos. Realizar grandes obras de ingeniería para amurallar cerros, dunas y laderas inestables, drenar humedales, reducir y canalizar ríos y esteros, y entubar y enterrar canales urbanos, son esfuerzos que sólo posponen la única alternativa posible: reconciliarnos con la naturaleza e integrarla decididamente en el ordenamiento territorial chileno.

De otra manera, así como pasa con otros procesos de negación, los traumas enterrados sin reconciliación asociados a inundaciones, anegamientos, aluviones, olas de calor y escasez de agua, entre otros, reflotarán cada tanto y necesitarán más dinero, cemento y tecnología para volver a dimensionar las obras civiles.

Un mejor ordenamiento territorial puede conducir adecuadamente la expansión urbana y productiva futura, pero también debe involucrar obligatoriamente acciones de restauración y rehabilitación de ecosistemas y corredores ecológicos donde estos se han perdido o deteriorado. En el mundo existen múltiples casos donde incluso se han movido carreteras y reconfigurado barrios para desenterrar ríos y canales e integrarlos plenamente a las ciudades, tanto por sus aportes espaciales, estéticos y funcionales, así como sus funciones y beneficios medioambientales.

Este cambio de paradigma implica grandes cambios sociales, económicos, institucionales y legales, pero no podemos eludir la responsabilidad individual y colectiva de poner los ecosistemas y sus flujos como base para asegurar un futuro para las siguientes generaciones humanas y no humanas en este planeta.

A nivel individual, es nuestra responsabilidad informarnos para decidir dónde o dónde no comprar una vivienda, parcela o instalar cualquier actividad productiva, y desincentivar la presión comercial sobre zonas de alto valor ambiental. Lo mismo se puede extender a la preferencia de productos y servicios de compañías cuestionadas por sus prácticas ambientales.

A nivel colectivo, es importante organizarse y apoyar iniciativas que promuevan la preservación y restauración de humedales, ríos, lagos, esteros, glaciares, dunas, bosques, playas y taludes, así como votar por candidatos a diferentes cargos que incluyan esto en sus programas.

Aunque han existido algunos avances a nivel institucional y legal, es muy importante que Chile tenga una Ley de Ordenamiento Territorial cuanto antes, y que integre la dimensión ambiental como eje fundamental. Esto debería estar ligado también a la definición formal de un ministerio que tenga la competencia y responsabilidad en esta materia, que ordene las visiones sectoriales y escale en atribuciones y recursos a la comisión interministerial que funciona hasta ahora.

Los instrumentos de planificación territorial legalmente definidos en Chile y de carácter vinculante (obligatorios), son pocos y están esencialmente a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y consecuentemente tienen dicha mirada sectorial centrada en la planificación urbana. En este sentido, los instrumentos de planificación territorial se deberían ampliar y fortalecer incluyendo más fuertemente a la naturaleza desde una perspectiva integradora, y no solo desde la mirada de los riesgos sino también desde los valores, oportunidades y como base fundamental para el buen funcionamiento de los territorios.

Una acción indispensable es, como nos muestra el caso colombiano, incluir de manera obligatoria en los instrumentos de planificación territorial la red de ecosistemas, espacios verdes y corredores ecológicos fundamentales para ser conservados y restaurados. Estas redes ya están siendo reconocidas en la Infraestructura Ecológica Regional identificada por el Ministerio del Medio Ambiente y la Infraestructura Verde Urbana identificada en diferentes planes a lo largo del país, y que, con voluntad política y técnica, se podrían incluir prontamente en los planes reguladores comunales, planes reguladores intercomunales, planes reguladores metropolitanos y planes regionales de ordenamiento territorial, a la espera de los cambios institucionales y legales requeridos a mediano plazo .

Es crucial establecer una planificación estratégica de nuestro territorio en armonía con la naturaleza, donde apreciemos sus virtudes, contribuciones y dinámicas. En esta perspectiva, la implementación de un ordenamiento territorial ecológico en Chile ha comenzado lentamente y ahora la realidad de la emergencia climática nos obliga a acelerar con tal de estar mejor preparado para los enormes desafíos que se aproximan.